El gobierno de Cambiemos (PRO, UCR, Carrió) ha comenzado su gestión con la intención clara de dinamitar todo el sistema de precios y transferencias intrasectoriales dejado por el kirchnerismo. Esto significa no sólo devaluar la moneda, sino impulsar el alza de precios, permitir la libre exportación de productos básicos para la canasta familiar, insinuar un piso notablemente bajo para el alza de salarios (26%), elevar fuertemente la tasa de interés, reducir drásticamente los subsidios a la energía y el transporte, reducir personal estatal y cortar programas sociales de diversa índole. Modificar el rol distribuidor de ingresos del Estado, y dejar que los grandes capitales (llamados eufemísticamente “mercados”) diseñen el esquema distributivo que sea de su conveniencia.
En los manuales convencionales de economía, esto se llama modificar los “precios relativos”. Es decir, más allá del valor que tenga dentro de seis meses el pan, el alquiler, la energía eléctrica, el salario, o el dólar, lo que importa es cómo cambiarán en sus posiciones, unos en relaciones a otros. Quienes quedarán más altos, y quienes más bajos.
La certidumbre que hoy tenemos es la voluntad, el convencimiento del actual equipo gobernante, de la necesidad y urgencia de modificar los precios relativos dejados por la anterior administración, para impulsar un esquema que restituya la rentabilidad de diversos sectores propietarios, y vuelva a insertar a la economía argentina en el lugar “que le corresponde” en la división internacional del trabajo.
La “visión” que alienta al neoliberalismo pro empresarial encarnado en este gobierno, es que no tiene ningún sentido intentar impulsar desde el Estado transformaciones productivas o distributivas progresistas, sino que deben ser las propias fuerzas del mercado (grandes capitales extranjeros y en menor medida locales) lo que diseñen el perfil productivo –y por lo tanto social- del país.
No hay antecedentes locales ni internacionales de que tal “visión” conduzca al desarrollo, o al progreso social. En cambio contamos en nuestra propia historia económica con los episodios relativamente recientes del experimento de Martínez de Hoz, durante la dictadura cívico-militar, y de Domingo Cavallo, Roque Fernández, José Luis Machinea, Ricardo López Murphy y el propio Cavallo, bajo los gobiernos del Partido Justicialista y la Alianza, que provocaron enormes daños al tejido productivo, sin impulsar ni un milímetro la economía hacia el desarrollo.
Bajo el argumento de favorecer el mercado frente al Estado, se terminó generando episodios de transferencia de recursos desde los sectores menos favorecidos hacia la cúpula social, y desde el Estado hacia el capital extranjero, que si bien contaron con el visto bueno del mundo empresarial y de la “comunidad internacional de negocios”, acercaron al país a los peores rasgos de la realidad latinoamericana.
Incertidumbres
A pesar de la clara voluntad gubernamental de modificar los precios relativos en un sentido económico y socialmente regresivo, la sociedad no es precisamente un “paper”, un “modelo matemático”, ni un ensayo escrito para agradar al paladar empresario.
La evolución de los diversos precios que establecen los parámetros para la distribución de la riqueza social, no dependen exclusivamente de resoluciones gubernamentales, ni de decretos de necesidad y urgencia.
Todos los precios tienen detrás actores sociales (trabajadores, consumidores, usuarios, vecinos) que cuentan en democracia con un conjunto de instrumentos para defender sus propios intereses, y hacerle saber a las ocasionales autoridades qué configuraciones de precios relativos son viables y sostenibles, y cuáles no. Por eso, para el resultado final de la configuración de los precios relativos, serán relevantes los medios de comunicación y el aparato judicial, cada vez más volcado a apoyar a las políticas antipopulares.
En los próximos meses, a medida que se puedan observar con mayor claridad el efecto de las medidas adoptadas, y el impacto sobre la situación distributiva, se podrá observar cuál es el núcleo de las políticas de Cambiemos, más allá de las toneladas de publicidad arrojadas en forma permanente por los medios hegemónicos y los encargados de marketing político neoliberales.
En esa dialéctica entre “diseños gubernamentales” y acciones sociales, se determinará la nueva configuración de precios relativos. La nueva administración parece ser experta en lanzar propuestas extremas, para luego “consensuar” en los términos en que realmente desea colocar la situación.
Este truco puede durar un tiempo. Hoy el gobierno PRO-UCR tiene un crédito en parte de la opinión pública, y cuenta a su favor con la buena situación relativa de los sectores populares, que tienen algún margen en sus ingresos para soportar ciertos recortes. Sin embargo, la dimensión de las medidas que está tomando el gobierno es mucho mayor que ese “colchón” de tolerabilidad que tienen vastos sectores de la población. Cierto sindicalismo se ha hecho el distraído o ha fingido sorpresa frente a las duras medidas redistributivas. También esas maniobras de corto plazo tienen sus límites.
El menemismo, como proyecto neoliberal, contó con el “valioso” episodio de la hiperinflación que lo precedió, para lograr un cheque en blanco de la sociedad que le alcanzó para producir gravísimas reformas estructurales, de difícil reversión. Este gobierno entrante no cuenta con ese “activo” de una catástrofe previa para justificar similares objetivos neoliberales. ¿Alcanzará con una masiva campaña de medios para convencer sobre la necesidad del sacrificio popular a la voluntad de los “mercados”?
Economía y política estarán muy fuertemente imbricadas en los próximos tiempos, aunque el macrismo vuela a insistir que sus medidas son “técnicas”, no políticas.
La sociedad dirá si está dispuesta a creer, o no.
