La UEI criticó, además, la tarea del juez Claudio Bonadío, a cargo de la investigar supuestas irregularidades en esa causa; y planteó la intención oficial de proponer «una necesaria renovación en la etapa de la instrucción judicial, a la que deberá contribuir decididamente el esfuerzo de los otros poderes públicos».
A más de nueve años del atentado el informe de la UEI propone la creación de un archivo donde se concentre toda la investigación vinculada al ataque, ocurrido en julio de 1994.
El documento destaca la tarea llevada a cabo por el tribunal a cargo del juicio oral y da señales claras de que el Gobierno ya piensa en una causa AMIA sin el juez Galeano.
El informe menciona también la denuncia presentada ante el Consejo de la Magistratura por la diputada y ex secretaria de la U.E.I. Nilda Garré, quien reclamó que Galeano sea apartado de su cargo «por la posible comisión de los delitos de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público y mal desempeño inexcusable».
La denuncia de la diputada Garré fue acompañada, luego, por otras dos ampliatorias más.
Para la U.E.I., «la investigación de los atentados a la Embajada de Israel y al edificio de AMIA constituyen ya una cuestión de Estado, y requiere el compromiso de cada uno de sus poderes con la profundización de las pesquisas», para «transformarse en una cuestión de gravedad institucional donde se pone a prueba tanto la capacidad del Estado argentino para lograr justicia como así también la voluntad de las autoridades gubernamentales en esclarecer el hecho».
Respecto a la enorme tarea que viene desarrollando el Tribunal Oral Número 3, el informe de la U.E.I. destaca «la confianza en el despliegue de la tarea que viene desarrollando». Y concluye con un reclamo de «sancionar a los culpables y a los responsables; intelectuales y materiales; instigadores, ejecutores, financiadores, cómplices y encubridores. Por acción o por omisión. Repetimos: a todos».
