Friedrich llegó a la audiencia con el mismo tono que han utilizado en el Congreso otros funcionarios de alto rango del Gobierno, entre ellos el fiscal general Alberto Gonzáles, al evitar dar explicaciones sobre las escuchas telefónicas dentro del país.
El funcionario recalcó que el Gobierno considera que la divulgación no autorizada de datos secretos pone en peligro la seguridad nacional, la lucha antiterrorista y la propia seguridad de los ciudadanos.
Agregó que, tal como indicó Gonzáles el 21 de mayo pasado, los periodistas no están inmunes ante posibles acciones legales bajo los estatutos en vigencia.
Friedrich compareció ante el Comité que analiza los esfuerzos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para obtener buena parte de los archivos del fallecido columnista Jack Anderson, que logró notoriedad al delatar diversos escándalos gubernamentales.
A través de sus artículos, Anderson, premio Pulitzer en 1972, logró destapar un plan de la CIA, el servicio de espionaje de EEUU, para asesinar al gobernante cubano, Fidel Castro, y varios detalles del caso Irán-Contras, en el que se desviaron fondos para los «contras» en Nicaragua pese a la prohibición del Congreso americano.
El Gobierno de George W. Bush no ha descartado la posibilidad de entablar juicios contra periodistas que divulguen datos secretos y se nieguen a revelar sus fuentes.
El Comité quiere que el FBI explique sus motivos para obtener todos los archivos de Anderson, fallecido en el 2005.
Pero a todas las preguntas relativas al caso, Friedrich se negó a comentar directamente.
En un tenso intercambio con el senador demócrata Patrick Leahy -molesto por la escasez de respuestas claras-, Friedrich dijo que el FBI responderá a todas las preguntas e inquietudes del Comité, sin precisar fecha.
Sin dar detalles, el FBI aseguró que los documentos de Anderson incluyen información sobre las fuentes y los métodos que utiliza el servicio de espionaje de los Estados Unidos, y su interés sólo es prevenir la divulgación de material sensible para el Gobierno.
La familia de Anderson ha dejado claro que, llegado el momento, no obedecerá ninguna orden judicial para entregar al FBI las cerca de 200 cajas de documentos del periodista.
Apoyándose en argumentos relacionados con la seguridad nacional, el FBI insistió en que si los documentos de Anderson contienen información secreta, pertenecen al Gobierno.
