Para empezar a hablar de esta “carga” económica y social que tiene que resolver el gobierno de Alberto Fernández, vamos a los datos duros con fuentes confiables, que toma todo el arco político, los profesionales e intelectuales, a la hora de analizar la evolución de alguna variable en particular.
De acuerdo a las estadísticas del INDEC, cuya confianza es uno de los “logros” que se atribuye la gestión anterior, el mismo indica que para el primer trimestre de 2019 la pobreza alcanza al 35,4% de la población (más de 15,7 millones de personas), la indigencia llega al 7,7% (más de 3,4 millones de personas), y el 25,4% de los hogares son pobres. Comparando con la propia gestión y con la misma base de datos, para el segundo semestre de 2017 –el tan afamado segundo semestre- la pobreza era de 25,7% para las personas y de 17,9% de los hogares, alcanzando las 11,3 millones de personas, mientras que la indigencia se situaba en 4,8%, traducido en 2,1 millones de personas. Es decir, en solo dos años, más de cuatro millones de habitantes de nuestro país ingresaron en la pobreza, mientras que más de un millón de residentes que eran pobres pasaron directamente a la indigencia.
Revisando diversos datos del INDEC también se puede extraer fuertes daños colaterales, que podrían tardar años revertirse. La desocupación situada en un 10,6% establece que hay dos millones de compatriotas que no tienen empleo pero buscan. Un dato alarmante que tiene su correlato en tres estadísticas distintivas: la capacidad instalada de la industria se encuentra en un piso histórico después de 17 años, cuando en julio de 2002 se encontraba en 56,6%; la inflación más alta desde 1991, que en 2019 cerraría en 56%; y el acceso al crédito es de los más bajos del mundo. Este cóctel explosivo encontró su punto álgido en los dos últimos años de mandato, dado que 2017 fue un año menos negativo que 2018 y 2019. El poder destructivo de la falta de política económica para algunos, o de nefasta política para otros, terminó por mostrar su peor lado social, con todos los indicadores que se han mostrado hasta aquí.
Pero falta lo peor. Y le toca a la infancia, que es el grupo etario que no se puede defender y que una falla alimentaria o de contención en esos años puede tener un efecto irreparable.
Una de las cuestiones que más se le critican al macrismo es el nivel de deuda externa sobre PBI. La deuda pública bruta de la Argentina terminó 2019 por encima de los 337 mil millones de dólares, tras haber crecido un 40,1% a lo largo del gobierno de Macri. Esto significa, en términos absolutos, un incremento de 96.600 millones de dólares, aunque si bien la administración anterior emitió por encima de ello, parte del dinero fue utilizado para repagar deuda emitida con anterioridad, una parte para cubrir el déficit fiscal y otra parte para darle salida a los capitales. La deuda pública bruta era de 192.294 millones de dólares en 2004; cayó a 154.270 en 2005; y entre 2011 y 2015, con cepo cambiario y control de cambios, la deuda pública bruta se expandió 22% al saltar de 197.154 a 240.665 millones de dólares. Entre 2016 y 2019 la deuda pública bruta total pasó de representar el 52,6% del Producto Bruto Interno al 80,7%. Estos datos fueron suministrados por el Ministerio de Hacienda de la Nación.
Estos números de deuda se traducen en personas, y eso se sabe. Los que más sufren los embates de las crisis económicas son los sectores medios y sobre todo bajos, y son los niños y las niñas los más afectados. Al observar los datos del INDEC, se encuentra que un 52,6% de los menores de 14 años eran pobres para el primer semestre de 2019, contabilizando que el 13% de ellos eran indigentes. Acorde a todas las estadísticas e indicadores, esto ha empeorado para el segundo semestre de 2019.
Por otra parte, un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina titulado “Derechos a un hábitat digno en la infancia”, revela las condiciones de emergencia en las que viven. Este escrito muestra con preocupación que un 50,6% de los niños y las niñas de aglomerados urbanos están expuestos a problemas de contaminación cercanos a sus viviendas. Además, señalan que 1 de cada 2 chicos carecen de al menos un servicio público en su barrio y un 36,8% de los niños vive en situación de hacinamiento. Uno de los eslóganes de la gestión cambiemita para la Nación y la provincia de Buenos Aires era la mejora en cloacas y servicios básicos que habían logrado, aunque no se había visto una mejora sustancial en esos indicadores.
Asimismo, los y las menores que viven próximos a una fábrica contaminante son más del 10%; aquellos que viven cerca de basurales un 28%; y en espacios barriales con problemas de plagas un 35,5%. La cercanía de ambientes contaminantes muestra una fuerte diferencia socioeconómica regresiva para las infancias más vulnerables. Se estima que más del 60% de los niños y las niñas que viven en los aglomerados urbanos del país, en el estrato trabajador marginal, reside en un espacio barrial afectado por la contaminación medioambiental. Esto se reduce a medida que asciende el estrato social. Y si nos ponemos a pensar en el informe: en general, todas las infancias pobres viven de alguna u otra manera a riesgos de contaminación o una situación ambiental preocupante.
