Luego de que el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, se negara a prorrogar los contratos de los trabajadores del GERAD, el grupo de trabajo interdisciplinario organizado por la Procuradora Gils Carbó y la Unidad Fiscal AMIA quedó formalmente disuelto. Desde las agrupaciones de familiares Memoria Activa y APEMIA tomaron nota de la polémica decisión y reclamaron que no se interrumpa el proceso de desclasificación de archivos reservados de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Tanto Garavano como Gils Carbó se acusan mutuamente de ser responsables por no financiar y disolver al equipo. El GERAD comenzó su tarea hace cinco meses, después de 12 años y decenas de decretos que prometieron abrir los archivos secretos. Su función principal es identificar, organizar y preservar la documentación de la ex SIDE desclasificada por el Poder Ejecutivo y la que esté en poder de la actual Agencia Federal de Inteligencia.
La propuesta había sido presentada por Sabrina Namer, Roberto Salum y Patricio Sabadini, los titulares de la dependencia del Ministerio Público encargado de la investigación del atentado a la mutual judía, en el marco de un plan de trabajo programado tras la muerte del fiscal Alberto Nisman. El GERAD contaba con la colaboración de la Unidad Especial de Investigación del atentado contra la AMIA, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la Argentina no sólo asumió el compromiso de desclasificar los archivos de los servicios de Inteligencia, sino también de realizar un relevamiento de todo lo que esconden esos archivos y evitar que se pierdan. Los familiares agrupados en Memoria Activa, el CELS y otras organizaciones reclaman que este trabajo imprescindible no se frene.
“Expresamos nuestra solidaridad para con los profesionales del GERAD y exigimos que se conforme una Comisión Investigadora Independiente en el ámbito del Congreso Nacional, que tenga acceso irrestricto a los archivos secretos para conocer la verdad e impulsar el juicio y castigo para todos los responsables en el crimen de nuestros familiares y amigos en la AMIA”, reclamó APEMIA mediante un comunicado.
Por su parte, el CELS y Memoria Activa enviaron una misiva al Ministro de Justicia y al titular de la flamante secretaría de Investigación del atentado a la AMIA, Mario Cimadevilla, para expresar su preocupación ante la disolución del GERAD. “La creación del GERAD y la aprobación del protocolo elaborado para hacer el relevamiento y asegurar el resguardo de la documentación, representan acciones concretas dirigidas a garantizar la transparencia del proceso de desclasificación y a dar acceso real a las partes. De acuerdo a los avances de dicho trabajo, el mantenimiento de este grupo de trabajo es una condición de sostenibilidad y continuidad de las tareas comenzadas”, afirma la carta firmada por Adriana Reisfeld y Diana Wassner, respectivamente presidenta y secretaria de Memoria Activa.
En otro tramo del reclamo, la agrupación sostiene que “el cambio de gobierno tuvo como consecuencia la no renovación de los contratos para los integrantes de ese Grupo, lo que ha generado una total incertidumbre sobre la continuidad de las tareas encomendadas”. Para finalmente expresar la frustración que genera el hecho de “que se frene un proceso que estaba avanzando en uno de los puntos centrales del compromiso asumido por el Estado argentino en el marco del trámite del caso internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
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