La conclusión, por tanto, es que el sistema encabezado hoy por el Presidente Mahmoud Ahmadineyad está firmemente establecido sin un desafío creíble que se avecine en el horizonte.
Sin embargo, esa imagen, bastante exacta durante gran parte de las dos últimas décadas, podría estar a punto de cambiar al afrontar nuevos desafíos el sistema creado por el difunto ayatolá Jomeini.
Estos desafíos nuevos proceden de diversas fuentes.
La primera, y probablemente la más importante, es la clase urbana trabajadora que acaba de empezar a poner a prueba su fuerza política, inaugurando su demostración con una manifestación el pasado 1 de mayo nunca vista en la región.
Gritando eslóganes anti-régimen y pidiendo específicamente la dimisión del nuevo Ministro de Trabajo Alí Jahromi, decenas de miles de manifestantes tuvieron cuidado en concentrarse en exigencias relacionadas con el trabajo. Pero, hablando con periodistas, reporteros extranjeros en particular, no ocultaron el hecho de que estaban descontentos con el sistema jomeinista en bloque.
En un momento dado, Alí Rabi’ee, un consejero de trabajo del ex Presidente Mohammed Jatami, se dirigió a una multitud de trabajadores y acusó a la nueva administración del Presidente Ahmadineyad de intentar destruir el movimiento de los trabajadores en Irán.
Lo destacable del desfile de este 1 de Mayo fue que incluyó delegaciones de trabajadores de las 30 provincias iraníes.
Esta fue también la primera vez que no estuvo presente ninguno de los ministros del gabinete o de los miembros de la Asamblea Consultiva Islámica. Las sillas reservadas para ellos permanecieron vacías y fueron destrozadas, eventualmente, por grupos de manifestantes furiosos.
A pesar del hecho de que los sindicatos independientes están proscriptos en Irán, las organizaciones de trabajo informales han florecido en muchas industrias y llevado a docenas de huelgas a lo largo del último año.
Los agravios de los trabajadores se pueden resumir en tres exigencias.
La primera es el levantamiento del embargo sobre los sindicatos y el reconocimiento del derecho de los trabajadores a llevar a cabo acciones industriales. Bajo un protocolo firmado entre la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la República islámica durante la presidencia de Jatami, se suponía que esto iba a ocurrir en el 2004, pero no sucedió.
La segunda es la enmienda del Código de Trabajo, implementado bajo los mulás, con el fin de restaurar las cláusulas pro trabajador contenidas en la legislatura pre revolución. El presente Código de Trabajo permite que los patronos contraten y despidan a los trabajadores virtualmente según les apetece. Más del 85% de todos los empleados urbanos son contratados mediante contratos temporales, a menudo inferiores a 40 días.
Estas prácticas, limitadas inicialmente al sector privado, se han extendido en los últimos años también al sector público. Como resultado, se estima que 12 millones de trabajadores -entre los 25 millones totales- carecen virtualmente de protección social alguna, seguridad social, o plan de jubilación.
La tercera exigencia hecha por los trabajadores iraníes es el desarrollo de un mecanismo de consulta y negociación entre los trabajadores, la industria y el gobierno.
«Ninguna sociedad puede progresar sin diálogo», afirma el líder sindical Hassán Dehqan. «No podemos permitir que autoridades y empresarios decidan nuestros destino sin ni siquiera consultarnos».
Aparte de estos tres «imperativos», los trabajadores quieren que se libere a aquellos de sus colegas enviados a prisión y que se readmita a los despedidos por tomar parte en acciones industriales. Nadie sabe cuántos empleados se encuentran encarcelados, pero diversas fuentes describen la cifra en «muchos cientos».
¿Puede suponer el creciente movimiento del trabajador una amenaza política para Ahmadineyad?
Algunos observadores creen que sí. Al contrario de los estudiantes, cuyas huelgas anti régimen carecen de impacto sobre la economía, el trabajador, si se organiza, podría hacer tambalear enormes porciones de la economía con acciones industriales bien encaminadas.
Con el fin de prepararse para tal eventualidad, Ahmadineyad ha desarrollado una política de palo y zanahoria.
La zanahoria consiste en un plan en el que más de 5 millones de trabajadores recibirán acciones de centenares de empresas propiedad del Estado. Llamado «Igualdad de Justicia», se supone que las acciones producen ingresos extra para los trabajadores. El problema, sin embargo, es que la mayor parte de las compañías aludidas o están en quiebra u operan a pérdida.
El palo de Ahmadineyad consiste en un ejército privado, fiable, de antidisturbios reclutados y entrenados para tratar con empleados que protestan.
El Ministro de Trabajo Jahromi, sin embargo, cree que el único sector de la economía que significativa es la industria petrolera. Su teoría es que mientras el petróleo continúe fluyendo, Irán tendrá suficiente dinero para importar lo que sea necesario y mantener movilizado al núcleo de apoyo con generosos subsidios y donaciones de efectivo.
Este es el motivo por el que Jahromi trazó un plan para incrementar el número de empleados del petroleros a reclutarse de entre «aquellos comprometidos con la revolución».
