Opinión de Beatriz Gurevich:

“Escribo porque, a pesar de todo, confío”

En un espacio-tiempo en el que la moral dejó de ser un territorio significativo para convertirse en una suma de enunciados banales, re-encarrilar las prácticas instituidas por las organizaciones judías centrales, en la segunda mitad de la década de 1990, requiere de una importante dosis de grandeza y de coraje, por parte de los actores responsables. Los ataques terroristas contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y, sobre todo, el acto contra la sede de la AMIA, en 1994, despejaron el camino de aproximación al Poder nacional para los directivos de las instituciones centrales de la comunidad judía. Nunca antes, ni siquiera los dirigentes de la OIA -en tiempos del primer Gobierno de Perón- lograron una interlocución tan fluida con las autoridades nacionales. Pero el tipo de relación que se estableció entre los actores comunitarios y los actores políticos nacionales no dio los frutos esperados.

Por Beatriz Gurevich *

Con el correr de los años, la seriedad y la firmeza del reclamo inicial fueron perdiendo fuerza. Los actores judíos responsables por el seguimiento de la investigación del atentado, comenzaban a ser cautelosamente cuestionados. Cuando esto sucedía sacaban a relucir las credenciales del riesgo personal y de la complejidad de una causa con infinitos expedientes. Así se fue conformando una cerrada logia de pequeños actores que, en función de unos supuestos altos fines, omitían denunciar la destrucción concreta de pruebas sustantivas para la investigación, toleraban de manera recoleta las desprolijidades más groseras del juez Juan José Galeano -a cargo de la causa-, mientras instituían un clima de oscura y generalizada amenaza que neutralizaba la posibilidad de disenso y se resolvía con el reclamo de mayores medidas de seguridad; como si la seguridad estuviera desvinculada del esclarecimiento de los hechos.
Poco después del primer aniversario del ataque contra la sede de AMIA, el 28 de septiembre de 1995, durante una sesión especial del Comité de Relaciones Internacionales de la Casa de Representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos, dedicada al atentado contra la AMIA, el Rabino Avi Weiss señaló con precisión, fallas en la investigación judicial; cuestionó el desempeño de Galeano, y responsabilizó a altos funcionarios del Estado argentino por el encubrimiento.
En esa misma reunión, en nombre de la querella, Rubén Beraja defendió al juez con el apoyo del representante de la B´nai B´rith. Los años mostraron la veracidad de gran parte de las denuncias de Weiss y el error de quienes defendieron al juez. Pero las sucesivas comprobaciones del fracaso de la investigación no modificaron la estrategia de nuestros representantes. (El documento oficial publicado por el Comité de Relaciones Internacionales de la Casa de Representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos, se encuentra en la biblioteca del Seminario Rabínico Latinoamericano).
Recientemente, en el programa televisivo que conduce Nelson Castro, el periodista corrigió un grave error conceptual en las apreciaciones de Marta Nercellas -abogada de la DAIA- sobre Galeano. Ante la insistencia de Nercellas acerca de que no importa quién investiga, sino que se llegue a descubrir a los culpables, Castro señaló con agudeza que la resolución del caso depende, en gran medida, de quién está a cargo de la investigación. A la luz de los resultados es difícil entender porqué no se renuevan los actores y las estrategias.

Impunidad por inmunidad

En 1995 escuché, por primera vez, algunas de las explicaciones que circulaban entre altos funcionarios del Gobierno, para justificar la falta de adelantos en la dilucidación de la masacre. La más frecuente insistía en la necesidad de cambiar impunidad para los funcionarios diplomáticos iraníes por inmunidad, para evitar un tercer atentado. Paralelamente, nuestros dirigentes -en una relación que aparecería como cuasi simbiótica con el Poder nacional- también machacaban sobre el mismo tema en cuanto acto público se presentaban, como si ese fuera el principio y el final de toda la investigación. Ni los unos ni los otros, hacían referencia a los motivos por los que el juez Galeano dejó sin recorrer huellas serias que no conducían necesariamente a Irán. (Los datos que justifican esta aserción han sido reiteradamente publicados por los medios de comunicación nacionales y comunitarios. Véase también el artículo del que soy co-autora con Carlos Escudé: “Incipient State Disintegration, Corruption and Transnational Terrorism: The Case of the 1992 and 1994 Attacks in Buenos Aires”, EIAL, Nov. 2003, Editorial de la Universidad de Tel Aviv, Israel).
Lamentablemente, el apoyo incondicional de la DAIA al juez Galeano y el gesto silencioso de AMIA en esos años, alentaron la cadena de desviaciones y encubrimientos que jalonaron la investigación judicial.

