La causa AMIA estaba muerta. No iba a ninguna parte. El gobierno intentó lograr la indagatoria de los principales acusados -en base a la hipótesis iraní, pero fracasó, tanto por el rechazo de la oposición interna como por la negativa del propio parlamento de la República Islámica. ¿Y entonces? No había pruebas válidas judicialmente para sustanciar la acusación a Irán, no se había investigado en absoluto la hipótesis siria, y no se había avanzado en la comprensión sobre cómo se había organizado el encubrimiento y la destrucción de pruebas que existían al principio de la causa y que “alguien” se encargó de eliminar.
Repentinamente, el fiscal Nisman generó un hecho espectacular, no sólo nacional sino internacional: denunció que la presidenta de la Nación, el canciller Timerman y otros miembros del oficialismo buscaban la impunidad de los acusados iraníes para lograr objetivos comerciales para el país. Una acusación tan grave como inesperada, que colocaba al gobierno argentino casi entre los sospechosos de vínculos y colaboración con el terrorismo internacional.
Y luego, poco antes de presentarse ante miembros del Congreso nacional para fundamentar sus afirmaciones, murió.
Un plato perfecto para el sentido común global: “asesinan al fiscal que denunció a la presidenta argentina”.
¿Investigación o razón de estado (extranjero)?
No hay espacio aquí para historiar la larga relación del extinto fiscal con la embajada norteamericana –ampliamente documentada en Wikileaks-, ni con los “servicios de inteligencia” locales y de otros países. Por lo que está documentado, esa relación no parece haber sido de intercambio de información entre partes simétricas, sino entre una parte que no cuenta con ningún elemento para resolver nada (entre otras cosas, por el lamentable perfil de los servicios de inteligencia locales), y otras que cuentan no sólo con “información” –dicho esto en el sentido más relativo posible-, sino con intereses políticos manifiestos en los resultados de la investigación.
Las presiones externas parecen haber ido en una misma dirección: el culpable debe ser Irán. Entiéndase bien: para quienes asumimos que no sabemos quién fue, toda hipótesis debe ser investigada hasta agotarla. Pudo o no haber sido Irán. En esta investigación concreta, sin embargo, toda hipótesis alternativa fue descartada. En estrecha relación con la línea política norteamericana e israelí.
No se realiza ningún descubrimiento si se repasan los intereses norteamericanos e israelíes que en este caso desembocan en una acusación a Irán. Estados Unidos ingresó en el siglo XXI decidido a prolongar el extraordinario predominio logrado en las últimas décadas del siglo precedente. Su política exterior global ha sido la de lograr diversos niveles de “cooperación” o subordinación de los espacios políticos alternativos existentes al dominio norteamericano y del capital multinacional. Es en ese marco, durante la gestión de George W. Bush, que se llegó a discutir en los influyentes círculos neo-conservadores la oportunidad y conveniencia de bombardear con armamento nuclear a ese hostil enemigo regional de los norteamericanos –Irán-, que promovía la desestabilización de otros regímenes –no menos retrógrados- pero aliados petroleros estratégicos de EE.UU.
Israel, por su parte, fue identificando a Irán como su principal enemigo regional, a medida que otros potenciales enemigos salían de escena. Ese fue el caso de Siria, en el momento de las tratativas de paz en los años ´90, y luego el caso de Irak, cuyo Estado fue destruido a comienzos de los 2000 por parte del ejército norteamericano en su búsqueda de “armas de destrucción masiva”. Vale la pena recordar –hablando de la confiabilidad de los servicios de inteligencia norteamericanos-, que dichas armas jamás fueron halladas aunque fueron “detectadas” por los esos servicios de inteligencia, lo que constituyó el elemento fundante de la decisión oficial norteamericana de producir la invasión.
Sin Siria ni Irak, Irán pasó a ser para Israel el contendiente más poderoso militarmente, y con capacidad de irradiación política e ideológica regional. Irán asumió con facilidad el papel de un enemigo desafiante, debido a la visión radicalizada del régimen, que incluía un antiisraelismo exacerbado que, en el caso del presidente Ahmadinejad, se deslizaba francamente al terreno antisemita, al promover activamente la negación del Holocausto. Adicionalmente, Irán decidió ingresar en el terreno de la tecnología nuclear, avanzando en un ambiguo espacio tecnológico en relación al uso pacífico o militar de ese recurso.
El caso iraní se constituyó, por esas razones, en un tema muy relevante de la agenda internacional norteamericana e israelí, que incidió ampliamente en el posicionamiento diplomático global de éstos países, y a través de la dependencia “de inteligencia”, pero también ideológica y política argentina, en el argumento central de la causa AMIA.
