El minucioso Fallo del Tribunal Oral Federal Nº 3, el juicio político al ex juez Galeano por el Consejo de la Magistratura, la reciente Sentencia de otro tribunal colegiado como lo es el de Casación, y la última resolución del juez Lijo, llamando a indagatorias a los partícipes del encubrimiento, confirmaron pluralmente y con todas las garantías procesales, en juicios públicos y con el debido control legal (a diferencia del armado ilegal y cuasi clandestino de la “causa AMIA”), la existencia de un complot delictivo para ocultar la verdad de la masacre de la calle Pasteur, delito del cual habría participado el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, según establecieron los distintos magistrados en sus resoluciones.
Unos pocos, antes del comienzo del Juicio Oral iniciado en noviembre de 2001, alzamos la voz y denunciamos no sólo periodísticamente sino ante las autoridades de la AMIA la escandalosa contradicción de intereses que existía en la representación de la querella de la DAIA, encabezada por la defensora de quien debía ser acusado por su participación en el encubrimiento.
Resultaba obvio que no se puede servir lealmente dos intereses contrapuestos con relación a un mismo hecho: que se investigue la verdad, y que no se descubra la verdad.
Hoy ha quedado probado que existió una parte de la dirigencia comunitaria que fue cómplice del menemismo, por intereses económicos, poder, negocios oscuros y motivos inconfesables. Pero también es claro que los compromisos susbsistieron y parecen prolongarse hasta la actualidad, abarcando seguramente a otros miembros de los cuerpos directivos de las instancias centrales, que no figuran en los titulares de las páginas policiales, y reposan en la tranquilidad de que nadie les pedirá cuenta de sus actos. Porque, es sabido, en esta comunidad la suciedad se barre debajo de la alfombra.