En relación a las variables específicamente de servicios públicos faltantes que afectan a la niñez y a la adolescencia, el mayor déficit se da en la falta de conexión a gas natural (46%), seguido por cloacas (43%) y acceso a agua potable (13%). El acceso a energía eléctrica es casi nulo en los aglomerados urbanos, dado de forma legal o ilegal, es decir, colgados de la red de distribución. Por la falta de gas y las tarifas elevadas, más del 25% de los niños y las niñas no tenía calefacción en el invierno. Y para el actual período de verano, un 20% no posee ventilador o aire acondicionado. El 14% de los y las menores debe compartir colchón.
Retrocesos en educación y salud
Sumado a toda esta situación, la falta de construcción de escuelas y centros de salud primarias, el fuerte aumento de los medicamentos y las escuelas privadas –no todas son elitistas- influyeron en el acceso a estos servicios esenciales. Solo se construyeron, en cuatro años, 230 aulas en relación a jardines de infantes o las 10 mil aulas prometidas. La matrícula de la escuela pública creció como consecuencia de la merma del 22% de asistencia a las escuelas privadas, la cual no tiene que ver necesariamente con una mejora en la pública sino que los precios de las cuotas y/o matrículas se hizo cada vez más cuesta arriba para las familias.
Asimismo, los faltantes de vacunas obligatorias en los efectores públicos fue una constante en la gestión de Macri: era más fácil en la Ciudad de Buenos Aires donde solamente el 18% de la población utiliza el servicio público de salud. En el período de gestión de Cambiemos a nivel nacional, los programas de niñez y adolescencia sufrieron recortes de más del 20%, si se contabilizan todos los programas en términos reales. Estos datos surgen tanto del Ministerio de Educación de la Nación como del Ministerio de Hacienda Nacional.
Esto no es casual sino más bien acción. Es decir, la falta de acción. Cuando hay una intencionalidad de reemplazar al Estado por ONGs para la educación formal o informal, cuando se restringe el acceso a la salud pública solamente para los que “la necesitan” se ven reflejadas esas deficiencias en la realidad.
El plan de “nacionalización” de los CPI (Centros de Primera Infancia), importados desde la CABA, como modelo de inserción en la educación formal no es tal. En su mayoría, los centros son supervisados por fundaciones y coordinados por el Ministerio de Desarrollo Social, con escasa incidencia de la cartera de educación. Cabe señalar que la contratación de los docentes queda bajo la responsabilidad de la organización social que gestiona el CPI, por lo cual tanto los requisitos como las condiciones de contratación son determinados por ellas. Las condiciones que impone el Ministerio de Desarrollo Social son el apto médico de todo el personal y la titulación de los profesionales. Es decir, la disparidad de las condiciones laborales entre docentes de educación y de desarrollo social es clara y hasta podría considerarse discriminatoria. Un informe realizado por CIPPEC para UNICEF marca las deficiencias de estas unidades de infancia. De acuerdo al sitio chequeado.com, de verificación de datos sobre política y demases, Cambiemos deja 1.681 espacios de Primera Infancia en funcionamiento, de los cuales ha construido 277 desde cero, mientras que los restantes fueron “fortalecidos”.
En el tema salud, en su intento por luchar contra la desnutrición infantil y las problemáticas de salud de la infancia, Macri se había comprometido a abrir “centros CONIN” en colaboración con el polémico doctor Abel Albino. De acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Salud, se abrieron 78 centros durante la gestión Cambiemos. Es importante destacar que estos centros son coordinados por fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, donde el Estado no toma el rol protagónico como sí se hizo en los Centros de Salud Comunitaria que se realizaron en la ciudad de Buenos Aires, un avance en coordinación de salud con las escuelas por distrito. 
El eje de las actividades de los centros radica en “la educación de la madre, (que) como principal agente sanitario es la base de todas las intervenciones que se desarrollan para la recuperación del niño, y es a través de ella que se busca la integración de la familia y de la comunidad. No solo es polémica esta mirada sino que al responsable, el Dr. Albino, se lo conoce por sus ideas de ultraconservadurismo católico cercanas al Opus Dei.
Como se ha desarrollado a lo largo del artículo, la deuda de la gestión Macri es principalmente con la niñez. El estancamiento en algunas cuestiones, sumado al retroceso en otras, contabilizando solamente los programas orientados a infancia, muestra el fracaso del gobierno. Si contabilizamos la gestión económica, con el aumento de la pobreza y la desocupación, la cosa se torna peor. Por eso, tiene que ser una de las prioridades del actual gobierno el abordaje integral de la niñez, integrando el desarrollo social, la educación, la salud, y la cultura, entre otros. Empezar con recentralizar la gestión educativa en el Ministerio de Educación Nacional en lugar de que las provincias y municipios se hagan cargo sería un gran paso inmediato. Lo mismo en salud. Hay disparidades muy grandes que deben ser resueltas, ya que desde los ‘90 hay regiones muy atrasadas en educación y salud, y no solo en infraestructura sino en calidad.