El re-significado de la amenaza

Muchas veces me pregunté, y pregunté, cuáles eran los fundamentos de esa defensa a ultranza. Nunca obtuve una respuesta creíble. Ello me condujo a hacer un seguimiento puntual de todo lo que aparecía en los medios locales y del extranjero, de las fuentes abiertas, y de toda la bibliografía sobre el atentado que estuvo a mi alcance.
A medida que más me informaba y que comenzaba a articular, y a analizar temas e indicadores, mi desconcierto fue cediendo paso a la indignación. Tal vez, condicionamientos concretos limitaban el éxito de la investigación. Pero, nada impedía a los responsables institucionales del seguimiento del trabajo del Juez Galeano, la denuncia de sus incorrecciones o, por lo menos, de su grave irresponsabilidad o incompetencia. Me refiero al señalamiento público que hubiera correspondido hacer, en tiempo y forma, ante las reiteradas pérdidas de pruebas sustantivas, inclusive al interior del juzgado.
Con los años, la evidente inoperancia de algunos actores comunitarios se fue re-significando y transformándose en una amenaza, relacionada con la traición de los principios, de las lealtades y de los valores que se suponían compartidos.
En el curso de la investigación judicial las estrategias para definir lo permitido y lo prohibido entraron en crisis, la figura “conflicto de intereses” cayó en desuso, y desapareció la natural tensión entre actores, que acompaña a todo petición que procura romper con el encubrimiento. La ética de los procedimientos dejó de regir y en su reemplazo, como resultado de este perverso juego de roles, se robustecieron los bloques de cemento que, hasta el presente, ocluyen la fachada y la entrada de las escuelas, los clubes y hasta de los templos judíos.
En este contexto, el acto conmemorativo del tercer atentado constituyó un punto de inflexión en la relación histórica entre la multitud y los personajes del palco oficial. Con gesto contundente, un segmento de los presentes le dio la espalda a las autoridades, sin diferenciar sus incumbencias.
Así se dramatizó el primer gesto de repudio público contra quienes ofendían, con su descaro y cinismo, la memoria de las víctimas, y la dignidad del ciudadano. De allí en más, quedó claro que se había perdido la confianza en las acciones colectivas comunitarias. A su vez, la credibilidad de las autoridades nacionales en relación con los temas del atentado, ya había entrado en descrédito mucho antes.

La ética y las libertades personales

Después del tercer aniversario del atentado (1997) no cabe aducir ignorancia. El conocimiento o el desconocimiento de aspectos de una realidad que tiene estado público es responsabilidad exclusiva de las personas. Es una decisión ética que, como tal, se inscribe en el marco de las libertades personales.
¿Cómo explicar, entonces, el silencio de algunos judíos de intachable conducta personal? En este punto, parecerían haber jugado preponderantemente dos mecanismos:
a) Las personas que malinterpretaron el término “responsabilidad comunitaria”. Inmediatamente después del ataque, esa expresión comenzó a utilizarse y a entenderse como “obediencia debida”. Concepto reñido con la ética y con el respeto por el otro, porque ubica la obediencia al Poder de turno por sobre el bienestar del ente colectivo.
b) Los casos en los que se activó un intenso mecanismo de negación, ante el sufrimiento que produce comprobar la traición por parte de personas en quienes se confió. Además, el conocimiento se acompaña inexorablemente de responsabilidad. Responsabilidad positiva o responsabilidad negativa, por acción u omisión. Del otro lado, están los individuos que para no quedar afuera del “club” se sometieron voluntariamente, y a sabiendas, al pacto de silencio que impuso el liderazgo a sus allegados.

