Con duras críticas a la Casa Rosada, el Nisman le solicitó a Canicoba Corral -ambos actúan en la causa AMIA- que se declare inconstitucional el pacto y opinó que, con la firma del acuerdo de entendimiento a comienzos de este año, la administración de Cristina Kirchner incurrió en «una afrenta y grave ofensa a la independencia de la Justicia».
Además, Nisman aseguró que el acuerdo es un «avasallamiento y atropello a derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional».
Entre esas garantías violadas, Nisman mencionó: «La vulneración del sistema republicano de gobierno; la división de poderes; la independencia judicial; la garantía del debido proceso; el principio del juez natural; el derecho de defensa en juicio; el principio de igualdad ante la ley; el derecho a la tutela judicial efectiva; y el derecho de acceso de las víctimas a la justicia».
En este sentido, mencionó el artículo 109 de la Constitución Nacional -que impide al Poder Ejecutivo ejercer funciones judiciales- y el 27 -que establece que «los tratados que se firmen con potencias extranjeras deben estar de conformidad con los principios de derecho público de la Constitución»-. Para Nisman, esos principios «son reiteradamente pisoteados por el memorando».
Casi de inmediato, la AMIA y la DAIA, que ya habían presentado un pedido de inconstitucionalidad por el acuerdo, apoyaron la decisión del fiscal Nisman. En la misma línea se manifestaron la mayor parte de los familiares de las víctimas del atentado.
Por su parte, los representantes de Memoria Activa y de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas de la AMIA, que desde el primer anuncio oficial apoyaron la iniciativa del canciller Héctor Timerman con el régimen persa, rechazaron el pedido del fiscal para declarar la inconstitucionalidad del acuerdo entre Argentina y la República Islámica de Irán.
Sergio Burstein, representante de la Asociación de Familiares y Amigos de la AMIA, expresó la «decepción de los familiares de las víctimas» por el accionar del funcionario judicial. «En una reunión reciente, el fiscal había asegurado que no se iba a expedir respecto al acuerdo a menos que se lo pidiera el juez», sostuvo. «Durante siete años el fiscal no generó nada, y cuando tiene por delante una herramienta que puede permitir avanzar en la indagatoria, él decide perpetuarse en la investigación», agregó.
Además, anticipó que «si la Justicia resuelve que el acuerdo es constitucional, como esperamos que sea, pediremos que se aparte al fiscal Alberto Nisman de la causa». Y aclaró que la decisión es compartida por todo el grupo 18-J, constituido por integrantes de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas de la AMIA.
En la misma línea, los familiares de las víctimas nucleados en Memoria Activa cuestionaron la «falta de compromiso e inacción en la causa» del funcionario judicial, que es «funcional a los intereses de los que siempre nos quieren alejar de la verdad». Un texto firmado por la titular de Memoria Activa, Adriana Reisfeld, y la secretaria Diana Malamud, denunció que «es evidente desde hace casi 20 años, que si no fuera por los familiares de las víctimas, la causa AMIA estaría enterrada en la plaza Lavalle».
Según la agrupación, Nisman «ha jugado a las escondidas paseando por foros internacionales». «Nos engañó, nos mintió, nos intenta embarullar con centenares de fojas que cuentan historias que ojalá algun día pueda probar. Tenía la posibilidad de demostrar que todos estos años invertidos por usted podían sostenerse en una indagatoria, pero sus acciones demuestran lo contrario», apuntaron.
Asimismo, desde Memoria Activa argumentaron que «el memorándum es imperfecto» pero «es algo», ya que «en todos estos años nadie propuso absolutamente nada superador» y cuestionaron también a Nisman por «el hecho que haya sacado un dictamen tan superpoblado de adjetivos, con una selección arbitraria del mismo, con argumentación jurídica pobre y forzada, llena de frases huecas al que consideramos impropio de un funcionario judicial. «Nos demuestra que es funcional a los intereses de los que siempre nos quieren alejar de la verdad», acusaron.
El pedido de Nisman también fue denostado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, quien afirmó estar sorprendido por lo que denominó un «intento de obstaculizar» las gestiones de la Cancillería con Teherán. «[El memorándum] es una herramienta de cooperación internacional puesta a disposición de la Justicia para que avance en una investigación penal que está próxima a cumplir 20 años», dijo el ministro. Y agregó: «En una investigación penal de estas características no puede existir, y mucho menos justificarse, temor alguno a que las pruebas sean puestas sobre la mesa y en conocimiento de todos», afirmó Alak.
A través de un comunicado, el titular de Justicia sostuvo que: «Bajo ningún punto de vista puede utilizarse el memorándum como un impedimento para que los funcionarios judiciales pongan en conocimiento de la sociedad y de las partes todas las pruebas y medidas que promuevan un avance concreto de la investigación», señaló el ministro.
Luego de la andanada de críticas, las instituciones centrales expresaron su preocupación por los «diversos cuestionamientos» a Nisman, a quien, sospechan, «pretenden impulsar la remoción de dicho funcionario de la investigación del atentado del 18 de julio de 1994», aseveraron a través de un comunicado. «Causa preocupación el hecho que las voces que así se expresan cuestionan la clara defensa de los principios constitucionales y la separación de poderes que el fiscal ha evidenciado en su dictamen, y que ambas instituciones han sostenido y sostienen al solicitar la inconstitucionalidad de la Ley de aprobación del Memorándum entre Argentina e Irán», agregaron.
Para finalizar ambas instituciones reafirman su compromiso de impulsar permanentemente la búsqueda de verdad y justicia en el marco de la legislación argentina. La misiva lleva la firma del presidente de la AMIA, Leonardo Jmelnitzky, el titular de la DAIA, Julio Schlosser y sus secretarios generales; Mario Sobol y Jorge Knoblovits respectivamente.
Tampoco faltó en esta historia de enredos la especulación de la inminente decisión del juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, en relación al planteo de inconstitucionalidad presentado originalmente por las entidades judías y avalado por el fiscal Nisman. Al respecto, las versiones que circulan con más fuerza indican que el letrado le daría un diplomático cierre al recurso de amparo que presentaron la DAIA y AMIA. Sería un fallo salomónico, ya que declarará que el pedido de ambas entidades “es abstracto” porque “aún no entró en vigencia”. No obstante, dejaría la puerta abierta para resolver el asunto cuando se plantee un problema concreto que implique la puesta en práctica de la ley que avaló el acuerdo.
Otro indicio del estado de cosas en el marco de la causa es que el juez trasladó al fiscal federal Miguel Angel Osorio el recurso de amparo, tras considerar que “es el fiscal natural” del proceso. La movida de Canicoba Corral se produce siete meses después de presentado el recurso. Osorio, integrante del grupo kirchnerista Justicia Legítima, ya fue nombrado en un cargo superior y el pedido de las entidades judías estará entre los últimos dictámenes que firme en su despacho.
En el Gobierno y la Procuración General de la Nación confían en que Osorio tenga una postura opuesta a la de Nisman. Pero fuentes allegadas a Osorio descartaron que el fiscal dictamine “sobre la cuestión de fondo, que es la inconstitucionalidad o no”.
