La presentación fue hecha por el propio periodista, quien como autor del libro de investigación «AMIA. El atentado. Quiénes son los autores y porqué no están presos», prestó testimonio ante el Tribunal Oral Federal número 3. En esa oportunidad, dice Salinas, «se me preguntó si sabía que mis líneas telefónicas se encontraban intervenidas», a lo que respondí que «lo sospechaba» porque advirtí interferencias tanto en mis teléfonos como en el correo electrónico.
«Mi computadora me indicaba recurrentemente intentos de ingresar a la misma desde oficinas de la antigua Telintar, en la calle Tucumán casi Leandro N. Alem», añadió el escrito.
Salinas, durante la audiencia en que fue anoticiado, preguntó al Presidente del Tribunal Oral Federal Miguel Pons, el motivo por el cual tenía los teléfonos intervenidos, a lo que se le respondió: «Y qué se yo…¿Usted hizo la denuncia?».
«En la intercepción de mis líneas, afirma Salinas, no debería existir ningún auto fundado imponiéndola, toda vez que no soy sospechoso, investigado o procesado por delito alguno».
Con la asistencia letrada de la abogada Silvia Canjalli, la denuncia recayó en el juzgado federal de Jorge Urso para que se investigue la presunta comisión del delito de «incumplimiento de los deberes de funcionario público», además de una posible violación al derecho a la intimidad (artículo 19 de la Constitución Nacional).
Salinas hizo saber al juzgado que además, según dijo, «he puesto en conocimiento de esta situación a la secretaria administrativa de la ASOCIACION PERIODISTAS, Mabel Moralejo» y precisó que lo hizo por «los innumerables perjuicios profesionales que estoy sufriendo por esta añeja e injustificable situación».
En ese sentido, consignó que «la recurrente desaparición de e-mails, tanto de los que envío como los que me son enviados» así como que «una larga nota inédita de mi autoría fue publicada sin mi permiso por un sitio de Internet denominado SEPRIN (Servicios Privados de Inteligencia)». •