Circunstancias cambiantes

Claro está que en un tiempo de sentidos escasos, donde se hace visiblemente difícil establecer relaciones de responsabilidad solidaria, pretender que la conciencia individual sea el motor de conductas proactivas que modifiquen el escenario, es poco menos que una inocentada.
No obstante, algo fue cambiando en los últimos años en la comunidad judía local. Parecería que aquel gesto que produjo la multitud en 1997 fue generando una sinergia que abre un camino de esperanza, a pesar de la rémora y el lastre que implica la permanencia de dirigentes de triste historia, en algunos puestos claves para el avance de la investigación del atentado. Pero, como decía Ortega y Gasset. “yo soy yo y mi circunstancia”. Y las circunstancias han cambiado.
Como parte de ese cambio comienza a revalorizarse el término intelectual -uno de los legados lingüísticos del Affair Dreyfus- con su resonancia de compromiso político y progresismo, y con su renuencia a permitir que se lo confine en función de los vínculos con corporación alguna. Desde ese lugar escribo. Escribo, sobre todo, por respeto a la memoria de las víctimas fatales y en recuerdo de los sobrevivientes victimizados.

Por ellos

Escribo por Lucía, la recepcionista que dejó su cargo, después de ser inculpada de robo por un funcionario de DAIA, pocos días después del atentado. En la desesperación, Lucía se atrevió a romper el silencio y le contó a Jorge Lanata cosas intrascendentes, pero ciertas, que mostraban las falencias profesionales del funcionario de mayor jerarquía en la DAIA, en ese momento. Después de hablar, Lucía comenzó a temer por su puesto. Tuvo razón (véase Jorge Lanata, “Cortinas de Humo”).
Escribo por Alejandro, el funcionario que bajaba a buscar los diarios del día, cuando la explosión desplomó el ascensor con él adentro. Salvó milagrosamente su vida, pero no pudo preservar su lugar de trabajo en DAIA. Alejandro compartía su tarea en el Departamento de Prensa de la DAIA con la práctica de deportes. Obtuvo el título de Campeón Sudamericano de triatlón. Se reintegró a su trabajo en DAIA cuando fue dado de alta, después de una prolongada internación en el Hospital de Clínicas. Alejandro quedó rengo. Su presencia en la DAIA constituía un ejemplo emblemático de la gravedad de la tragedia irresuelta. Aún en silencio, la presencia de Alejandro aullaba. No se toleró.
Escribo por Rebeca (Tita) Sacolsky, cuyo derecho a obtener copia de la grabación de su testimonio personal no fue respetado por las autoridades de la DAIA, en los años 1997-1998. Rita fue una de las personas que prestó declaración en el contexto del estudio sobre las víctimas judías de la represión, durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983. Necesitaba su testimonio para iniciar un juicio contra sus torturadores. Su testimonio es de singular importancia porque, aunque Rita había declarado ante la CONADEP, cuando dio testimonio en el contexto de la investigación que realicé por encargo de la DAIA agregó aspectos sustantivos sobre el “tratamiento especial” recibido por los judíos en los campos. Mientras desarrollaba ese estudio tomé cuarenta y cinco testimonios orales.
También prestaron declaración Renee Epelbaum, madre de desaparecidos; Gregorio Klimovsky, por su condición miembro de la CONADEP; Nehemías Reznitzky y Mario Gorenstein, por su condición de presidentes de la DAIA, durante el período abarcado por la investigación. Respeté el acuerdo de confidencialidad de la información que propusieron en su momento David Goldberg, Presidente de la DAIA y Héctor Umaschi, Secretario. Ahora me pregunto: ¿dónde están las grabaciones y el informe de ese estudio?
Escribo para señalar la importancia de respetar el disenso y la libertad de expresión, y de escuchar a todas las voces, porque esto puede contribuir a activar las mejores energías de una multitud bien pensante que asume con dignidad su pertenencia al ente colectivo judío, que quiere participar pero que -desde distintos lugares- condena las prácticas que no condicen con su ética, la ética de los profetas que sustenta la cultura y la cosmovisión judía.
Escribo, por último, porque confío en que, como precisó Máximo Yagupsky: “En estos tiempos de turbulencia y confusión, en que las más valiosas conquistas morales de las generaciones pasadas parecen haber sido relegadas al olvido, los judíos siguen perteneciendo a la reserva humana que no desoye la voz de la historia.” (”Soliloquios de un judío”, Edit. Pardés, Bs.As., 1983).

*: La autora es socióloga; directora del CIRSOF, Universidad del CEMA y fue la creadora y Directora del Proyecto Testimonio.