Pongámoslo simplemente: por docenas de años, Israel continuó expandiendo y afianzando la empresa de colonización desposeyendo a los residentes palestinos de sus tierras, cuya propiedad privada ni siquiera disputa el Estado de Israel. Todo esto está en contraste con el argumento frecuentemente expresado por portavoces oficiales del gobierno y los colonos de que «los asentamientos se asientan en tierras del Estado.”
¿Cuál es el método usado que origina este fenómeno? Desde 1967 hasta 1979, la administración militar israelí en Cisjordania hizo uso extendido del proceso de «adquirir tierra para propósitos de seguridad» para echarle el guante a miles de dunams de tierra bajo propiedad palestina privada. Estas tierras fueron en la práctica usadas con el propósito de expandir los asentamientos.
Aunque «adquirir tierra para propósitos de seguridad» en una área ocupada está permitido según la ley internacional, también ello está limitado a un cierto tiempo. La Corte Suprema de Justicia rechazó las peticiones que los propietarios de tierras sometieron contra las adquisiciones, basándose en el argumento de que los asentamientos tienen de hecho un valor agregado de seguridad, pues están localizados en el corazón de una área dónde vive una población hostil. Es decir, se establecieron asentamientos permanentes en tierras cuya adquisición significaban haber sido temporales. Hasta el momento, las docenas de asentamientos deben su existencia legal al ritual absurdo de que el Comando Central refrenda una extensión de la orden de adquisición para las tierras en que ellos se asientan, mientras declara que está convencido que la tierra en cuestión es «necesaria para propósitos militares».
Irónicamente, este método de funcionamiento andando el tiempo se encontró con problemas debido específicamente a la negativa de los colonos en continuar cooperando con la mentira abierta al corazón de todas esas declaraciones que las IDF (Fuerzas de Defensa de Israel) proporcionaban a la Corte Suprema de Justicia. En una respuesta sometida por los colonos en 1979, cuando la Corte Suprema de Justicia estaba discutiendo las adquisiciones de tierra para Elon Moreh, fueron realmente los colonos los que se negaron a reconocer la naturaleza temporal del asentamiento que ellos estaban a punto de establecer, arguyendo que no estaba siendo establecido con el propósito de necesidades de seguridad temporales, sino como un «supremo orden moral y divino». Sin alternativa disponible, la Corte Suprema de Justicia fue compelida a cambiar sus decisiones anteriores y ordenar al Estado a abstenerse de adquirir las tierras previstas para construir asentamientos. Aunque Elon Moreh tenía que relocalizarse en un sitio alternativo, todos los asentamientos que se habían establecido de esta manera, hasta ese punto, quedaban donde estaban.
Dos vías
Como resultado del caso Elon Moreh, la construcción de asentamientos en los territorios, que sólo se aceleraron durante esos años, cambiaron hacia dos vías paralelas: la primera, la pseudo-legal en la que el gobierno de Israel, asistido por el asesoramiento legal del hacendoso Plia Albeck, declaró enormes extensiones de Cisjordania tierras estatales. Y de esa manera, sin gobiernos israelíes que tuvieran que proporcionar ninguna clase de rendición de cuentas, no por la manera cuestionable en que estas tierras se declararon tierras estatales, ni por el mismo hecho que éstas tierras sólo fueron destinadas a judíos (aunque ellas eran y siguen siendo una minoría pequeña de la población de Cisjordania), la empresa de colonización se afianzó.
La segunda vía en que Israel trabajó representa una fase más avanzada en el desdén del gobierno por el concepto de su subordinación a las leyes del Estado cuya aplicación, o como normalmente se piensa, se supone que es realmente para supervisar: los gobiernos de Israel continuaron iniciando o «sólo» habilitaron la construcción de asentamientos, barrios y puestos de avanzada en tierras privadas sin siquiera molestarse en emitir la orden de adquisición porque, después de todo, la Corte Suprema de Justicia probablemente los habría inhabilitado.
Como fue mencionado, todo esto pasó con el conocimiento de la Administración Civil la que no se puso perezosa y asumió la dificultad para documentar el fenómeno y sus dimensiones, mientras insistía insolentemente sobre su derecho para ocultarlo al público. Y así es que la Oficina Fiscal del Distrito de Jerusalem escribió a la corte explicando su negativa a entregar los datos: «El asunto de la petición es un problema sumamente sensible que involucra, entre otras cosas, consideraciones de seguridad y de relaciones exteriores del Estado de Israel .»
Aunque es duro de entender cuáles «consideraciones de seguridad» pudieran estar envueltas en esta materia, es fácil suponer cómo las relaciones exteriores de Israel habrían sido efectivamente afectadas por la información contenida aquí. La conclusión desafortunada es que cuando acude a la política de administración de tierras, el Estado de Israel actúa como una mafia de Estado dentro del área de Cisjordania.
