Todo empezó en febrero del 2011, cuando me encontraba en Argentina filmando «Sin Punto y Aparte», un documental en gran medida autobiográfico, sobre los años de la Dictadura cívico-militar, aquella masacre que muchos excompañeros de los movimientos juveniles sionistas socialistas vivieron en Argentina, y otros tantos, como yo, en Israel.
Fue entonces cuando recibí una llamada sorpresiva de Alejandro Inchaurregui, el Jefe de la Sección «Desaparecidos» en La Plata, y quien conocía de cerca el caso de mi propio desaparecido, el médico Samuel Leonardo Slutzky, primo hermano de mi padre. «¡Te juro, Shlomo, que no lo puedo creer, y no lo a creer!», me dijo Alejandro, que en general es un tipo tranquilo y sosegado aun para tratar temas tétricos como los ocupaban día a día a su equipo. «A vos te creo todo. ¿Pero de qué se trata?», contesté. «Esto es de película, Shlomo», comenzó a relatar Alejandro: «¿Dónde te parece que se esconde Aníbal Teodoro Gauto, uno de los sospechosos de crímenes de lesa humanidad que debieran ser juzgados en el juicio contra los responsables del Centro de Detención Clandestino «La Cacha», ese mismo donde torturaron y asesinaron a tu primo Sami Slutzky? Nada más y nada menos que en Israel».
Confieso que en un primer momento quise creer que Alejandro me hacía una broma, o a lo sumo me citaba algún rumor de algún sitio de la red de internet, de aquellos para los que Israel es el origen de todos los males.
Pero no. Aníbal Teodoro Gauto, solicitado por la Justicia argentina ya en 2003 por un desfalco al Banco Central de la República Argentina en el que trabajaba, pasó a ser «Buscado» como sospechoso de crímenes de lesa humanidad, secuestro, torturas y asesinatos en el caso «La Cacha» y contra él fue expedido una orden de detención en la Interpol, a pedido de la Justicia argentina. Y en la orden de la policía internacional aparecía que Gauto había logrado la ciudadanía israelí, bajo el nombre de Yosef Karmel.
Esto fue un golpe bajo para mí: el cómplice potencial del secuestro, tortura y asesinato de Sami Slutzky, llegó a Israel como parte de la gran ola de inmigración argentina del 2001 al 2003, recibió cientos de miles de dólares en ayuda del Estado y el pueblo judío en el exterior, y vive tranquilo en la muy agradable ciudad de Kiriat Bialik, junto con otras 500 familias de argentinos y uruguayos que llegaron en un proyecto de inmigración, a solo 100 Km de distancia de mi domicilio en Tel Aviv.
Y quizás ese dolor es el que me llevó a colaborar con la causa «La Cacha» desde Israel, enviando información acerca del paradero de Gauto e investigando a su alrededor por dos años en el «perfil bajo» que me solicitaran en Argentina, temiendo que Gauto escape de Israel.
Finalmente, después de postergaciones del inicio del juicio «La Cacha» por la imposibilidad de tomar declaraciones a Gauto en Israel, se decidió separar su causa de la del resto de acusados, para poder dar inicio al juicio liderado por el juez Carlos Rozanski en diciembre del 2013. El juicio finalizó el 24 de octubre del 2014, con condenas de 15 años a cadena perpetua para los 25 acusados menos uno: Aníbal Gauto, libre en Israel.
El próximo paso fue el de unir la profesión a la causa, realizando en febrero del 2015 un documental para la TV Pública israelí, en la que demostramos que Gauto, amen de las acusaciones en su contra por lesa humanidad, entró en Israel y obtuvo su ciudadanía en forma ilegal, mintiendo en la declaración jurada que firmara para obtenerlas, ocultando el estar en medio de un juicio en su contra por desfalco al BCRA.
Paradójicamente, este último detalle, una información respecto al juicio no declarado por un delito económico, podría ser la clave para quitarle a Gauto la ciudadanía y obligarlo a regresar a la Argentina para ser indagado y -si fuera necesario- también juzgado por crímenes de lesa humanidad, entre ellos el asesinato de mi primo, Sami Slutzky.
El documental emitido por la TV israelí hizo olas, pero no logró respuestas oficiales y pasos concretos para el quite de la ciudadanía a Gauto. Esto nos obligó a presentar una apelación a la Suprema Corte como ciudadano israelí (Shlomo Slutzky contra el Ministerio de Justicia y otros) exigiendo que el gobierno israelí actúe al respecto de Gauto, lo que ocurrió finalmente el 10/12/17.
En la espera a la entrada a la sala de sesiones, un periodista me preguntó qué esperaba yo de la Suprema Corte. «Que sea más sabia que el gobierno israelí. Que otra vez salve al gobierno y al Estado de Israel de decisiones anticonstitucionales o antidemocráticas», le respondí.
En aquellos momentos, bajo el techo del Palacio de la Justicia, pensé que era injusto que mientras que mi primo Samuel Slutzky no gozó del refugio que Israel proclama ofrecer a todo judío en el mundo, a pesar de tener familia aquí, el gobierno israelí dedica todo un equipo de abogados y empleados para proteger a un sospechoso de crímenes de lesa humanidad que entrara ilegalmente a Israel, Aníbal Gauto.
A la salida de la sala, después de escuchar cómo los jueces cuestionaron a los representantes del Gobierno por responder tratar la anulación de la ciudadanía de Gauto a nivel de empleados menores, sin elevar el tema a instancias superiores, y después de escuchar la decisión de la Corte de exigir una revisión del tema y una respuesta a nivel ministerial por parte del Gobierno, me encontré nuevamente con el periodista del canal 2.
«¿Acaso la Corte fue realmente más sabia que el Gobierno?», me preguntó el periodista, y yo le respondí: «Pareciera que sí, le dio al Gobierno una escalera para bajarse del peligroso lugar donde había escalado y le indicó también cómo bajar». «¿Se van entonces Ud. y sus compañeros de lucha a festejar?», quiso el periodista terminar la nota televisiva con un guiño, pero tuvo que escuchar una llamado a no cerrar los ojos, ninguno: «Nos vamos a trabajar, a utilizar estos seis meses para buscar documentos, pruebas y testimonios que ayuden al Gobierno a desechar la táctica de «bicicletear» un tema de importancia trascendental de principios, como si fuera un caso de un simple inmigrante ilegal, y esperamos que el ministro del Interior, que deberá ser él quien decida, sepa ver consecuencias de la inacción, más allá de lo que lo hicieron sus empleados».