El sentido de la muerte
Una muerte genera pasiones. El caso AMIA también. Pero no deben impedir analizar los hechos desde un punto de vista político, porque es eso lo que está en discusión en el espacio público. El documento presentado por Nisman es apenas un boceto, un ensayo fuertemente político y asertivo, sin solidez jurídica.
Cuando Nisman presentó una denuncia con tantos efectos políticos previsibles (grave deslegitimación moral del gobierno, que podría promover eventualmente su remoción), pero también tan débil desde el punto de vista probatorio, abandonó el campo de la investigación sustentada en elementos jurídicos serios (esa era su obligación desde hacía varios años), e ingresó de lleno al campo de la lucha política frontal contra el gobierno argentino.
No sabemos por qué decidió producir un hecho político conmocionante sin suficiente sustento, ni por qué eligió este momento -ya que muchos elementos presentados obraban hacía tiempo en su poder-.
Su denuncia no agrega nada sobre todas las presunciones en relación a Irán, -es más, insiste exclusivamente por ese mismo sendero predeterminado-, pero agrega una novedad espectacular en relación a poner al gobierno nacional en el banquillo de los acusados no sólo a nivel nacional, sino internacional.
En ese sentido, la pregunta relevante, dado el hecho político provocado, es quién podía estar interesado en promover un ataque tan violento contra el gobierno nacional, y tener al mismo tiempo la suficiente influencia sobre el fiscal Nisman como para impulsarlo a actuar, incluso comprometiendo su reputación profesional dada la baja calidad jurídica del escrito presentado.
Surgen dos actores de muy diverso nivel como candidatos a haber motorizado la maniobra: por un lado los servicios de inteligencia locales desplazados en la reciente “intervención” en la Secretaría de Inteligencia, incluyendo a personajes tan opacos e influyentes como Jaime Stiuso, Jefe de Contrainteligencia de la SI. ¿Cuál sería el móvil? Dañar y desestabilizar al gobierno nacional, o debilitarlo fuertemente.
Otro eventual interesado en provocar una denuncia escandalosa sería la diplomacia –o un sector de ella- de los Estados Unidos. ¿Cuál sería el móvil? En este caso los motivos serían vastos y complejos. Desde la llegada de los Kirchner al poder, Argentina se ha mantenido tozudamente en una línea fuertemente latinoamericanista, siendo un pilar de la construcción del Mercosur, la UNASUR y la CELAC. UNASUR ha logrado neutralizar varios intentos de desestabilización de gobiernos progresistas en la región, promovidos tanto por las derechas locales como admitidos con diversos niveles de involucramiento por EE.UU.
El rechazo a la política de integración pasiva de América Latina a la economía norteamericana (el proyecto ALCA), el desplazamiento del FMI de los principales países de la región, y una proyección más independiente en la escena global, han sido características de la política externa argentina reciente. Basta revisar los discursos internacionales de la Presidenta, para constatar una visión marcadamente alejada del tono aséptico y colaborativo que agrada a los norteamericanos.
El reemplazo en toda la región de regímenes independientes y progresistas –que a su vez han generado cierta sinergia que los ha fortalecido-, por otros más dóciles que adhieran a la “globalización” promovida desde los centros occidentales, es una parte de la agenda diplomática norteamericana que nadie bien informado puede ignorar.
El fervor con el que la red global de medios de comunicación conservadores -que reflejan el pensamiento de la administración norteamericana- reprodujo las interpretaciones más hostiles y simplificadas de lo ocurrido en Argentina, es un indicio de la actitud negativa con el que círculos norteamericanos influyentes y la derecha global se vinculan con el gobierno argentino, y particularmente de la visión de los hechos que defienden.
Las necesidades de la derecha local
Un núcleo autoritario y agresivo de la derecha argentina siempre ha sido hostil al gobierno nacional. A lo largo de los últimos once años ha tratado de desestabilizar al gobierno, con escasa fortuna, apelando a recursos mediáticos, económicos y políticos. En el episodio Nisman han encontrado una nueva oportunidad para atacar, cacerolear e intentar sacar rédito de la denuncia del fiscal.
Sus diarios titularon “Crisis institucional gravísima…”, “Conmoción…”, “Miedo…” Mientras que varios de los políticos cerrilmente antikirchneristas sugerían “ahora también matan…”.
La agitación antigubernamental no se respalda en la realidad de los hechos comprobables, pero sí en una voluntad política enorme de cargar sobre el gobierno y la Presidenta la responsabilidad de todos los males nacionales, en función de restaurar un orden económico y social conservador.
