La dificultad en la comprensión expresada inicialmente puede ser vista desde dos ejes: el primero es la disputa sobre el discurso, que deja expuesto si hoy asistimos a un golpe de Estado o a un proceso legal de alejamiento de la mandataria, y qué dice al respecto la historia reciente, anterior y posterior a la reelección de la fórmula Dilma Rousseff-Michel Temer. El segundo eje es la contextualización histórica de lo que observamos en 2016, teniendo en consideración no sólo los períodos recientes, sino también la actuación recurrente de las instituciones brasileñas en las últimas décadas y sus participaciones fundamentales en el drama actual.
Las bases del impeachment a Dilma Rousseff se remontan al 2014, el año de las elecciones en que ganó el balotaje con un estrecho margen de 51% a 49%, mientras que en el parlamento su Partido de los Trabajadores (PT) bajó de 88 a 70 diputados de los 513 elegidos, convirtiéndose en dudosa la base para la aprobación de los proyectos y, como siempre en Brasil, dependiendo de alianzas con algunos de los 35 partidos políticos existentes.
Antes de asumir el cargo, la fórmula derrotada ya había presentado algunos procesos para detener a la presidenta reelecta: recuento de votos electrónicos (hubo muchos impugnados en el país), impugnación de la fórmula en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) al reclamar la rendición de cuentas, y algunos pedidos de juicio político en la Cámara de Diputados. Una curiosidad de Brasil es que pedir el juicio político es algo normal, desde el año 1990 se registraron 132 solicitudes, 50 de ellos preparados por el propio PT.
Ese mismo año, el gobierno enfrentaba una crisis económica naciente y en crecimiento -tomó préstamos adicionales de bancos públicos por unos R$ 18 mil millones (casi U$A 5.000 millones)- que dio origen al impeachment por irresponsabilidad fiscal de la presidenta por no respetar las metas de superávit establecidas con «maquillaje contable»; un proceso que tendría que iniciarse contra 17 de los 27 gobernadores de los estados, si la responsabilidad fiscal fuese de hecho la motivación. En parte, se utilizó ese dinero para aumentar el gasto social en 2014 (R$ 17 mil millones), que en realidad ayudó a ese 2% de diferencia en las urnas. El incremento del gasto en 2014 fue por intereses, de R$ 251 mil millones, aumentando un 33% respecto del año anterior, lo que explica más claramente adónde se destina la mayor parte del monto percibido con los impuestos.
Dilma volvió en 2015 con una crisis económica creciente, y en su asunción anunció un equipo y un plan alineados con la fórmula derrotada en las urnas: reducción de las inversiones, recortes en los programas sociales y los derechos laborales. Mientras el Congreso cambiaba de lado y se deshacía su frágil mayoría parlamentaria (que pasó a proponer proyectos que aumentan el gasto a pesar de los tiempos de crisis), la aplicación de la política económica rechazada por el voto fue considerada por muchos de su base electoral como un fraude. No se debatió en el parlamento sobre una tributación progresiva, impuestos sobre fortunas, las exenciones tributarias a grandes empresas, los costos absurdos de la financiación de la deuda pública (y su auditoría ampliada) ni los altos costos de la administración pública (los poderes legislativo y judicial, por ejemplo, tienen derechos inmorales como salarios entre los más altos del mundo, subsidios de vivienda, exención de contribución a la seguridad social, la jubilación anticipada -8 años de actividad para un diputado-, remuneraciones por encima de los salarios nacionales, entre otros).
En paralelo, un conjunto de procesos judiciales iniciados en Petrobras, conocidos como Operação Lava-Jato, se desbordó en una amplia investigación sobre el origen y destino de dinero desviado de obras y empresas públicas. Todos los principales partidos del país estaban involucrados, incluyendo a los líderes políticos representativos: los ex presidentes Lula y Sarney, el vicepresidente Michel Temer, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y el presidente del Senado Renan Calheiros, entre decenas de parlamentarios y ministros, uno de ellos un senador preso que denunció a algunos de sus colegas.
Los medios de comunicación brasileños, concentrados en cinco familias, hicieron su papel en socavar la credibilidad de la presidenta, su capacidad para dirigir el país en crisis y la imagen de su partido. Los líderes del PT, involucrados y hundidos en el barro junto con los principales partidos, aparecían resaltados como los mayores saqueadores del país. Hubo una amplia cobertura e incitación a manifestaciones contra el gobierno en los principales medios de comunicación, mientras que las manifestaciones pro-gubernamentales fueron ignoradas y reducidas en «cifras oficiales». La población salió a las calles por millones, con la camiseta de la selección de Brasil -uno caricaturización de un ícono de una casa donde la corrupción reina virgen- a pedir que se ponga fin a la corrupción y la salida del PT.
