El kirchnerismo dio el primer paso para la aprobación del memorándum de entendimiento con el régimen islamista iraní para la investigación del atentado a la AMIA. Tanto la oposición como las entidades comunitarias y varias agrupaciones de familiares de las víctimas se manifestaron en contra del acuerdo por considerar que no va a contribuir al esclarecimiento de la causa, estancada desde hace casi 19 años. Entre otros puntos, criticaron la conformación de la “Comisión de la Verdad”, advirtieron sobre una futura obstaculización de la causa judicial y rechazaron cualquier negociación con un país que niega la Shoá.
Al finalizar la reunión del plenario de comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Constitucionales y Justicia del Senado, el dictamen fue firmado sólo por el oficialismo, que con mayoría propia logró pasar el proyecto de ley para su debate en el recinto.
El memorándum con Irán, firmado a fines de enero en Etiopía, establece que se creará una denominada «Comisión de la Verdad», integrada por cinco juristas para avanzar en la causa AMIA. Las sesiones serán en Teherán y, al final, los expertos elevarán un informe no vinculante sobre lo actuado por la Justicia argentina.
Según el precario y discutido acuerdo, los comisionados podrán interrogar a los acusados iraníes, junto con el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal federal Alberto Nisman, que conducen la causa AMIA. Y también podrá haber magistrados de Irán en las audiencias.
“No es ningún placer para mí sentarme con los negadores del Holocausto. Hubiera preferido no hacerlo. Yo hubiese podido negociar con Suiza o Noruega, pero no hubiera obtenido ningún beneficio con ellos. Tenía que negociar donde viven los imputados. En ningún lugar dice que confiamos en Irán. No es un problema de confianza, sino de aplicar la ley”, aseguró Timerman en uno de los tramos del debate, ante las críticas de los representantes de la comunidad.
Uno de los momentos más tensos de la reunión se produjo cuando por cuestiones meramente burocráticas el senador Daniel Filmus, quien encabezó el plenario de comisiones, demoró en concederle la palabra a Laura Ginsberg, titular de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia). “Esta es la ley de Punto Final de la causa AMIA, el cierre que el Gobierno está buscando para sacarse la causa de encima», asestó Ginsberg, argumento con el que coincidieron los representantes de la AMIA y la DAIA. La familiar de Apemia también llamó «comisión encubridora» al conjunto de juristas que analizarán las pruebas contra los iraníes acusados por la Justicia argentina.
El presidente de la DAIA tampoco dejó dudas sobre su posición contraria al pacto: «Nosotros no elegimos estar aquí, fue Irán con la bomba el que nos eligió a nosotros. No es un interlocutor válido, tenemos razones valederas para no confiar en Irán», afirmó Julio Schlosser.
Luego, Guillermo Borger, titular de la AMIA, insistió con su advertencia de un supuesto tercer atentado. «No podemos aceptar comisiones que estén por encima de la Justicia argentina. El mundo todo le está cerrando las puertas a Irán, ¿con qué cara podemos aceptar los juristas que ellos propongan?», se preguntó Borger y reiteró: «Toda la causa podría caer en nulidad y seríamos tierra fértil para un tercer atentado”.
Diana Malamud, referente de Memoria Activa, manifestó un apoyo muy limitado a la iniciativa. «Queremos que se realicen las indagatorias donde sea; que nos garanticen que no van a caer las alertas rojas (de Interpol sobre los sospechosos) hasta que terminen las indagatorias y que Argentina garantice que se va a retirar si no se cumple con esto», expresó.
Por último, Olga Degtiar, de Familiares y Amigos de las Víctimas, el grupo de familiares que lidera Sergio Burstein, expresó su acuerdo para que se realicen los interrogatorios «donde sea» y sostuvo que los detractores del acuerdo no presentaron «ni una sola propuesta para destrabar la causa judicial» que investiga el atentado a la AMIA.
Lógicamente, la polémica no se restringió al ámbito legislativo. A poco de finalizado el plenario de comisiones del Senado, la cada vez más conflictiva relación de las entidades centrales con el gobierno de Cristina Kirchner se tensó aún más cuando el canciller Timerman acusó a la dirigencia judía de «frenar a la Justicia», dado que según su interpretación protege a Rubén Beraja, el ex titular de la DAIA investigado por el encubrimiento del atentado a la AMIA.
En otra declaración, y a modo de adelanto premonitorio de lo estéril de esta polémica iniciativa con el régimen persa, el canciller Timerman dijo que si los acusados se niegan a declarar en Teherán «la causa sigue intacta», y afirmó que: “Si no hay indagatorias, el mundo sabrá que Irán firmó algo que no cumplió. Si se hace la indagatoria, aunque se nieguen a declarar, el juez vuelve y puede empezar un juicio acá».
Por su parte, luego de la reunión de comisiones del Senado, la DAIA oficializó al equipo de juristas que convocó para evitar la aprobación del memorándum de entendimiento. El flamante equipo de asesoramiento legal será integrado por Luis Moreno Ocampo, que aportará la mirada penal internacional; Daniel Sabsay, quien hará lo propio desde su especialización como constitucionalista; y Pablo Lanusse, experto penalista con conocimiento de la causa, quien brindará su experiencia en Derecho Penal.
Tras la presentación del equipo, Moreno Ocampo consideró que: “El peor escenario que puede producirse, una vez aprobado el memorándum, es que los iraníes logren que la Comisión de Juristas revierta las pruebas obtenidas por la Justicia argentina y así conseguir que las órdenes de detención internacional, las alertas rojas, dejen de estar vigentes”. Y agregó que: “la DAIA no puede evitar que el acuerdo se implemente si lo aprueba el Parlamento; lo que sí puede hacer es plantear los riesgos que implica, como hizo en el debate de las Comisiones del Senado, y luego seguir atentamente todo el proceso que se produzca”.
Lanusse, en tanto, sostuvo que antes de un acuerdo con Irán el Gobierno debería haber consultado la opinión de los interesados: la conducción de la comunidad y los familiares de las víctimas. Y Sabsay afirmó que existe una enorme inquietud sobre lo que se acordó con Irán, y que nada se dice sobre cómo se desarrollará el interrogatorio.
