Elías Neuman es doctor en Derecho. En 1962 obtuvo una nota ‘sobresaliente’ por su tesis ‘Prisión Abierta, una nueva experiencia penolológica’. Desde entonces ha publicado una veintena de libros donde estudia sistemáticamente diversos aspectos referentes al sistema penal, su entramado interno e implicancias políticas y sociales. También publicó ‘La sociedad carcelaria’, ‘Victimología y control social’ y ‘El abuso de poder en la Argentina (y otros países latinoamericanos)’, donde no deja de analizar las redes de corrupción institucional y su ineficacia como herramienta para combatir el delito.
Conferencista y profesor consulto en diversas partes del mundo, es constantemente requerido en Israel, México, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Cuba, entre otros países. No deja de sorprender que hasta la fecha nunca lo convocaran en la Argentina para colaborar en la construcción de un plan serio y estructurado.
Como consecuencia de la iniciativa del ministro de Defensa, José Pampuro, que roza los límites de las leyes de Defensa y de Seguridad Interior con la solicitud de apoyo logístico y de préstamo de inmuebles a las Fuerzas Armadas, Neuman sintetiza cuáles son los principales problemas del sistema penitenciario y los condicionantes políticos que perpetúan su inoperancia.
¿Qué incidencia podría tener la posible participación de elementos militares en el accionar contra el delito, atento a la iniciativa gubernamental de pedir auxilio a las Fuerzas Armadas para combatirlo?
Esto no es nuevo. Ya los Estados Unidos vienen bregando por ello desde la 18ª Reunión de los Ejércitos Americanos celebrada en Mar del Plata en el año ´89. Vienen insistiendo para que el Ejército se haga cargo de todo lo atinente a la temática de las drogas ilícitas y, por cierto, aún en épocas como la década del ´90 en las que se efectuaba todo lo que quería Estados Unidos, la Argentina siempre fue renuente. Y fue renuente porque se señaló, con justeza, que la ley de Defensa Nacional no alcanza a los problemas internos del país y así debe ser. En realidad, las Fuerzas Armadas están para tratar de proteger la soberanía nacional de ataques externos pero nunca meterse en problemas internos. Por otra parte está el resquemor de buena parte de la ciudadanía que todavía no ha sido cicatrizado lo ocurrido en la dictadura militar. De modo que hay que estar muy alerta con esta postura sobre la que yo también he leído y que empieza a tener cierta difusión.
¿Así empezamos hace treinta años?
Sí, pero creo que en esos treinta años hemos tenido una seria, dramática y crapulosa experiencia, que fue la de la dictadura en sí. De modo que así empezamos hace treinta años pero espero que esa experiencia inhiba la posibilidad de una suerte de reincidencia específica.
¿Resulta viable desde un punto de vista legal que los militares cedan espacios físicos para establecer instituciones carcelarias?
Sí, eso es viable si se quiere seguir con el sistema de la institucionalización de la delincuencia. En estas épocas, en muchas partes y especialmente en Europa se reciclan edificios. No se los construye a nuevo porque son sumamente costosos. Entonces se reciclan edificios que pueden servir para alojar reclusos si existiera un cuartel que reúna los requisitos de cierta seguridad y, además, que pueda albergar grupos humanos dignamente. Aunque quiero adelantar que yo soy absolutamente abolicionista en materia de prisión. Creo que hay que cambiar la prisión por medidas alternativas y sustitutivas porque la prisión hoy es un tormento. Siempre lo fue, pero hoy que hablamos sobre la doctrina social de los Derechos Humanos lo visualizamos legalmente mucho más que antes. Bueno… no estaría mal optar por alguna de estas medias frente al sistema actual donde los reclusos viven hacinados, pidiendo permiso para dormir o turnándose, con enfermedades curables que terminan en muerte, además del SIDA, las reyertas y también una suerte de ‘gatillo fácil’ carcelario que opera como una operación limpieza que vaya a saber cómo viene ordenada desde hace tantos años en el país. Pero de todas maneras cuando esos establecimientos reúnan condiciones más o menos de una cierta dignidad que permitan liquidar el hacinamiento y la promiscuidad carcelaria… Lo ideal sería crear establecimientos de menores seguridades como prisiones de mediana y mínima seguridad o abiertas. Para eso se utilizan generalmente tierras fiscales o barracas desmontables y se selecciona rigurosamente a los reclusos que puedan integrarlas y al personal, que obviamente no puede provenir como el nuestro de formaciones criptocastrenses.
