Los distintos gobiernos israelíes suelen vanagloriarse calificando a Israel como «la única democracia en Medio Oriente». Esta frase por lo general tiene un triple significado: llama a aumentar el orgullo nacional, provee un sello justificador a decisiones controversiales o de dudosa moralidad y también, como quien no quiere la cosa, descalifica a todos los demás regímenes vecinos, aumentando así los prejuicios contra los árabes y su (in)capacidad de respetar la libertad o de ser tolerantes frente al pluralismo de ideas.
La ley de «Regularización» aprobada el pasado 6 de febrero pone un enorme signo de interrogación sobre esta autodescripción. A partir de esta ley, Israel se confiere el derecho de expropiar tierras y propiedadades de personas que no son ciudadanos israelíes, en territorios que no se encuentran bajo la soberanía israelí. De acuerdo a este principio, Israel podría en cualquier momento transferir de manera unilateral a su control departamentos ocupados (alquilados o simplemente invadidos) por judíos en cualquier lugar del planeta, por ejemplo en los barrios porteños de Villa Crespo o Almagro, desposeyendo así a los propietarios legales de dichos bienes. Para calmar sus conciencias e intentar convencer que esta ley no es substancialmente diferente a tantas otras, la ley obliga al gobierno a indemnizar económicamente al dueño legal del bien expropriado.
En sí misma esta ley es absurda y altamente problemática. En el marco del conflicto israelo-palestino, da el puntapié inicial al año en que se cumple el cincuentenario de la Guerra de los Seis Dias y la subsecuente ocupación de la Margen Occidental y la Franja de Gaza. En este contexto, es la primer gran prueba de que el gobierno israelí pone frente a la comunidad internacional en general y a la administración Trump en particular.
A nivel de política interna israelí, esta ley marca un nuevo hito en el proceso de transformación del Estado sionista. Un proceso que comenzó en 1967 luego de la impresionante victoria militar, con el cambio de liderazgo espiritual del sionismo religioso en favor de la visión mesiánica y activista del Rabino Kook. Siguió con la creación del «Movimiento por la Tierra de Israel Completa» que dividió al laborismo y lo llevó a perder –diez años mas tarde– no sólo el gobierno sino su posición de partido hegemónico en el mapa político israelí, en favor del Likud.
Ahora le llegó el turno al Likud. En una discusión que se explicitó en los últimos cinco años, grupos identificados con la visión mesiánica -aunque no necesariamente religiosos- sistemáticamente intentan cambiar la estrategia de control de los territorios. Para ellos llegó el momento de deshechar la exitosa estrategia de ambiguedad intencional que guió a todos los gobiernos en los últimos 50 años, permitiéndoles profundizar el dominio, los asentamientos y la discriminación, manteniendo a su vez la capacidad de profesar un compromiso utópico de llegar a la tan ansiada paz y así navegar de manera satisfactoria las aguas de la diplomacia internacional. En su lugar, y en coordinacion con el movimiento de colonos y su partido tradicional (ahora llamado Hogar Judío), casi toda la nueva capa directiva del Likud empuja a la anexión formal de los territorios, llevando así a Israel a un enfrentamiento frontal no sólo con los palestinos sino con gran parte de la comunidad internacional. Peor aún, acercan claramente al Estado a una realidad demográfica y constitucional en la que Israel deberá escoger entre su carácter democrático y su carácter de Estado judío.
Netanyahu, que lidera a su partido y al país haciendo un delicado equilibrio entre los distintos grupos internos del Likud, entiende claramente que el balance de fuerzas internas favorece a los mesiánicos. Por eso, y a pesar de entender los peligros de la ley de Regularizacion y de las próximas movidas que la seguirán –la anexión del asentamiento de Maale Adumim al este de Jerusalén, por ejemplo– no ve alternativa que le permita mantenerse en el poder salvo avanzar en la dirección hacia donde estos grupos empujan.
Los timidos intentos de diluir o de desacelerar estos procesos resultaron inútiles. La táctica de esconderse detras de los «cucos izquierdistas», como ser la administración Obama o la Corte Internacional de Justicia, pierden fuerza a medida que el mundo gira hacia la derecha populista. Los frenos y balances internos, como ser la Corte Suprema o la prensa libre, son sistemáticamente vilificados y atacados con el fin de desmantelarlos. Ni que hablar de los activistas o pensadores de izquierda que son dehumanizados y demonizados a tal punto que los mayores partidos «opositores» (incluyendo al Laborismo) se esfuerzan más en distanciarse de las posiciones contrarias a la ocupación que de luchar contra ella.
La ley de Regularizacion, en resumen, da un paso más que significativo hacia la «refundación» del Estado de Israel, ya no como un estado Judío y Democrático donde se plasma el derecho de autodeterminación nacional del pueblo judío todo, sino hacia un estado neo-sionista autoritario, etnocéntrico y de ser necesario con un sistema de gobierno similar al del apartheid sudafricano.
Los procesos políticos son reversibles. Esta direccion no es determinista, mal que les pese a los mesiánicos en el gobierno. La pregunta es cuándo y de qué manera la ola se revertirá para que la sociedad israelí adopte un nuevo rumbo basado en valores humanistas, democráticos y tolerantes.
* Fundador y Director-General Conjunto de Etgar
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