Por la defensa de un juez honestísimo, amigo desde los 13 años de edad, recibí amenazas y coacciones con discriminación y racismo.
La defensa es ante el Consejo de la Magistratura (Causa 127/02) con motivo de la denuncia que efectuara el Juez en lo Comercial Eugenio Bavastro Modet. El instructor del sumario es el senador salteño Ricardo Gómez Diez, candidato a la Vicepresidencia de la Nación junto a Lopez Murphy.
Cada vez que se presentó un descargo recibí amenazas anónimas en mi estudio jurídico y en mi domicilio, extensivas a los integrantes de mi familia. En todas se me decía «judío de mierda» y otras cosas más, también discriminatorias. Es de destacar que el instructor del sumario no dejó constancia en el expediente, a pesar de que con fecha 20/11/02 se hiciera saber por escrito, y el 19/12/02 el juez y amigo a quien defiendo exigió que en la resolución final se dejara constancia de que «las amenazas tenían tinte discriminatorio y racista por la condición de judío de mi letrado».
No sé si dejarán constancia porque el Consejero Gómez Diez parece no leer los descargos y demás escritos que se presentan, y demuestra un claro desprecio por la ley. Entre otros, integran el Consejo de la Magistratura, los senadores Ricardo Gómez Diez, Carlos Prades, Miguel Pichetto y Jorge Yoma; los diputados Jorge Casanovas y Marcelo Stubrin; los abogados Luis Pereira Duarte, Lino Palacio, Beinusz Szmukler y Eduardo Orio; los académicos Humberto Quiroga Lavie y Juan Carlos Gemignani; y los jueces Claudio Kiper, Bindo Caviglione Fraga, Abel Cornejo y Victoria Perez Tognola.
Los destacados parecen ser los más intransigentes. Les aseguro que ha quedado bien claro el mal desempeño del Juez en lo Comercial Eugenio Bavastro Modet, con fallos arbitrarios, presuntamente encuadrables en figuras penales y claramente violatorios de la Constitución Nacional; en tanto mi defendido probó la verdad y evitó la violacíón de la Ley Suprema.
Pero el motivo de la presente es dejar en claro, a los fines que correspondan, las amenazas (extensiva a mi familia), las coacciones (renunciar a la defensa) y la discriminación racial y religiosa. Se ha radicado la denuncia ante la Justicia Penal, aunque -por el momento- sólo se hizo por las amenazas. Les ruego tomar nota de esta discriminación y de los consejeros mencionados.
No puedo acusarlos de nada, ni a ellos ni al juez comercial, pero es evidente que se debe a esta causa administrativa y muy sospechoso que se repitan cada vez que se presenta un escrito. Es evidente que no se hará justicia pues la decisión parece estar tomada de antemano.
Saludo a ustedes muy atentamente.