La derecha social y política más dura, adherente fervorosa al discurso neoliberal hegemónico, viene haciendo reiterados intentos de incluir al gobierno nacional en el “index de los malos” de Estados Unidos. Buscan, desde el comienzo de esta etapa política “llenar el formulario” del Departamento de Estado norteamericano, que conduzca a declarar a nuestro país antidemocrático, anti mercado, autoritario, terrorista, etc. Esta “clasificación” del país sería luego continuada –como viene siendo habitual en el mundo desde hace décadas- por una larga lista de sanciones con distinto niveles de profundidad y violencia.
Cabe recordar, en un repaso rápido, las acusaciones acumuladas en éstos años al kirchnerismo, donde se llegaron a denunciar proto-milicias armadas, grupos de choque, ataques a amedrentamiento a la prensa, intimidación a empresarios, intervencionismo y dirigismo estatal, chavismo –sea cual sea el significado de esa “mala” palabra-, políticas anti mercado y aislacionistas “del mundo”, voluntad de conflicto con todos y en especial con los acreedores financieros, etc.
La señora Carrió, por ejemplo, ha declarado que piensa denunciar a funcionarios del gobierno por su pasado en Montoneros, agrupación que en algún momento mandó a militantes a recibir entrenamiento militar en El Líbano. Hay que ser muy imaginativo para tratar de encontrar un vínculo “oculto y oscuro” entre ese mundo y el actual. Entre otras cosas, porque el fundamentalismo que hoy conocemos no existía, pero sí la OLP, organización palestina nacionalista y laica con la cual Israel ya ha firmado acuerdos de paz.
Puesto todo esto en el expediente argentino del Departamento de Estado, aunque la mayoría sean fabulaciones y delirios del “tea party” argentino, alcanzarían para que una administración que desee encontrar excusas para hostilizar a la Argentina, tenga “fundamentos” para hacerlo. El punto es importante: todos esos elementos se los suministra, sistemáticamente, la prensa de derecha local, sus ideólogos e instituciones colaterales. No es que Estados Unidos no sea un activo protagonista de la política local –como Wikileaks muestra en los casos del propio fiscal Nisman, o en la colaboración de Sergio Massa con la embajada norteamericana cuando era Jefe de Gabinete-, pero ciertos sectores halcones quieren empujar a esa potencia a asumir niveles mayores de involucramiento en la desestabilización y/o degradación del gobierno actual.
El lugar de las instituciones judías en este combate político
Las instituciones comunitarias, en lugar de adoptar una línea firme y prudente, parecen haber decidido tomar partido por la versión que promueve la derecha destituyente. Por un lado, más allá del dolor por el fallecimiento del fiscal Nisman, han cultivado una imagen idealizada del mismo que no concuerda con las complejidades de la historia de la investigación. Pareciera que la muerte de Nisman confirmara tanto que su denuncia contra el gobierno es cierta, como que la hipótesis iraní fuera plenamente probada. Nisman sería así un mártir en la defensa de una verdad ¿judía? que el gobierno desearía encubrir, recurriendo al asesinato directo para frenar esa supuesta verdad.
Una multiplicidad de gestos recientes muestra este el rechazo de las instituciones comunitarias al gobierno. Penosa fue la decisión de ausentarse de la conmemoración oficial del Día internacional del Holocausto, una actividad de profunda significación que debería estar por encima de la mediocre partidización de la muerte del fiscal. Actitud sólo explicable por el clima de sesgada sospecha a la que indudablemente adhieren los dirigentes comunitarios: actúan como si tuvieran una clara convicción sobre la responsabilidad criminal del gobierno. Esa sensibilidad opositora que muestran (Macri y su nombramiento del Fino Palacios nunca existieron) no contribuye al esclarecimiento de la muerte del fiscal, pero aporta considerablemente al clima que la derecha local e internacional pretende crear en torno al gobierno argentino.
Las dos verdades del poder
Pasando en limpio este desastre que venimos arrastrando hace 21 años, al día de hoy no tenemos pruebas fehacientes de casi nada, y no se han investigado una serie de pistas disponibles que están en la causa. Pero eso no parece importar para los grandes factores de poder, con incidencia sobre franjas considerables de la opinión pública.
La “verdad” reclamada por los Estados Unidos e Israel, es que Irán sea el culpable indiscutido de la voladura de la AMIA. La “verdad” reclamada por la derecha vernácula, y especialmente por el grupo Clarín, es que el gobierno sea el responsable de la muerte de Nisman.
La dirigencia comunitaria, revelando sus preferencias ideológicas y materiales, ha elegido pararse en la confluencia de estas dos “verdades”.
Las pruebas, para estos actores, no tienen importancia.
