Diana Malamud (Memoria Activa):
“Un Secreto de Estado cómplice”
El 18 de Julio de 1994, a las 9 y 53 horas, producto de fundamentalismos, mafias, negociados, inoperancias y falta de previsión y seguridad, la sede de AMIA se convirtió en un atroz cúmulo de escombros, de muertos y un sin fin de enmarañados secretos. Secretos… Memoria Activa, a través de Diana Malamud denuncia un Estado cómplice que impide una verdadera investigación para alcanzar la verdad.
Alcanzó un viaje de Ezeiza a Olivos, para que el Juez Galeano inicie la construcción monumental de la trama secreta de la causa AMIA. Una larga lista de secretos jamás develados: la agenda de Carlos Telleldín, las grabaciones de la SIDE, testigos de identidad reservada, anexos secretos a los que nuestra querella no tenía acceso, filmaciones secretas e ilegales, extorsiones secretas e ilegales, sobornos secretos e ilegales, pactos entre fiscales, jueces, banqueros y Ministros, quema de filmaciones secretas e ilegales para asegurar el secreto.
Acuerdos secretos que negociaban libertades, como en el caso de Ana Boragni, el secreto de la no investigación de la “pista siria”, los secretos de la federal, los millones heredados de Ribelli, los grandes secretos de la Maldita Policía, quienes han demostrado en sus declaraciones en el Juicio Oral ser todos sordos, ciegos y mudos, pero enormes constructores de silencios, olvidos y repeticiones.
Cúmulos de basura y más basura secreta que nos lleva hoy, a casi 9 años, a desconocer la verdad.
Secreto e impunidad caminan de la mano, amparados por el Estado Nacional a través de sus funcionarios.
¿Qué secretos, por ejemplo, no se quieren develar cuando los fiscales no apoyan que los miembros de la SIDE declaren sin secretos?
Los secretos de los espías secretos, con caras y nombres secretos, que guardan sumarios secretos, en cajones secretos, dentro de oficinas secretas, en edificios secretos, que manejan fondos secretos, en pro de los grandes secretos que han sabido conseguir.
Los secretos de la SIDE alrededor de la masacre de AMIA: los secretos de lo que pasó el 17 de marzo de 1992 en la Embajada de Israel, los secretos respecto a la actuación del Juez Santamarina, los secretos de la SIDE infiltrada en células terroristas, los secretos de la Triple Frontera, de los casettes duplicados, de las intervenciones telefónicas, de la milagrosa aparición de la Foja 114, la contratación de Vergez por parte de la SIDE. Los sumarios iniciados por la SIDE a su personal. Los secretos de la SIDE intentan cerrar con broche de oro nuestra causa.
En nombre del “Secreto de Estado”
Amparados en la Ley y en Decretos, ellos guardan silencio. Un impactante silencio legal, un mundo en el cual lo que sería ilegal para cualquier ciudadano se torna legal cuando se es un espía secreto.
Ser un servicio, o un SIDE, implica el privilegio de actuar con cobertura legal. Todo puede ser hecho en nombre del ‘Secreto de Estado’, todo puede ser callado en nombre del ‘Secreto de Estado’, todo puede ser armado en nombre del ‘Secreto de Estado’, todo puede ser utilizado en nombre del ‘Secreto de Estado’.
Todos ellos guardan el mayor de los secretos, lo atesoran y lo manipulan, porque de una u otra forma los secretos los salpican. Y en pos de este resguardo se oculta el mayor de los secretos: la verdad.
Y porque desde Memoria Activa estamos convencidos que debe prevalecer siempre el derecho a la verdad frente al secreto de Estado por parte de los organismos del Estado, exigimos, como ya lo hicieron nuestros abogados, que el Tribunal Oral Federal Nº 3 declare inconstitucional el Decreto Presidencial 41/2003, el Artículo 16, párrafo 3º de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, los Artículos 2º, 3º y 4º del Decreto 490/2002 y el Artículo 1º del Decreto 116/2003. •
Laura Ginsberg (APEMIA):
“La respuesta depende de nosotros”
En apenas dos semanas, el gobierno nacional puso en marcha una campaña sucia para intentar nuevamente poner un punto final a la causa y al juicio que se sustancia por la masacre de nuestros familiares en la AMIA ocurrida hace 8 años y medio. Esta campaña consta de tres actos, dos de los cuales son aparentemente secretos y el tercero, del cual nadie habla, está publicado en el Boletín Oficial. Se trata del Decreto 41/03, publicitado falsamente como una autorización a la SIDE a revelar más secretos ante el Tribunal Oral Federal Nº 3. Luego resucitaron al testigo C diciendo que se habría retractado de sus dichos anteriores que comprometían al Estado argentino y, por último, anunciaron con bombos y platillos la aparición de un informe oficial de la SIDE que revelaría quién dio la orden para volar la AMIA, acusando formalmente a Irán de la responsabilidad del atentado.
