Causa AMIA:

El turno de los fiscales

La fiscalía del caso AMIA puso en la mira al gobierno de Carlos Menem, a policías y a la SIDE, a quienes acusó de trabar la causa. "Este Ministerio Público no desconocía que los diferentes estamentos del Estado venían siendo denunciados por diferentes hechos de corrupción, pero erróneamente confió en que aquellos que debían colaborar con la investigación de esta causa, directa o indirectamente, lo harían con un absoluto sentido de la dignidad y a la altura de la circunstancia histórica", dijo Eamon Mullen en su intervención en el alegato en el juicio oral que se sigue llevando a cabo por el atentado contra la AMIA. Mullen, junto con el fiscal José Barbaccia, intervino en la investigación desde el comienzo de la causa. Así, la fiscalía cuestionó directamente a los "representantes de inteligencia, de seguridad, del Poder Ejecutivo", en los que confiaron creyendo que seguirían la "actitud patriótica" que la causa necesitaba. Mullen se corrió de los cuestionamientos recibidos por el juez federal Juan José Galeano (separado de la causa tras las irregularidades denunciadas en la instrucción por los familiares reunidos en la agrupación Memoria Activa) e intentó dejar en claro que se movieron con "un único objetivo, que fue perseguir la verdad, sin concesiones".

Para ratificar el corrimiento, acerca de las quejas e irregularidades en la investigación, Mullen recordó a los jueces del Tribunal Oral Federal N° 3, que deberán dictar una sentencia y que «corresponde a otras instancias juzgar a quienes actuaron de manera incorrecta».
Eamon Mullen abrió el alegato de la fiscalía en el juicio oral y público reclamando condenas por el ataque a la AMIA y con fuertes críticas al Estado -como si él no formara parte del mismo- por no impulsar la investigación.
Adelantó que pedirán condenas de “reclusión perpetua” para los supuestos partícipes del atentado.
Curiosamente, los alegatos de los representantes del ministerio público en el juicio oral y público por el atentado contra la AMIA comenzaron con un duro ataque contra el Poder Ejecutivo nacional que -en administraciones anteriores- actuó “con total liviandad” y “total ausencia de iniciativa” en torno a la investigación del atentado, señaló Eamon Mullen.
“La más alta autoridad de las distintas áreas del Poder Ejecutivo, responsables por mandato legal de la investigación, afirmaban con total liviandad que simplemente se habían limitado a cumplir directivas judiciales, demostrando una llamativa carencia de prevenciones especiales basadas en la posibilidad de que un hecho de estas características pudiera volver a ocurrir”.
“Este Ministerio Público Fiscal tampoco desconocía que los diferentes estamentos del Estado venían siendo denunciados por diferentes hechos de corrupción, pero erróneamente confió en que aquellos que debían colaborar con la investigación de esta causa, directa o indirectamente lo harían con un absoluto sentido de la dignidad y a la altura de la circunstancia histórica. Hoy sabemos que esto no sucedió”.
“Argentina experimentaba un hecho sin precedentes. La trágica experiencia de la voladura de la sede de la Embajada de Israel en marzo de 1992 tampoco había significado una enseñanza en el campo de la prevención, la seguridad y la instrucción judicial de métodos de actuación apropiados al extraordinario fenómeno que se debía enfrentar”, destacó Mullen.

Contra la bonaerense

Eamon Mullen también cargó contra la Policía de la Provincia de Buenos Aires cuando aseguró que la investigación se dificultó “aún más cuando la pesquisa se orientó al posible involucramiento de algunos funcionarios” de esa fuerza policial.
De todos modos, Mullen finalizó diciendo que: “lo que aquí se juzga es la responsabilidad por el atentado contra la AMIA, corresponde a otras instancias juzgar a quienes actuaron de manera incorrecta”, en un mensaje con un solo destinatario: los jueces del TOF 3, a quienes desde la acusación se cuestiona por dedicar tiempo y esfuerzo en el largo juicio a determinar las deficiencias de la investigación llevada a cabo por Galeano y los fiscales.

Contradicciones

A pesar de la posición de los fiscales, cabe recordar que fueron ellos quienes, junto al entonces Presidente de la DAIA, José Hercman, provocaron la renuncia forzada de Nilda Garré, a cargo de la entonces Unidad de Investigaciones del Poder Ejecutivo con el pretexto de que había revelado la identidad del entonces protegido testigo ‘C’, Abolhassan Mesbahi, identidad que ya había sido publicada en reiteradas oportunidades por múltiples medios de comunicación.