¿Ha sido consulado por los actuales funcionarios a cargo de los temas de seguridad?
Soy habitualmente referente en México y también en Brasil pero en la Argentina nunca se me ha consultado. De todas maneras lo único que he podido hacer en Argentina fue una prisión abierta en Mendoza que funcionó once años de manera notable. A mí me interesa trabajar sobre un programa de política criminal no sobre partes. Eso se sabe bien porque lo he publicado, lo he dicho… Es necesario un programa interdisciplinario de política criminal que arranque desde la minoridad para arriba.
¿No lo convocan entonces porque este programa sería a largo plazo?
Es a largo plazo e interesa a los políticos. Pero en verdad uno de los temas más arduos es el de la policía. Esto ocurre porque en realidad los políticos siempre pactaron con la policía. Me refiero a los políticos en funciones.
Como el caso del ex gobernador promotor de la ‘mano dura’ Carlos Ruckauf
Ruckauf y también otros. El de una manera mucho más virulenta porque además de pactar les permitía utilizar armas… Pero pactar es una actitud tácita. Yo creo que el más ignoto de los intendentes del pueblo más desconocido sabe con qué policía cuenta. Entonces, si el individuo está inspirado en el bien común y no lo confunde con sus propios intereses, va intentar tener una policía para la democracia porque, obviamente, la democracia requiere de órganos democráticos. Y si le interesa mucho más el control social, la represión… Entonces pactar sería en síntesis decir: señores si los necesitamos ustedes tienen que estar firmes y rápidamente aquí e ir contra lo que nosotros le ordenemos del modo en que lo ordenemos. Y nosotros, a nuestra vez, cerramos los ojos y sellamos los labios respecto de los negocios que ustedes hagan. Eso es pactar. Eso es lo que ha ocurrido. Cuando se trata de concretar las llamadas modificaciones o cortar cabezas a las cúpulas se trata de parches, porque después de eso, ¿cuál es el programa? Yo creo que el que no pacto fue Kirchner por ejemplo. Pero no pactar significa tener atrás un programa serio con respecto a la policía. Un programa bien diagramado, y eso dudo que lo tengan entre manos quienes acompañan a Kirchner o el propio presidente.
¿Usted tiene diagramado un plan con programas y proyectos a desarrollar?
No, simplemente tengo la idea que se llevó a cabo en España que me parece muy viable en nuestro país, que es crear policía para la democracia. Una institución dentro de la propia institución. Y hacerles entender (a las fuerzas de seguridad) qué son los Derechos Humanos. He dado clases a la policía vasca siguiendo esta idea. Este es un proyecto que dejó el primer presidente que gobernó España después del franquismo, Adolfo Suárez, en cada uno de los países españoles, el vasco, el catalán… con la idea de crear policía para la democracia, justicia para la democracia, periodismo para la democracia y administración carcelaria para la democracia. Baltazar Garzón salió de jueces para la democracia, por ejemplo. Esto quiere decir crear instituciones democráticas transitorias dentro de las mismas instituciones y, en buena parte, con personal de esas instituciones. El ‘bueno’ que actúa dentro de las instituciones. En España pudieron hacer trabajos interdisciplinarios y concretar nuevas experiencias como viajar y ver la policía belga, además de recibir constantes diálogos e, incluso, escuchar a autores de ciertos delitos. De esta manera se fue creando un criterio sobre la base de los Derechos Humanos. En nuestro país el artículo 25, inc. 22 de la Constitución Nacional, se lanza decididamente a abrazar los Derechos Humanos. Esa es la doctrina que tenemos que convertir en doctrina nacional. Doctrina para la democracia de verdad.
¿Implicaría a este control interno de las instituciones la intervención ciudadana?
Absolutamente, todo debe converger. Incluso la democracia directa o participativa. La policía tiene que dialogar con todo el mundo y entender que no puede tener dicotomías con el pueblo. En el fondo de lo que estoy hablando es de un cambio ideológico o estructural. Insisto, no de partes.