El día 24 de marzo de 2016, dos palestinos armados con cuchillos invadieron un puesto de control del Tzahal (Ejército de Defensa de Israel) en la ciudad de Hebrón, y acuchillaron a un soldado. Antes que pudieran acuchillar a otros, los demás soldados del puesto de control les dispararon, matando a uno de ellos e hiriendo gravemente al otro. Pasados pocos minutos desde que llegó la ambulancia para socorrer a los heridos, el sargento Elor Azaria agarró su fusil y disparó en la cabeza del palestino herido, que yacía en el piso todavía con vida. Los momentos narrados en este párrafo desde la llegada de la ambulancia hasta el disparo de Azaria (y unos segundos después) fueron filmados por un activista de B’Tselem, uno de los principales movimientos por la protección de derechos humanos en Cisjordania, y fue divulgado en Youtube (el lector lo puede encontrar con facilidad). La divulgación de este video hizo que el caso, que ya estaba encaminado a la Justicia israelí, adquiriera proporciones gigantescas en el país.
El caso fue a la Justicia israelí por una simple razón: el sargento tiene prohibido disparar sin un comando de un superior, a menos que perciba que él, sus compañeros u otras personas están corriendo peligro de vida. La Justicia escucharía luego a Azaria, a testigos, a especialistas, vería el video incesantemente, para después decidir si el soldado tiene culpa o no. La ley es clara: el soldado no puede tomar la decisión de matar al enemigo si éste no ofrece peligro. Lo que se juzgaría, entonces, es si el enemigo ofrecía peligro o no. Nada más debería ser relevante, ¿cierto? Para la Justicia israelí, tal vez. Para parte de la sociedad, no.
Según el diario Haaretz, Elor Azaria tenía 20 años en 2016. Un año y ocho meses antes ingresaba en el Ejército, en la unidad de infantería “Kfir”. Recibió un certificado de excelencia de su comandante el año anterior por su buena conducta y por desempeñar bien sus actividades, y hasta el caso de marzo de 2016 nunca había estado presente en una actividad de “terror”. Fue enviado a Hebrón junto con toda su división, donde encontró una situación compleja: Hebrón, conocida como “la capital del Hamas” en Cisjordania, tiene una población de 215 mil habitantes, inserta en una región metropolitana de más de 450 mil personas. Dentro de la ciudad hay un barrio judío, habitado por alrededor de 500 personas, y protegido por más de mil soldados. Elor Azaria era uno de ellos, que vivía en constante tensión todos los días, sin saber qué podría pasar, en un ambiente en el que desde septiembre de 2015 los atentados se habían multiplicado, así como las protestas violentas por parte de los palestinos.
Entre el victimismo y la responsabilidad
En este contexto, parte de la sociedad israelí ve a soldados como Azaria como víctimas o como sacrificios de la sociedad, visión con la cual es dable acordar. Sin embargo, estar en un rol como el que él estaba no le permite actuar en contra de la ley. Es así, y así lo ve la Justicia israelí. No toda la sociedad.
El juicio de Azaria despertó protestas en todo el país. Ni siquiera el hecho de que él no fuera acusado de asesinato (sino que por homicidio sin culpa) pudo calmar a parte de los que se manifestaban. La población salió a las calles desde la fecha del incidente hasta el día que finalizó el juicio, exigiendo absolver al sargento. La argumentación de los que pedían la absolución era compleja. Unos decían que Azaria no había hecho más que cumplir su función como soldado, que sería eliminar a terroristas. No habría absolutamente nada de equivocado en su accionar. Otros dicen que condenar a Azaria por este hecho solamente haría que otros soldados vacilen en sus decisiones cuando tienen que actuar, lo que pondría en peligro a ciudadanos israelíes, y que por ello este precedente sería peligroso. Y otros alegaban que Azaria es como si fuera el hijo de cada uno de los padres israelíes, obligados a enviar a sus hijos al ejército, a situaciones de tensión como en Hebrón, que ven a sus amigos apuñalados y son tomados por emociones, por lo cual este caso debería ser justificado, ya que la lucha contra el terror es compleja y difícil. Y hay quienes no respetan las leyes, y dicen que la pena de muerte a terroristas es moralmente justa (aunque no esté prevista por la ley, y en este caso fuera ejecutada por un soldado y no por la Justicia).
