Nos dirigimos a Ud. en nuestro carácter de familiares y amigos de las víctimas del ataque terrorista a la AMIA organizados en la Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (A.P.E.M.I.A.), para rechazar la intención del American Jewish Committee de entregarle un premio al Presidente de la Argentina, Dr. Néstor Kirchner, por “abrir los archivos de inteligencia que contenían información sobre… la investigación del atentado a la AMIA” (Diario Clarín 9/04/04).
El American Jewish Committee debiera saber que esos archivos jamás fueron abiertos, y la intención del gobierno argentino es mantenerlos cerrados.
Los decretos presidenciales Nº 786 y 787/03 firmados por el Dr. Kirchner hace ocho meses, dispusieron el conocimiento -de manera restringida- de los archivos obrantes en dependencias de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), Policía Federal, Gendarmería, etc., sólo para las partes involucradas en el juicio que se sigue a algunos de los responsables del atentado. Aún bajo estas mismas condiciones restrictivas, opuestas a cualquier apertura o conocimiento público, los archivos siguen cerrados.
Lamentablemente, la noticia de vuestro premio vino a conocerse pocos días después que el gobierno argentino ratificara que no hará ninguna apertura de los archivos secretos.
En marzo pasado, tras formular esta exigencia en reuniones mantenidas en los Ministerios de Relaciones Exteriores y Justicia, el titular de la Unidad de Investigaciones Especiales AMIA (U.E.I.) dependiente del Ministerio de Justicia, Dr. Alejandro Rúa, nos envió copia de un plan de 16 puntos que no se propone abrir ningún archivo. Este plan se reduce a conocer y/o investigar documentos públicos que ya obran en la causa, por más calificación de confidencialidad que merezcan, “para continuar recién luego con la relevación completa de todas aquellas otras (las secretas) que documenten la labor completa que los distintos agentes de inteligencia realizaron…” (Nota U.E.I. 1043/03, del 20/10/03).
De manera tal que no se trata de la apertura de ningún documento secreto, sino de exhibir documentación que obra en causas públicas, mientras la custodia de la documentación secreta está a cargo de funcionarios de la misma Secretaría de Inteligencia inculpados durante el juicio oral y que co-dirigen la U.E.I..
Ante nuestra exigencia de conocer el contenido de esos archivos, el pasado 2 de abril nos entregaron una carpeta llamada “Índice de Documentación” de una parte del material existente en la Secretaría de Inteligencia. De todas maneras, las restricciones continúan, incluso para analizar los documentos contenidos en el supuesto “índice”. Un elemental desglose temático de sus contenidos revela que 1.385 carpetas de documentos (el 80% de los 1.747 títulos informados) corresponden a información pública que obra en los tribunales. Del 20% restante, nadie se animó a señalar un título que pueda considerarse “secreto” o abierto por efecto de los decretos.
El anuncio de la apertura de los archivos y la entrega de esta carpeta no suponen ningún avance para el esclarecimiento del atentado ni para obtener “verdad y justicia”, y se suma a los anales de la vergüenza nacional que el gobierno del Dr. Kirchner venía a terminar.
A pesar de tantas maniobras, el gobierno de Kirchner no puede ocultar la parálisis de sus políticas referidas al esclarecimiento y el castigo de los culpables de la masacre de nuestros familiares y amigos en la AMIA. Vuestro premio se anticipa a la inminente liberación de los principales policías inculpados por el atentado (y hasta tal vez del propio Carlos Telleldín) como resultado de dos años y medio de un juicio oral fraudulento.
Los archivos secretos no se abren porque allí se oculta la responsabilidad criminal del Estado argentino, que sabía que el ataque iba a ocurrir, que puso sus fuerzas de seguridad e inteligencia para su comisión, y que se ocupa y preocupa por encubrir su propia participación criminal. Todo ello bajo la atenta mirada de sus socios internacionales, que incluso reclamaron públicamente que los archivos se mantengan cerrados.
Nuestro reclamo de levantar el secreto, abrir los archivos y entregarlos para ser analizados por una Comisión Independiente del Estado, sigue vigente como único camino para llegar a la verdad.
Con vuestro premio, ustedes alientan las ya fracasadas políticas del Estado argentino en esta materia, tanto en el orden nacional como en sus iniciativas internacionales por inculpar a terceros Estados, desvinculándose de sus propias responsabilidades criminales. Es -entonces- un premio a tantas maniobras del Estado argentino para encubrir la verdad.
Después de 10 años de impunidad para los asesinos de la calle Pasteur, y ante la próxima libertad de los pocos inculpados por su participación en este atentado, las maniobras del gobierno que anunció la “apertura” de archivos ocultando sus planes de mantenerlos cerrados, no son dignas de condecoración alguna sino que merecen nuestro repudio.
