La decisión israelí de no concurrir a La Haya remarca la parálisis en que se encuentran los intentos de paz y fue anunciado al día siguiente de que Israel incursionara la Franja de Gaza produciendo la baja de 13 palestinos, hecho que desató gritos de venganza y más violencia por parte de los palestinos.
La oficina del primer ministro Ariel Sharon informó que sus asesores legales temían que la sesión del Tribunal Internacional de La Haya dé legitimidad a un caso que, según Israel, tiene motivaciones políticas y está fuera de la jurisdicción del tribunal.
Una portavoz de la corte dijo que las audiencias se llevarían a cabo, de todos modos, según lo planeado.
Cualquier decisión que tomara el tribunal no tiene carácter vinculante, pero a Israel le preocupa que un fallo en su contra tenga un impacto internacional que derive en una acción unilateral del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La audiencia judicial, prevista para el 23 de febrero, fue programada a pedido de la Asamblea General de la ONU, donde hay un fuerte sentimiento pro palestino.
La iniciativa de boicotear la sesión del Tribunal la encabezó un grupo de ministros (Sharón incluido) tras escuchar las recomendaciones de un equipo legal. Al no acudir para presentar sus argumentos a la vista judicial, Israel pretende restar legitimidad a un caso que considera que se escapa de la jurisdicción del tribunal.
Según los argumentos de Israel, la decisión de construir el muro en territorio palestino ocupado es «política» y se basa en su derecho a garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
Por tanto, según la fuente, el Tribunal de La Haya no debe ni puede pronunciar sentencia alguna, ya que no está capacitado para valorar decisiones políticas de un Estado independiente.
El Gobierno de Sharón, así, desafía la resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pidió a La Haya que estableciera si el muro se atiene a la legalidad.
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