Este último argumento, defendido por un grupo minoritario, es más peligroso de lo que parece, y encuentra voz en parte de los políticos de la derecha nacionalista israelí. Cuando el general Gadi Eizenkot, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en Israel, dijo que “debemos tratar a Azaria como un soldado con responsabilidades, y no como el hijo de todos nosotros”, fue amenazado en una plaza pública: manifestantes entonaron gritos de “Eizenkot, cuidado, Rabin espera por un amigo”. La ministra del Deporte y Cultura, Miri Regev (Likud), acusó a Eizenkot de abandonar a los soldados, no darles apoyo y comprometer a acciones de futuros soldados. El caso despertó acciones violentas, y la Policía israelí tuvo que actuar.
Lo más curioso es que los que se dicen preocupados con la seguridad no escucharon a las recomendaciones del Shabak (Servicio Nacional de Inteligencia): se recomienda siempre capturar a los terroristas vivos, para poder extraer de ellos informaciones que sean relevantes para prevenir futuros ataques. En otras palabras, matar al terrorista como hizo Azaria, no es algo solamente contrario a la moral, sino que es irresponsable desde el punto de vista de la seguridad.
Las presiones para un indulto
Azaria fue condenado por homicidio el 4 de enero de 2017. A partir de esta decisión judicial, muchos políticos iniciaron una campaña para el indulto: desde diputados del bloque laborista hasta la derecha religiosa pedían al presidente Reuven Rivlin que perdone oficialmente a Elor Azaria. El propio primer ministro Benjamín Netanyahu fue uno de los que adhirieron a la campaña. El ministro de la Educación, Naftali Bennett (La Casa Judía), dijo que Azaria no debería dormir una sola noche en la cárcel.
Entre el juicio hasta la penalización habría un lapso de un mes y medio, tiempo suficiente para que esta campaña diera resultado. Hubo manifestaciones con miles de personas en las calles de las principales ciudades del país, en Tel-Aviv con participación de los cantantes Eyal Golan y Subliminal, pidiendo el indulto al soldado. Canales de TV realizaron varias encuestas y en todas ellas hubo no menos de 57% de la población judía israelí apoyando el indulto. Pero el 21 de febrero Azaria recibió su penalización: 18 meses de cárcel en régimen cerrado, con la opción de bajar para 12 meses si él pierde su placa de sargento y vuelve a ser soldado raso (la placa más baja). En resumen, la penalización más baja que podría recibir por la causa en la que fue acusado. Pero no recibió indulto hasta ahora.
El Caso Azaria es de los más complejos para la sociedad israelí en los últimos años. Nos obliga a ver que los soldados, jóvenes que son, muchas veces son puestos en situaciones de extrema tensión, que puede generar reacciones extremas. Nos hace preguntarnos todos los días qué estamos haciendo con nuestra juventud y con nosotros mismos. Es triste para todos tener que enviar a la cárcel un soldado por lo que hizo en las condiciones que hizo. Pero respetar la ley, por más duro que sea, es el deber del que decimos ser el “ejército más ético del mundo”. Hay un precio a pagar cuando vivimos en una democracia, y puede salir caro. Este precio, lamentablemente, es penalizar a soldados que no cumplen con la ley, aunque estén en situaciones extremas. Pero más importante que eso, es fundamental recordar a algunos manifestantes, que amenazar al jefe de las Fuerzas Armadas de muerte no debe ser un crimen menor al que cometió Elor Azaria. Es lamentable que los políticos que incitan a este movimiento no aprendieran nada con el asesinato de Rabín.
