*En la causa de fondo o sea el expediente en el que se investiga quién puso la bomba, no existe esclarecimiento alguno.
Tal vez pocos recuerden que el gobierno de Carlos Menem, incluyendo la SIDE y la Policía Federal, nunca descubrió nada. Más allá de la labor del ex juez Juan José Galeano, es el Poder Ejecutivo, a través de las fuerzas de seguridad, el verdadero responsable de encontrar a los autores de un delito, en este caso el mayor atentado ocurrido en la Argentina. En España, el 90 por ciento de la población desconoce el nombre del juez que investigó el atentado de Atocha y son todavía menos los que saben cómo se llama el magistrado del 11 de septiembre de Nueva York.
Para sintetizarlo: el Estado argentino, con Galeano como control y director de la pesquisa, no pudo determinar de dónde salieron los explosivos que se pusieron en Pasteur 633; quiénes fueron las personas que llegaron a la Argentina para protagonizar la parte final del ataque; dónde se armó la camioneta—bomba y quiénes fueron los apoyos locales.
*En todo lo que –supuestamente– se avanzó fue en determinar quienes suministraron la Trafic para el atentado: un grupo de policías bonaerenses y el armador de autos truchos, Carlos Telleldín.
El Tribunal Oral fue lapidario con esta parte de la investigación. Dijo que todo era falso, “una maniobra al servicio de políticos inescrupulosos”. Pero nótese que ni siquiera fue un pronunciamiento sobre una parte importante del ataque, sino sobre algo totalmente marginal: quién suministró el vehículo. Y encima, resultó falso.
*La Corte Suprema dice que hay que volver a investigar a Carlos Telleldín. Que a 15 años del atentado, el máximo tribunal diga que hay que empezar otra vez y empezar por quién tuvo la Trafic ocho días antes del atentado, muestra la calidad de la investigación.
*El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires acaba de designar a Jorge Palacios como jefe de la nueva Policía Metropolitana. El ex titular de la Unidad Antiterrorista está acusado por un fiscal, Alberto Nisman, por graves irregularidades en la pesquisa. El juez Ariel Lijo decidirá si lo procesa o no durante el mes próximo. La situación judicial de Palacios es, de por sí, grave y llama la atención que Mauricio Macri esté dispuesto a sostener a Palacios aún si, como todo parece indicar, Lijo lo procesa. Pero incluso, más allá de la situación judicial, Palacios es parte del equipo que investigó el atentado y que fue tildado por un Tribunal Oral como protagonista de “una maniobra al servicio de políticos inescrupulosos”. La Corte de ninguna manera desechó esa conclusión; la convalidó, y al mismo tiempo acaba de ordenar que se investigue todo otra vez. ¿Es ese el perfil de un jefe de policía?
*La ausencia total de datos sobre los ejecutores del atentado, llevaron a un salto mágico: el supuesto descubrimiento de la autoría internacional. Con muy pocas evidencias –básicamente las declaraciones de arrepentidos, opuestos al régimen de Teherán, sumados a una serie de informes de la CIA, el Mossad y la SIDE, teñidos por grandes dosis de política– se acusó a Irán por el ataque. Desde un punto de vista estrictamente judicial, las evidencias pasaron por un solo filtro: un magistrado de Londres que tuvo que decidir sobre la culpabilidad o inocencia del ex embajador de Irán en la Argentina, Hadi Soleimanpour. El juez inglés sostuvo que no había suficientes pruebas y hasta ordenó el pago de una indemnización al diplomático iraní.
*Hace un año, el fiscal Nisman sostuvo que en el atentado actuó un suicida y le puso nombre y apellido: Ibrahim Hussein Berro. Como sustento se afirmó que su familia prácticamente lo admitió. Eso no surge de la declaración testimonial de sus hermanos que, a través de los medios, desmintieron además esa versión. Queda, como mínimo, la duda.
*Recientemente, el fiscal y el juez Rodolfo Canicoba Corral pidieron la captura de Salman El Reda, porque habría sido mano de obra clave en el atentado. Las pruebas provienen de un entrecruzamiento de llamadas: nadie lo vio, no hay testigos, no hay pruebas que realmente lleven a un convencimiento. Igual, la hipótesis parece posible y de verdad despierta sospecha el hecho de que El Reda se haya ido de la Argentina, no volvió nunca más y tampoco aparece, ni siquiera por teléfono, defendiéndose de semejante acusación. Pero son impresiones, sensaciones psicológicas: los abogados y juristas consultados por este periodista coinciden en que con la evidencia que hay, sería imposible conseguir una condena.
A quince años, la Corte dijo que debe investigarse desde el principio, se habla de un suicida que podría ser y no ser y un organizador que también podría ser o no ser, mientras que uno de los jefes de la investigación ha sido designado jefe de policía. Es una impunidad que golpea.
