“Menem sabe, no sólo porque lo dijo su abogado en la tercera audiencia, sino por la posición que ocupó, por las reuniones en las que estuvo. Sabe cosas que son secreto de Estado, que pueden afectar relaciones con otros países”, afirmó Alejandro Rúa, uno de los abogados que representa a los familiares de las víctimas del atentado reunidos en Memoria Activa. Y aclaró que en este juicio el ex presidente “tenía la oportunidad de decir lo que sabe; al estar imputado la situación cambió para él, tiene derecho a ejercer su defensa sin ninguna restricción”.
Desde la Secretaría presidida por Carlos Zannini, informaron al respecto que no existe un compromiso legal específico que obligue a quienes ejercieron el cargo de Presidente de la Nación a guardar secretos de Estado del que deban ser relevados. “Ninguna norma que eventualmente así lo dispusiera tendría entidad para limitar de modo alguno el amplio derecho de defensa garantizado por la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos incorporados a ella”.
En esta causa, también el abogado Hugo Anzorreguy intentó no declarar. Antes que comenzara este juicio, el jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado durante el gobierno de Menem, intentó resguarde en el secreto de Estado.
“El tribunal ya resolvió al respecto; si fuera testigo sería necesario que lo releven del secreto de Estado; pero al ser imputado no hay ninguna limitación para que ejerza su derecho a la defensa”, explicó Alejandro Rúa.
En otro orden de cosas, familiares de víctimas del atentado a la AMIA presentaron esta última semana un escrito para ser aceptados como querellantes en la causa contra el ex director de operaciones de la Secretaría de Inteligencia Antonio Stiuso.
“La presentación de Parrilli contra Stiuso y Nisman vacía de contenido al juicio oral que acaba de comenzar contra (Carlos) Menem, (el ex juez Juan José) Galeano, (y el ex titular de Inteligencia Hugo) Anzorreguy y la plana mayor de la SIDE de entonces”, sostienen desde Apemia.
Asimismo, en el acto por el 80 aniversario de la creación de la DAIA, la entidad renovó reclamo para esclarecer el atentado a la AMIA y la muerte de Nisman. «La justicia está en deuda con la sociedad argentina por no haber encontrado a los responsables del ataque terrorista”, sostuvo el presidente de la DAIA, Julio Schlosser. Y fundamentó su concepto hacia la justicia en que «a 21 años del atentado a la AMIA no tenemos culpables, no tenemos detenidos, no tenemos nada».
Y agregó: «Cuando hablo de justicia, digo que primero tenemos que tener verdad, porque la justicia sola no nos sirve. Primero, la verdad: quién fue, cómo fue, quién lo apañó y quién lo encubrió. Después viene la justicia. La justicia sigue en deuda con la comunidad judía, sigue en deuda en todos los sentidos».
Y en relación a la muerte del ex fiscal, Alberto Nisman, Schlosser manifestó que «la DAIA respeta la justicia, no pone ni saca funcionarios. Pero después de ocho meses de la muerte del fiscal Alberto Nisman, se debería saber qué pasó».
