El proyecto original, aprobado inicialmente por el Consejo de Ministros por 14 votos frente a seis, debe votarse en la Knesset, pero la amenaza de crisis en la coalición de derecha hizo retrasar el proceso parlamentario, para ganar el tiempo necesario que permita habilitar alguna propuesta que genere un mayor consenso.
El aplazamiento de la votación de la norma puede calmar los ánimos, pero la raíz del choque sigue siendo la misma: los tres partidos de derecha y ultraderecha mantienen su apuesta por dar prioridad al valor judío de la nación y no tienen intención de mantener el actual estatuto de la población árabe de Israel.
La propuesta inicial fue de Zeev Elkin, uno de sus hombres de confianza de Netanyahu. Elkin es el más firme partidario de una ley que según el fiscal general, Yehuda Weinstein, “no puede ser avalada” porque choca con la Declaración de Independencia -la columna vertebral de la legislación israelí, habida cuenta de que Israel no posee Constitución- donde se expresa sin lugar a dudas que la igualdad de los ciudadanos es inviolable. “Este proyecto de ley es un ataque a la naturaleza democrática de Israel”, afirmó Weinstein, para advertir que el Tribunal Supremo difícilmente podrá aceptarla.
El único consenso de todas las fuerzas políticas israelíes sobre la nueva ley es que refuerza los símbolos nacionales, el calendario judío y la protección de los santos lugares.
Respecto al polémico proyecto, la presidenta de Meretz, Zehava Gal-On, señaló que Netanyahu y sus socios de la coalición de derecha están cometiendo «un crimen contra la democracia israelí y serán responsables de una de las manchas más negras en la ley israelí».
“Es un proyecto radical que lleva a la teocracia. Eso no va a ocurrir”, denunció la ministra de Justicia, Tzipi Livni, quien subrayó que la norma “convertirá en ciudadanos de segunda a las minorías”, es decir, a casi el 25% de la población de Israel (aproximadamente 1.900.000 de habitantes) que no es judía, y “atenta descaradamente contra la democracia”. Sus palabras fueron similares a las de Isaac Herzog, al frente del Partido Laborista, que cree que Netanyahu “tapa” con esta polémica los crecientes problemas de seguridad o empleo.
Asimismo, el expresidente Shimón Peres se pronunció en contra del proyecto, al considerar que el plan es un intento de «subyugar la Declaración de Independencia a necesidades políticas fugaces». Y fue más explícito al subrayar que «el proyecto podría sacudir a la Nación y destruir el Estado democrático de Israel».
Por su parte, el actual presidente israelí, Reuven Rivlin, también criticó la iniciativa derechista. «¿No juega esta ley a favor de los que buscan difamarnos? ¿No cae en las manos de los que quieren demostrar, incluso entre nosotros, que hay una contradicción entre ser un pueblo libre en su tierra y las libertades de las comunidades no judías?», reflexionó.
Además, Rivlin señaló que la Declaración de Independencia recalca la naturaleza judía y democrática del país, y destacó que la misma insiste en que la comunidad árabe del país no debe sentirse igual a cómo lo hicieron los judíos en el exilio. «Por ello, la Declaración no sólo determina la completa igualdad de derechos sociales de todos sus ciudadanos, sino sus derechos religiosos, educativos, culturales e idiomáticos», manifestó.
La condición judía del Estado, reconocida desde la independencia en 1948, no se había intentado plasmar hasta ahora en un texto legal. Daniel Friedmann, exministro de Justicia, explicó que hay que aclarar mucho el articulado de la nueva norma antes de saber qué cambiará exactamente en la vida de los no judíos —“posiblemente, no demasiado”, predice—, pero advirtió que declarar la primacía de unos israelíes sobre otros puede causar “estragos” en la imagen “democrática” de la Nación.
