Un veinticinco por ciento de la población argentina no tiene acceso a la canasta alimentaria básica pese a que en el país se produce alimentos para 200.000.000 de pesonas.
Así lo afirman representantes de la Organización por el Derecho a la Alimentación y la Agencia de Desarrollo Protestante (ambas alemanas) en un informe que acaban de presentar al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas reunido en Ginebra, Suiza.
Los representantes de las organizaciones alemanas patrocinantes de la investigación mencionaron el caso de la provincias de Tucumán -donde la desnutrición entre los niños ha aumentado en más de un 600% en un año- o el de varias zonas de la provincia de Buenos Aires, donde el 60% de la población infantil sufre de desnutrición en segundo grado.
Las dos organizaciones alemanas llevaron a cabo su misión en Argentina con el objetivo de comprobar si el Estado nacional garantizaba el derecho de alimentación de sus ciudadanos.
«Se ha registrado un gran aumento del número de personas que sufren hambre y están desnutridas, especialmente entre los niños, jóvenes y ancianos, que constituyen los grupos más vulnerables», dijo Jurgen Reichel, representante de la Agencia de Desarrollo Protestante de Alemania.
Reichel indicó que en sólo un año y medio (de octubre de 2000 a mayo de 2002), el número de argentinos que no contaban con recursos para acceder a la canasta básica aumento de 3,7 millones a 8,7 millones.
Como para dejar en claro la responsabilidad compartida en el empobrecimiento de la población, Reichel agregó que mientras esto ocurría, el Estado argentino reducía su presupuesto para gastos sociales, como consecuencia de las restricciones impuestas por los organismos financieros, en particular por el Fondo Monetario Internacional.
Desigualdades
La consecuencia ha sido que ahora el 20% de la población argentina de mayores recursos tiene un ingreso 34 veces superior al 20% más pobre.
Michael Windfuhr, representante de la Organización por el Derecho a la Alimentación, afirmó que la concentración de la propiedad de la tierra es un grave problema en Argentina y hasta puede considerarse como uno de los factores causantes de la situación actual.
Precisó que los 20 millones de mejores hectáreas de tierras agrícolas del país están en manos de cerca de 2.000 mil empresarios, entre ellos conocidos extranjeros «que son algunos de los terratenientes más importante relacionados con las actividades agropecuarias de exportación».
Esto ha hecho que los cultivos industriales destinados a la exportación, como la soja, sus derivados y los cítricos, hayan desplazado la producción de alimentos de consumo local, como la arveja, lentejas y arroz, «lo que pone al país en una situación de vulnerabilidad alimentaria».
«Mientras se siga dando prioridad a las exportaciones, afirmó Windfuhr, este seguirá siendo el cuadro dramático”.
Violaciones a los Derechos Humanos
El informe destaca que el Estado argentino está violando el contenido básico del derecho a la alimentación adecuada de millones de sus ciudadanos. Los programas alimentarios y de transferencias de ingresos existentes son absolutamente insuficientes para garantizar el derecho fundamental a estar libre de hambre y apenas han paliado parcialmente la vulnerabilidad alimentaria. Además, el Estado no protege a las familias campesinas poseedoras en el Noroeste y Noreste argentino de desalojos forzados, ni a las trabajadoras y los trabajadores de la explotación laboral. La actuación de las instituciones financieras internacionales como el FMI también fue criticada en la medida que ha limitado el gasto social y la capacidad del Estado argentino de movilizar recursos para cumplir con sus obligaciones relacionadas con los Derechos Humanos.
En aras de contribuir a la vigencia de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, la misión se permite recomendar al gobierno argentino y a los gobiernos responsables de las actuaciones de las instituciones financieras internacionales, medidas conducentes a garantizar el pleno disfrute del Derecho Humano a la alimentación adecuada.
Dentro de las recomendaciones más importantes se destacan: garantizar programas suficientes y adecuados de transferencias de ingresos y asistencia alimentaria; poner fin a las prácticas de desalojos forzados de familias campesinas poseedoras de tierras e implementar políticas tributarias que redistribuyan la riqueza y proporcionen al Estado los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones concernientes a los Derechos Humanos.