Sin apoyo legislativo, en los medios o en las calles, el golpe de gracia vino con el alineamiento del Tribunal Supremo Federal con los parlamentarios, dando legalidad al proceso de alejamiento de la presidenta ante un aumento prometido para el sector judicial, vetado meses antes por Dilma debido a la crisis económica, y recientemente aprobado después de la toma de posesión del presidente interino.
Con el juego combinado y las instituciones alineadas, los políticos investigados por corrupción en varios casos, la mayoría también citados en la operación Lava-Jato, condujeron el proceso de alejamiento de la presidenta. Un golpe legalista, como ocurrió en Paraguay en 2012. Con una diferencia: la mayor parte de la trama fue grabada por la Policía Federal, que divulgó audios de los líderes del Congreso articulando la remoción de la presidenta y un freno a las investigaciones de la operación Lava-Jato, algo que siguen logrando hasta el día de hoy.
El segundo eje, desde el tamiz de un plazo más largo
Si los medios de comunicación tuvieron un papel clave (no se hizo nada para reducir la concentración de los medios en 13 años de gobierno de “izquierda»), el PT en sí también lo tuvo: cada día surgen nuevas pruebas de que las desviaciones alimentaban campañas y políticos de múltiples siglas, incluido el Partido de los Trabajadores. Los jefes políticos que ahora gobiernan como «enemigos de Dilma» eran aliados clave en los últimos 13 años. Si un día PT representó al deseo de la izquierda brasileña para hacer política de una manera diferente, en el año 2015 se hizo evidente que el partido se ha convertido en más de lo mismo.
Sus obras fueron realizadas por los mismos contratistas y con las mismas desviaciones de siempre; su acuerdo con la minera Samarco después de la tragedia ambiental en el municipio de Mariana fue más del mismo paternalismo y el intercambio de favores de siempre; los recortes en la economía comenzaron con las inversiones sociales y los derechos de seguridad social, es más de la misma política recesiva que alcanza primero el trabajador; la venta de activos públicos récord que ha hecho Dilma es más de la misma privatización de siempre; las licitaciones por períodos largos y sin competencia son más de las mismas prácticas corruptas de siempre para favorecer a las grandes empresas.
Distintas fuerzas políticas importantes en las últimas dos décadas en el parlamento resultaron poderosas al apoyar el golpe y ganaron espacio en el nuevo gobierno:
A) la bancada evangélica, que con el apoyo de exención de impuestos crece exponencialmente y defiende proyectos conservadores contra el aborto, dificulta la promoción de la igualdad género y la lucha contra la homofobia.
B) la bancada ruralista, donde propietarios de latifundios mantienen sus clientelas electorales por el interior del país y legislan para la disolución de las leyes ambientales.
C) las familias de políticos profesionales, apellidos conocidos que eligen varios parientes en diferentes esferas y ocupan la administración pública en la lógica patrimonial históricamente existente.
Cabe señalar que todos estos eran aliados importantes del gobierno del PT desde 2003, y ahora cambiaron de bando a cambio de más poder. El PT no sólo falló en renovar la política brasileña, sino que pasó a practicar las acciones que combatía. Cayó en la traición de los aliados que nunca debería haber tenido.
Los capítulos recientes son preocupantes: el interinato aumentó el déficit anual proyectado un 110%, aprobó aumentos de 40% para la administración pública, creó 14.000 puestos comisionados, mientras mantiene al frente de su gabinete a políticos investigadas, incluso después de la filtración de grabaciones reveladoras de sus esquemas de corrupción.
Dilma mantiene la esperanza de volver, sin dar ninguna señal de que será capaz de superar la crisis política y económica que enfrenta, mientras aquellos que desean el fin del gobierno golpista como una defensa de la democracia rara vez ven en la presidenta los atributos necesarios para ello. Un nuevo pleito en las urnas se vuelve cada vez más irreal, con las elecciones municipales de octubre aproximándose.
En agosto tendremos la votación definitiva del impeachment en el Senado. Los focos y las cámaras de todo el mundo estarán en el país para los Juegos Olímpicos, siendo posible que parte de las transmisiones deportivas sean tomadas por las noticias políticas y manifestaciones populares, considerando el escenario actual y la historia de la Copa del Mundo. No será sorprendente que entre la natación y el salto en alto haya un cambio de presidente o un ministro vaya a la cárcel. Difícil será batir el récord de Brasil en deporte de equipo en el que somos más fuertes, con practicantes ambidiestros y jueces comprados: la tolerancia a la corrupción.
* Sociólogo.
