En su pedido, Garré acusa a los fiscales por mal desempeño, grave negligencia en el ejercicio de sus funciones y comisión de delitos dolosos, en virtud de haber cometido las siguientes conductas:
– Haber armado, junto con el Juez Galeano, una “historia oficial” sobre lo que pasó, antes de investigar, sin importar la verdad de lo ocurrido, eligiendo en gran medida a quiénes “se debía” inculpar.
– Tener conocimiento del pago ilegal a Carlos Telleldín de 400.000 dólares para que, en su declaración, impute a policías bonaerenses de haber retirado de su domicilio la camioneta Trafic que se habría utilizado en el atentado a la AMIA. En el caso del Dr. Barbaccia, además, haber participado activamente en la implementación del pago, lo que quedó probado en el juicio oral, más allá que el fiscal Barbaccia, bajo juramento, declaró desconocerlo ante el Juez Bonadío.
– Encubrimiento del pago ilegal, atento a que tampoco se investigó lo sucedido cuando se descubrió el video Galeano-Telleldín, que daba sobrados motivos de sospecha. Los fiscales no denunciaron los hechos ni recusaron al juez ni investigaron, a pesar de ser los encargados del control de legalidad según la Constitución Nacional.
– Ejercer presiones sobre testigos para obtener las declaraciones que ellos necesitaban. Esto se dio en el caso de la extorsión a Semorile, las coacciones a Nitzcaner, y el “secuestro” de Miriam Salinas. Por esto último el Tribunal Oral remitió las actuaciones al juez Oyharbide que abrió la causa 2085/02 (actualmente en el juzgado de Bonadío por conexidad).
– El fiscal Barbaccia incurrió en falso testimonio, cuando fue citado por el juez Bonadío. Bajo juramento de decir la verdad, dijo desconocer el pago a Telleldín, en donde su participación ya está probada en el Juicio Oral. Por otro lado, también habría cometido el delito de “falsedad de instrumento público”, ya que no hizo constar en el acta -a pesar de estar presente en la audiencia- el llamado telefónico recibido por Telleldín mediante el cual le comunicaban que ya se había cobrado el dinero pactado, lo que habilitaba la declaración acordada con el juez.
La situación de Barbaccia se agrava más, ya que está concursando ante el Consejo de la Magistratura para ser Juez Federal. En la audiencia con la Comisión de Selección declaró una falsedad cuando dijo que el sumario penal abierto en su contra en el juzgado del Dr. Ballesteros, estaba cerrado. No es cierto, porque dicha causa se encuentra apelada a consideración de la Cámara Federal. Asimismo, no comentó la imputación por falso testimonio que se deriva de la denuncia penal que inició el ex prosecretario del Juzgado Claudio Lifschitz (causa N° 4789/00) ante el Juez Bonadío; ni la denuncia que le hizo el Tribunal Oral por el caso de Miriam Salinas (causa 2085/02 radicada ante el mismo juez).
– Haber violado los acuerdos de cooperación existentes con la justicia alemana, cuando fueron a ese país a una audiencia con el testigo “C”. Luego de la primera entrevista, el fiscal Barbaccia mandó un correo a su fiscalía con el contenido de la entrevista, lo que fue publicado por el diario “La Nación”. Conforme el acuerdo firmado con Alemania, esto estaba prohibido, y motivó que los magistrados alemanes impidieran a los argentinos seguir participando en la audiencia. Además, con esta conducta -en complicidad con el juez Galeano- han generado un reclamo diplomático de Alemania a nuestro país.
– Haber denunciado falsamente a la Secretaria de la Unidad de Investigaciones Especiales de la causa AMIA, para desplazarla de la investigación. En el año 2001, los fiscales Muller y Barbaccia acusaron a la Secretaria por haber revelado el nombre de un testigo con identidad reservada, sabiendo que dicho testigo no tenía esa calidad, sino la de testigo protegido. Era Abolhasem Mesbaghi, más conocido como testigo “C”.
– Haber omitido la investigación sobre el adulteramiento de un informe remitido por la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Dicho informe había sido recibido por el juez Galeano y por los fiscales, por distintas vías. El informe que el juez agrega al expediente tiene cuatro fojas, obviamente adulteradas, distintas a las copias que tenían en su poder los fiscales, y éstos -aún con la prueba evidente de la adulteración- prefirieron no investigar, ni denunciar los hechos.
