Uno de los hechos que llamó la atención recientemente han sido las declaraciones efectuadas por la Ministra de Justicia, Ayelet Shaked, del partido religioso-nacionalista Hogar Judío, quien dijo en una conferencia de prensa realizada en Tel Aviv durante el mes de febrero: “Debemos mantener una mayoría judía, aunque eso signifique violar derechos”.
La declaración se efectuó en el marco de la controversia que genera el proyecto de ley conocido como “Ley del Estado-Nación judío”, que define a Israel como “el territorio nacional del pueblo judío”. Los críticos de ese proyecto afirman que una ley de esas características podría dar pie a una discriminación legal entre los ciudadanos israelíes judíos de aquellos ciudadanos que no lo son, lo que socavaría las bases democráticas del país. El líder de la agrupación en la que milita la ministra, Naftali Bennett, es partidario de la anexión de los territorios palestinos, sin darles a sus habitantes árabes la plena ciudadanía israelí. Es evidente que el resultado de tal propuesta política sería una situación de apartheid en los territorios ocupados, sistema de exclusión basado en criterios étnicos repudiado por la comunidad internacional.
La declaración de Shaked, parlamentaria conocida por reiteradas declaraciones extremistas incompatibles con valores característicos del pensamiento democrático, si bien generó la condena de diversos sectores de la sociedad israelí, no mereció ningún tipo de sanción por parte del gobierno de Netanyahu. Shaked sigue siendo hoy la ministra de Justicia del gobierno de Israel.
No es necesario explicar la gravedad de los dichos que hemos mencionado: no hay demócrata en el planeta que puede coincidir con los mismos.
Tampoco es difícil encontrar con qué tipo de formaciones políticas –a nivel internacional- se emparentan estos pensamientos.
Cuando similares políticos europeos, (húngaros, griegos, franceses, belgas), explican su rechazo a los migrantes de Asia, África o Europa del Este, en términos de superioridad o inferioridad, habitualmente la prensa internacional los señala como xenófobos o racistas. Y se los engloba dentro de la categoría política de populismo de derecha, o de proto-fascismo. Ni la sociología ni la ciencia política han acuñado categorías específicas por países: las categorías son universales. El hecho de que sean israelíes los políticos que vierten opiniones crecientemente extremistas, no los exime de caer en la categoría de amenazas contra la sociedad civilizada, regida por reglas fundamentales de igualdad ante la ley y de respeto al derecho de las personas.
El caso Ahed Tamimi
Entretanto, la justicia israelí sigue adelante con el proceso contra la joven palestina Ahed Tamimi, de 16 años. Ella fue arrestada el 15 de diciembre de 2017 por fuerzas de seguridad israelíes, acusada de “agresión agravada, obstaculizar a un soldado en su cumplimiento del deber, incitación y lanzamiento de piedras”.
El hecho ocurrió en Nabi Saleh, un poblado de unas 600 personas al noroeste de Ramallah, la capital provisoria del Estado Palestino. Además de la ocupación militar, que data de 1967, los pobladores locales deben soportar los desmanes de los colonos israelíes, que han avanzado sobre las tierras de la zona y controlan el curso de agua dulce que la atraviesa, de importancia clave para la agricultura palestina.
Se calcula que aproximadamente 1.400 jóvenes palestinos han sido juzgados hasta el presente en cortes militares, de los cuales cerca del 90% fue encontrado culpable.
Sin embargo, el caso de Tamimi adquirió una gran notoriedad internacional por diversas razones: no se puede decir que haya realizado un hecho terrorista ni que forme parte de una agrupación extremista -de hecho su familia es conocida por luchar pacíficamente contra la ocupación israelí, incluso en coordinación con grupos pacifistas israelíes-; es mujer, es una adolescente; y se viste como cualquier joven occidental laico y su apariencia física es diferente al estereotipo de las mujeres árabes predominante en Occidente. Su agresión al soldado consistió en intentar pegarle un cachetazo. Las imágenes del episodio están grabadas y pueden ser vistas fácilmente en las redes sociales.
Lo cierto que es Tamimi y su familia han captado la atención de la comunidad internacional y han logrado que numerosas personas se interesen en la causa palestina, o simpaticen con la lucha de la joven. La madre, Nariman, está también acusada, en su caso, por participar en dos ataques contra el ejército israelí: uno en el episodio por el cual está presa su hija, y otro por haber emitido en vivo vía Facebook las imágenes en las que las mujeres increpaban a los dos soldados apostados en la casa de la familia Tamimi, lo que es considerado “incitación” por parte de un tribunal israelí.
Seguramente los halcones del gobierno de Netanyahu entienden que sancionar a la joven es necesario para marcar los límites que no deben sobrepasar los jóvenes palestinos, y que permitir que esa casi ingenua manifestación de rebeldía podría invitar a nuevos gestos aún más “osados”.
Da la impresión que las autoridades israelíes han perdido totalmente el tacto político, ya que están tratando con “manu militari” a personas caracterizadas precisamente por su vocación pacífica. Seguramente hay quienes dentro de la derecha israelí deben pensar que los palestinos también deberían renunciar a sus aspiraciones nacionales, a medida que se “convenzan” de que nada pueden hacer ante una ocupación que ya lleva medio siglo. Las fantasías sin fundamento, en política, son muy malas consejeras.
Desde la perspectiva de la política internacional, el tipo de imágenes provenientes de los territorios ocupados por Israel, así como las declaraciones antidemocráticas de miembros del oficialismo, sólo puede generar desgaste y desprestigio frente a personas con mínima sensibilidad ante el sufrimiento humano. Parte de la opinión pública internacional interpreta que la situación de opresión nacional de los palestinos justifica módicos actos de rebeldía como los de Tamimi, y que es Israel quien se encuentra en una situación inaceptable desde la perspectiva del derecho internacional.
Pero lo más preocupante es la involución interna de parte de la sociedad israelí, que parece convencida que lo que piense el mundo importa poco, y que se puede cometer cualquier arbitrariedad si se la justifica por razones mesiánico-religiosas. Hay incluso quienes ven en la Torá un manual de instrucciones aplicables a las relaciones internacionales del siglo XXI.
El primer ministro Netanyahu, hombre de formación occidental que entiende perfectamente qué es democracia y qué es autoritarismo, qué son los derechos humanos y qué es la discriminación étnica, parece preferir ceder ante el ala más retrógrada y autista de su coalición de gobierno –lo que está erosionando la imagen israelí frente a sus aliados más estrechos-, con tal de prolongar su vigencia en la política israelí.