Con sólo leer el decreto 41/03 se puede entender que somos víctimas de una nueva manipulación política y de una campaña de desinformación organizada por Duhalde, el Ministro J.J. Alvarez y el Secretario Toma «…por aplicación de indiscutibles principios de Derecho Internacional y por la calidad de los valores jurídicos que se comprometerían de no establecerse las señaladas restricciones», según reza el decreto.
En respuesta a la confesión de impotencia que los jueces del Tribunal Oral le hicieron llegar a Duhalde al pedirle que releve a los funcionarios de la SIDE citados en el juicio de la orden de guardar secreto (Decreto 490/02), porque se ‘»obstruye de manera evidente el accionar de la justicia toda vez que compromete el debido esclarecimiento de los hechos…», Duhalde no sólo ratificó nuevamente la prohibición, sino que además elevó el status de la causa y del juicio a secreto de Estado (parte final Art. 2 Decreto 41/03). De este modo, los espías, si declararan, lo harían gozando de la inmunidad que les otorgan verdaderos “fueros” por decreto.
Los jueces Larrambebere, Pons y Gordo deberán resolver si van a ser los administradores de esta nueva maniobra de encubrimiento avalando al gobierno para no «comprometer la seguridad del Estado», que está involucrado en todos los trámites del atentado.
El segundo acto de la campaña puso a Toma y a sus hombres de la SIDE a trabajar sábados y domingos para cerrar el paquete y, de paso, resolver sus internas partidarias y con Galeano.
Violando el secreto dispuesto por la misma Ley de Inteligencia con la cual pretenden encuadrar al juicio y las líneas de investigación que conducen a la responsabilidad del Estado, la SIDE hizo pública la carta del testigo C del 20 de diciembre pasado con el doble propósito de seguir negociando con la CIA y el Mossad las condiciones en que el iraní vendría a Buenos Aires y, de paso, desprestigiarlo, para aliviar la carga de sus dichos e intentar una siniestra reivindicación de Menem y su gobierno. A cambio, Toma, ex Secretario de Interior de Menem, ya tendría asegurada la dirección del PJ de la Capital. Pero las patas de la mentira son cortas: en verdad, el delator iraní a todo servicio dijo que la información escrita en los periódicos locales es falsa ya que no proviene de su declaración y, a la vez, ratificó sus dichos: “… cuando yo ratifico mis declaraciones, lo hago, ya que es mi obligación en cuanto a su contenido y su veracidad… y ésto se puede probar con los protocolos”.
Como en cualquier obra, el tercer acto explica los dos primeros. La aparición del informe de la SIDE pretende superar las diferencias internas en el juicio oral, que todas las partes reivindican atribuyéndole legitimidad e independencia, y encolumnarnos detrás del reclamo de Galeano y la DAIA, de los fiscales, de la defensa de los imputados y de los servicios extranjeros americanos e israelíes: cargar toda la responsabilidad sobre Irán, considerar al Estado argentino como una víctima más y, como epílogo, aprobar una ley antiterrorista. Tamaña es la pretensión del Esado argentino y sus socios locales e internacionales responsables de este acto terrorista. Por ello, la condición del secreto es indispensable para encubrir a la SIDE y al conjunto del aparato estatal. A diferencia de Menem, De la Rúa y Rodriguez Saá, Duhalde no puede dejar el gobierno sin dejar cerrado el tema AMIA. Para impedírselo, superar esta campaña infame y los límites insalvables de los jueces, tribunales y partes, es necesario que las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos, nacionales e internacionales, se pronuncien por la inmediata derogación del decreto 41/2003. Debemos considerar seriamente la necesidad y la posibilidad de constituir una comisión independiente para juzgar y castigar al Estado argentino responsable de tanto crimen. Depende de nosotros. Nos lo merecemos. •
