El minucioso informe de 71 páginas describe la manera en que tras las protestas convocadas por los líderes opositores Mir Hossein Mousavi y Mehdi Karroubi, en febrero de 2011, las autoridades iraníes fueron incrementando paulatinamente la represión de la disidencia, tanto mediante disposiciones legales como de facto, con una oleada de detenciones que creció exponencialmente en los últimos meses.
Según Amnistía Internacional (AI), esta represión evidencia que mientras los ayatolas pretenden apoyar las protestas surgidas en torno a la Primavera Árabe y lo que denominan el “despertar islámico”, en la práctica sostienen las mismas políticas represivas de los regímenes dictatoriales de la región.
Mir Hossein Mousavi y Mehdi Karroubi, derrotados en las elecciones presidenciales de 2009, están en detención domiciliaria de hecho desde febrero de 2011. La esposa de Karroubi quedó en libertad en julio de 2011, pero Zahra Rahnavard, la esposa de Mir Hossein Mousavi, continúa detenida en su domicilio junto con él.
“Actualmente, en Irán hacer cualquier cosa que se salga de los límites de lo que las autoridades consideran social o políticamente aceptable, cada vez más estrechos, supone ponerse en peligro. Se puede acabar en la cárcel por cualquier cosa: crear un grupo social en Internet, unirse a una ONG o expresar oposición a la situación actual”, afirmó Ann Harrison, directora adjunta interina del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de AI.
La situación se agravó ante las elecciones parlamentarias del 2 de marzo.
En los últimos meses hubo una oleada de detenciones dirigida contra diversos grupos: abogados, estudiantes, periodistas, activistas políticos y sus familiares, minorías religiosas y étnicas, cineastas y personas con relaciones internacionales, pero, especialmente, contra los medios de comunicación digitales, que tras la caída de las dictaduras de Túnez, Egipto y Libia son vistos como una gran amenaza.
En enero fue creada una unidad de ciberpolicía, que le exigió a los propietarios de cibercafés instalar circuitos cerrados de televisión y registrar la identidad de los usuarios antes de permitirles ingresar.
El bloguero Mehdi Khazali fue condenado a 4 años y medio de prisión, más 10 años de «exilio interno» y una multa, por cargos como «difundir propaganda contra el sistema», «reunirse y conspirar contra la seguridad nacional» e «insultar a las autoridades. Los cargos contra Khazali, quien es hijo de un ayatola de línea dura, se presentaron en 2011, luego de que el opositor publicara críticas dirigidas al presidente Mahmud Ahmadinejad, y el bloguero quedó en libertad bajo fianza, pero fue detenido de nuevo en enero de 2012 y actualmente está recluido en la cárcel de Evin de Teherán, donde se teme por su salud ya que lleva más de 40 días en huelga de hambre en protesta por su detención.
El brazo represor del régimen también llega al exterior. Cuando el periodista Mohammad Rahbar ingresó a la Embajada de Irán en Malaysia para renovar su pasaporte, además de rechazar su pedido, le sugirieron evitar promover el boicot a las elecciones y ser más cuidadoso en sus referencias al líder supremo.
Asimismo, se intensificó el hostigamiento, la detención y el encarcelamiento de defensores de los derechos humanos, incluidos grupos en favor de los derechos de las mujeres, y fueron clausuradas varias ONG.
Abdolfattah Soltani, miembro fundador del Centro de Defensores de los Derechos Humanos, fue detenido en septiembre y acusado, entre otras cosas, de aceptar un premio internacional de derechos humanos. Se encuentra en la cárcel de Evin en espera del resultado de un juicio que puede significarle una condena de 20 años.
Plan nuclear y brazo represor
AI pidió a la comunidad internacional que no permita que las tensiones relativas al programa nuclear iraní la distraigan de presionar a Irán para que cumpla con sus obligaciones en el ámbito de los derechos humanos.
La organización afirma que los ataques contra la disidencia se producen en un marco de empeoramiento de la situación de los derechos humanos en general en Irán. En 2011 hubo aproximadamente el cuádruple de ejecuciones públicas que en 2010, una práctica que, según AI, las autoridades utilizan para atemorizar a la sociedad.
Se cree que en 2011 fueron condenadas a muerte en Irán cientos de personas, la mayoría por presuntos delitos de drogas. Irán continúa ejecutando a convictos que eran menores de 18 años en el momento del delito, una práctica estrictamente prohibida por el derecho internacional.
«Para los iraníes que sufren este grado de represión, puede resultar desalentador que los debates sobre su país en círculos diplomáticos parezcan centrarse principalmente en el programa nuclear a costa de los derechos humanos”, destacó Ann Harrison.
El devastador informe de AI también denuncia que en Irán “la mayoría de los juicios son terriblemente injustos, en particular los que tienen lugar ante tribunales revolucionarios”. Entre otras irregularidades, la organización recuerda que la mayoría de los procesos se celebran a puerta cerrada, sin que los acusados tengan acceso a un abogado y apenas duran unos minutos. Según el testimonio de algunos abogados defensores, los jueces reciben instrucciones de los servicios secretos y aceptan como prueba confesiones extraídas bajo tortura.
