Pensemos que ningún juez tuvo nunca en la Argentina más poder que Galeano: lo separaron de un montón de causas para que pueda dedicarse exclusivamente al caso AMIA, le pusieron policías especiales, disponía de apoyo económico como ningún juzgado tuvo para comprar computadoras e insumos, ampliar la cantidad de personal (a pesar de que Galeano se quejaba de lo contrario) y, por supuesto, disponía del apoyo incondicional de las principales instituciones judías de la Argentina.
Sin embargo, muy desde el principio, se observó una enorme ineficacia en su juzgado y en la Policía.
La ineficacia era la pantalla usada para obstruir y ocultar pruebas o plantarlas, poner en el banquillo de los acusados a personajes detestables -policías corruptos o ladrones de coches- gente indefendible en lugar de los verdaderos culpables.
Cómplices de una trama
Frente a ese panorama después de diez años de mentiras, las posibilidades de que se llegue a esclarecer el caso son muy bajas. Y son más bajas aún cuando vemos que la cabeza de la comunidad judía, es decir la DAIA la AMIA, y muchos de los familiares de las víctimas, avalaron -y siguen avalando- con algunas diferencias más formales que esenciales, todo lo actuado, sobre todo para intentar separarse del fracaso que se avecina. Pero del que fueron cómplices voluntarios o involuntarios.
En realidad no tienen ni siquiera claro qué es lo que tienen que hacer hoy, a pesar de que los dirigentes actuales intentan superficialmente separarse de la vergonzosa tarea de Beraja y sus seguidores. Como dijo Gilbert Lewi, refiriéndose a la DAIA, y a la necesidad de una verdadera autocrítica: “en lugar de ser fiscales de una investigación, fuimos cómplices de una trama”. Por supuesto Gilbert, atinadamente dada su situación, prefirió abrirse de la DAIA a convalidar ese despropósito.
Doble discurso
Hoy, la dirigencia de la DAIA y la AMIA parecen confrontar con algunas posiciones oficiales, pero no es otra cosa que un doble discurso. El ejemplo más contundente y notorio es que, a pesar de sus declamaciones, no han cambiado sus abogados en las querellas.
La Causa AMIA, luego del Juicio a las Juntas, es la más importante de la Justicia Penal argentina. Y como tal, tiene un enorme contenido político, por ello es que gran parte de su resolución depende de la voluntad política; pero el expediente, su revisión y la incorporación en él de nuevos elementos y pruebas, son las únicas herramientas validas para conseguir justicia y validar, con contundencia, esa acción política.
La pregunta
La pregunta que habría que hacerse es: ¿cómo se sostiene una querella donde el discurso político actual va por un lado y el discurso profesional de la querella va por otro?
Parece haber una nueva oposición en la dirigencia, pero mientras esa oposición no se traduzca en acciones contundentes dentro del proceso legal, lo único que sí puede es seguir desinformando y mintiendo a la opinión pública.
Por el momento, lo único que vemos son políticos “agiornándose”, no estamos seguros de que estos políticos comunitarios, realmente, tengan la voluntad de respaldar una investigación real. Y no es una interpretación, sino es un hecho concreto que surge del manejo que la querella oficial conjunta continúa haciendo de la causa.
El Estado es el único responsable
Por un lado tenemos a la doctora Nercellas (que defiende a los fiscales, a Galeano y a Palacios, todos ellos sospechados de diversos delitos) y sigue hablando en nombre de la DAIA.
¿Qué extraña lealtad obliga a la dirigencia comunitaria a defender a un comisario separado de la fuerza por mandar a robar un vehículo para irse de pesca?
Lo que no se entendió nunca, o a lo mejor se entendió demasiado bien y por eso se hizo lo contrario, es que lo único que deberíamos haber hecho era exigir justicia y fiscalizar al Estado, único responsable por el estado actual de la causa.
Pero no hay que confundirse, una cosa es tener dirigentes ineptos, dirigentes corruptos, dirigentes taimados o dirigentes asustadizos, y otra es que toda esa imbecilidad termine siendo responsable de lo que, en realidad, es responsabilidad exclusiva del Estado Nacional: el Ejecutivo, la Justicia y las fuerzas de seguridad.
La comunidad, como tal, puede actuar bien o mal como querellante, pero la responsabilidad siempre será del Estado nacional.
El error de la querella, en todo caso, estuvo en que al pegarse tanto al Gobierno y avalar tanto al juez y a la Policía, no tuvo la posibilidad de exigir que se haga lo correcto y terminó haciéndonos, a todos, corresponsables del fracaso.
No somos policías, no formamos parte de los servicios de inteligencia, ni siquiera tuvimos buenos abogados. Y mirando la forma en que manejaron legalmente la causa los letrados, algunos pertenecían al riñón de la comunidad, demostraron que no sirven ni para cobrar tumbas impagas. Fue un desastre.
En nombre de la comunidad, con 85 muertos, no podemos firmar un cheque en blanco a un juez hasta que no se termine la causa. Y acá, de entrada, se le firmó un cheque en blanco al juez, a la Policía y al Gobierno.
¿Ahora qué?
A pesar de todo, se pueden hacer cosas. Es posible que se pueda encontrar a quienes encubrieron, se puede entender por qué lo han hecho y, desde allí, se puede llegar a alguna conclusión.
En cambio no se puede (a diez años de distancia y con todas las pruebas destruidas, cambiadas o alteradas) descubrir la mecánica del atentado y, a través de ello, saber quién pudo haber sido.
Lo único que se puede hacer, ahora, es encontrar a todo aquel que estuvo ahí en condiciones de hacer las cosas bien y las hizo mal, que escondió pruebas y encubrió y deberá explicar por qué lo hizo. Por esa vía se puede llegar a alguna conclusión. Y el Gobierno no lo va a hacer hasta que no tenga una presión real de toda la comunidad judía.
Nosotros tenemos la obligación de saber, aunque la “justicia” y nuestros “dirigentes” estén durmiendo o pavoneándose de recepción en recepción.
