¿Qué escribir sobre el 20º aniversario del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires? Es casi un hecho que el lector no espera encontrar en esta nota ninguna referencia a la causa judicial que interprete como un avance en relación a lo que leyó en el aniversario anterior. A lo sumo, sospechará que encontrará una crónica de los actos recordatorios que tuvieron lugar este año en la esquina de Arrollo y Suipacha, que mencione a los oradores y demás participantes, que refiera a la repetición de lo que ha devenido en ritual, el sonido de la sirena seguido de las características campanadas, que este año fueron veinte, una más que el anterior, y que sonaron a las 14.50 en punto.
También puede esperar que se analice el discurso oficial de los organizadores del acto central que remiten invariablemente al atentado como ejemplo de las acciones que en contra de Israel despliega el llamado “terrorismo internacional”. Ante ese discurso, Carlos Susevich, una de las principales voces de los familiares de las víctimas, sostiene que “no compramos más las versiones internacionales” porque tras veinte años se continúa señalando a “supuestos autores” sin que exista una sola prueba concreta que inculpe a los autores intelectuales y materiales.
Un paso hacia adelante
Más allá de la repetición y el ritual, el vigésimo aniversario trajo algunas novedades insoslayables que deben ser resaltadas. Apenas unos días antes del 17 de marzo, fue aprobada la reglamentación de la ley de resarcimiento económico a los damnificados por el atentado ocurrido en la Embajada del Estado de Israel. A través de diferentes medios de comunicación, los familiares de las víctimas celebraron la medida y agradecieron a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por haber presentado el proyecto de ley que luego recibió el apoyo de diferentes sectores políticos. El silencio fue la moneda que más corrió entre los funcionarios israelíes y la dirigencia de la colectividad judía, pero hubo también quienes expresaron su incomodidad ante la consulta de los periodistas. Cabe destacar que cuando el presidente de DAIA fue abordado por Víctor Hugo en el programa de radio Continental, declaró que “a nosotros nos causa una aflicción, nos produce sentimientos encontrados”. A los familiares les corresponde el resarcimiento pero también obtener justicia, concluyó.
A esta altura resulta una obviedad que se requiere el encuentro y juzgamiento de los autores materiales e intelectuales del atentado, así como el reconocimiento de los entramados de connivencia que garantizaron la impunidad. La expresión del dirigente dejó entrever que en su opinión la medida reparatoria ofrecida por el Estado argentino iría en reemplazo de la búsqueda de la verdad y de la Justicia, o al menos en detrimento de éstas.
Las declaraciones del dirigente se asemejan a las que los argentinos pudimos escuchar en 1994 en contra de la ley de reparación económica a las víctimas de desaparición forzada y a los sucesores de personas asesinadas durante la última dictadura militar (1976-1983). En aquél entonces, el fantasma que recorrió a los sectores más críticos era que el Estado “transaba” o compraba a los familiares, los que a cambio abandonarían el reclamo de justicia. La historia se encargó de demostrar cuán equivocados estaban.
Para aquellos que lucharon por la imprescriptibilidad de la causa del atentado a la Embajada, que evitaron que el terreno de Arroyo al 902 fuese convertido en un apart hotel, adquiriéndolo y destinándolo a la recordación de las víctimas del atentado, el resarcimiento económico es constituido en una demanda legítima al Estado. Y que éste acepte dar lugar al pedido implica el reconocimiento de la situación como una problemática de índole pública. Para aquellos que desde hace veinte años vienen reclamando verdad, justicia y memoria por las víctimas del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires, este año la recordación del 17 de marzo tuvo un motivo de celebración.
* Doctoranda en Ciencias Sociales. Becaria de CONICET.
