El 31 de diciembre pasado, la propuesta palestina en el Consejo de Seguridad que entre otras cosas pedía por la retirada israelí del territorio de Cisjordania, no logró los 9 votos necesarios para que el proyecto de resolución sea aprobado y así forzar a Estados Unidos a usar su veto, lo que hubiera implicado un costo político para la administración de Obama. Al haber fracasado en Naciones Unidas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, decidió inmediatamente firmar una serie de acuerdos internacionales, entre ellos el Estatuto de Roma, que allana el camino a la ANP para entrar a la Corte Penal Internacional (CPI) de la Haya y en el futuro demandar a Israel por Crímenes de Guerra. La CPI es un tribunal internacional creado en el 2002 y su objetivo es juzgar los crímenes de guerra más graves, entre ellos el Genocidio y Crímenes de Lesa Humanidad
Cabe destacar que la jurisdicción de este tribunal internacional no está reconocido por Israel, pero aun así esta movida política ha generado reacciones de parte del gobierno de Netanyahu, como el congelamiento de los fondos destinados a la ANP que Israel recolecta en función de los acuerdos de Oslo de 1993.
El análisis que se puede realizar de esta situación es que Abbas se vio obligado a actuar debido a las presiones internas de quienes dudan de su capacidad de liderazgo, y ante la necesidad de demostrar un resultado inmediato decidió nuevamente proceder a la comunidad internacional creyendo que iba a tener el mismo resultado que en 2012, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas mejoró el status de los palestinos en carácter de “Estado observador”, que si bien fue un triunfo de carácter simbólico para presionar a Israel, habilitó a la ANP para firmar tratados internacionales o pedir el ingreso a organismos internacionales, como la CPI, para ejercer todo tipo de presión diplomática a Israel, que por supuesto será resistida por el Estado Judío ya que no permitirá la creación de un futuro Estado Palestino impuesto desde afuera y en condiciones adversas.
Mahmud Abbas había anunciado un plan de tres etapas consecuentes entre sí, en primer lugar el proyecto de resolución en el Consejo, y si esto fracasaba, como segunda etapa, la Autoridad Palestina haría los trámites necesarios para entrar a la CPI y proceder contra Israel. En la última etapa, el presidente palestino amenazó con disolver la ANP ante lo que él considera el fracaso de las negociaciones de paz.
Una de las dudas que surgen es el motivo del apuro del presidente palestino para presentar el proyecto de Resolución, ya que el 1 enero cambiaban los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y entre ellos iba a tener mayores posibilidades de conseguir Estados afines a la postura Palestina. El apuro lo llevó a la derrota y el presidente palestino se vio obligado desde el frente interno a cumplir su amenaza de entrar al tribunal internacional. Algunos analistas sostienen que Abbas utilizaba estas amenazas sólo para hacer ruido y esperaba apoyo de un país externo al conflicto. Nada de esto ocurrió en este caso y Abbas se vio forzado a cumplir lo que dijo y adoptar una postura más agresiva. Por qué el presidente palestino hizo esta movida antes de las elecciones del 17 de marzo en Israel y no esperó a ver los resultados, es otra duda que surge ante este episodio.
Al único sector en Israel que beneficia esta situación es al oficialismo del Likud, que no considera a Abbas como un aliado sino como un enemigo con quien no se puede negociar y perjudica a Israel al formar gobierno con los terroristas de Hamas. El líder palestino le dio el argumento perfecto a la extrema derecha para convertirlo en un enemigo que quiere dañar a Israel y con quien no se puede tener diálogo posible. Si el fin era lograr presión para conseguir un resultado, con esta movida sólo habrá logrado lo contrario y fortalecer a los sectores políticos de Israel que no desean las conversaciones de paz ni cuestionar los asentamientos, el muro y otras cuestiones que hacen de este conflicto complejo de resolver.
En medio de esta crisis, Yuval Steinitz, ministro de Asuntos Exteriores de Israel, afirmó: “Si la Autoridad Palestina no retrocede, creo que tendremos que tomar medidas mucho más severas”. De esta manera, puso en evidencia la escalada política por parte del gobierno israelí hacia la Autoridad Palestina. Tras el congelamiento de los fondos para la ANP, algunos analistas conjeturan incluso con la posibilidad de disolución de la Autoridad Palestina por decisión unilateral de Israel. Si Israel decidiera seguir apostando por un enfrentamiento político con Mahmud Abbas, esto beneficiaria a Netanyahu para seguir justificando su posición de no negociar con la ANP.
En particular todavía es temprano para sacar conclusiones apresuradas, no es la primera vez que Israel congela los fondos correspondientes a la ANP ya que se tomó una medida similar durante dos meses en 2013 a raíz de la mencionada resolución de Naciones Unidas en 2012. Sin embargo en ese caso se levantó el congelamiento de los fondos para darle una oportunidad a las negociaciones de paz. ¿Qué ocurrirá en este caso? Es difícil de predecir y más en plena campaña electoral. Lo único concreto es que la escalada diplomática entre Israel y Palestina ha entrado en una nueva fase, de la cual sabemos cómo empiezan estos cruces y enfrentamientos pero no cómo terminan.
El autor es Licenciado en Recursos Humanos y estudiante de Ciencia Política.
