“El juzgado estuvo investigando y nos pidió información sobre la empresa y otros factores vinculados. Se siguió como una pista para ver si tuvo alguna vinculación, pero, por lo que me consta, no se pudo llegar más que a esa sospecha, ni se pudo seguir avanzando con las evidencias necesarias como para abrir un camino con seriedad”, dijo Dobniewski al mensuario Nueva Sión.
El mensuario fundado en 1948, año en que se proclamó la independencia de Israel, publica la entrevista con el título “¿Cuál es la pista siria que no se investigo?”.
En ella, el periodista Gerardo Yomal le preguntó a Dobniewski si no le había admitido anteriormente a un colega que la empresa que hacía la limpieza pertenecía a Yabrán.
“No lo tengo muy claro en este momento… Sí me acuerdo del tema: formó parte de una investigación aportada a través de la inquietud de algunas de las personas que, honestamente y de buena voluntad, abren pistas o sospechas, pero que no se pudo plasmar en una evidencia que pudiera seguir esa línea”, respondió el abogado.
La pregunta
El viernes pasado por la mañana, tres personas preguntaron simultáneamente en la sección contaduría de la AMIA por la empresa de limpieza de la AMIA a una sobreviviente del atentado, comentó extrañado a “La Capital” Luis Czyczewsky, padre de una joven muerta en el atentado. “Una de estas personas era un alto directivo de la propia institución”, agregó.
Sin embargo Czyczewsky agregó que no se conserva documentación anterior al atentado y que la empleada sobreviviente únicamente recordó que la AMIA tenía contratado un servicio de limpieza para el cementerio de La Tablada, no para su sede (central).
La empleada sobreviviente confirmó que, de acuerdo con su memoria, dicho servicio estaba contratado con la empresa La Royal, Sociedad Anónima de Servicios, a la que, efectivamente, distintas fuentes reputaron como perteneciente al Grupo Yabrán y, más precisamente, vinculada con Orgamer S.A., empresa que recientemente cambió su nombre por el de Hacesa S.A.
“La Royal pertenece al Grupo Yabrán al igual que Limpiolux y la Estrella Española” confirmó a “La Capital” un humilde trabajador de la última, que pidió permanecer en el anonimato, mientras realizaba la limpieza de la redacción de Télam, donde trabaja este periodista.
“La Royal” no figura en la guía pero, según una panadería homónima de la calle Uruguay al 300, sus oficinas quedan a una cuadra de allí, en la calle Talcahuano al 300, en pleno centro de Buenos Aires. Y según el servicio de informaciones de la Telefónica de Argentina el teléfono de “La Royal” es el 4-374-8616. Nadie contestó a ese teléfono ni el lunes al mediodía ni a las cinco de la tarde.
Idas y vueltas
El atentado contra la AMIA se produjo a las 9.53 del lunes 18 de julio de 1994, con un saldo de 86 (N. de la R.: luego 85) muertos y trescientos heridos, y en un primer momento los expertos de la Gendarmería Nacional dictaminaron que había sido cometido mediante la explosión simultánea de dos artefactos, uno colocado adentro del edificio o en un edificio lindero, y otro junto a la puerta, del lado de afuera.
“Los terroristas habrían puesto una bomba dentro de la sede judía a través de un edificio vecino. Es posible que hayan colocado otra en la puerta de entrada a la AMIA. Está prácticamente descartada la utilización de un coche bomba. (…) La primera conclusión de los expertos de Gendarmería es que hubo una acción combinada entre una o dos cargas explosivas colocadas en el interior del edificio, en su sector delantero, y otra bomba, que estaba en la puerta principal”, se hizo eco de la opinión de los artificieros de la fuerza el diario Clarín el 20 de julio de aquél año (página 18), a escasas horas de cometido el atentado.
Del mismo modo, al ser entrevistado al día siguiente por la agencia de noticias “Interdiarios”, el segundo Comandante de la Gendarmería Osvaldo Laborda (perito oficial de la Corte Suprema en la investigación del atentado a la Embajada de Israel, cometido en marzo de 1992) afirmó que se podía “descartar” que en el atentado contra la mutual judía se hubiera utilizado un vehículo-bomba.
La principal hipótesis, aclaró entonces Laborda, era que el explosivo hubiera sido “puesto en un edificio lindero”.
Sin embargo, Laborda cambió su punto de vista tras ser contratado por la AMIA, dictaminando a la postre que el atentado habría sido cometido por una camioneta Trafic que embistió la puerta de la mutual judía llevando unos 150 kilos de un explosivo, el amonal, que es un mezcla de nitrato de amonio y polvo de aluminio.
Escasas horas luego de que Yabrán apareciese muerto en el baño de una estancia entrerriana, su apoderado, Wenceslao Bunge, distribuyó entre los periodistas el texto de una solicitada que Yabrán había dejado preparada para su publicación.
En dicho texto que, según aclaró Bunge, fue redactado personalmente por Yabrán, se sostiene, en relación al asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, que “un espantoso crimen común fue politizado por unos y otros, y también utilizado para tapar otros hechos aún más terribles, como el bombardeo de la AMIA”. La frase parece sugerir inequívocamente que los explosivos utilizados en la acción terrorista fueron plurales.
En su diálogo con Dobniewski, el periodista Yomal insistió en la posibilidad de que empleados de Yabrán hubieran podido desplazarse sin control por el interior de la AMIA escasas horas antes de que fuera volada, tal como afirmó un policía que solía custodiar el edificio, que dijo que los empleados de limpieza acostumbraban a ingresar al mismo los domingos a las 18.
De sus respuestas, “algunos pueden llegar a considerar que ese domingo 17 había personas de una empresa de Yabrán moviéndose libremente dentro del edificio”, le advirtió Yomal a Dobniewski.
“En el supuesto de que eso fuera cierto, y ojalá tuviéramos pruebas para que eso tenga que ver algo con el atentado… pero eso parece contradecirse con otras evidencias que hay”, respondió Dobniewski.
“Dicha hipótesis apuntaría a sospechar que el atentado se produjo adentro de la AMIA, y lo que está absolutamente probado es que se produjo fuera de la AMIA. Quedó el cráter que hizo la Trafic, quedó el sesenta y pico por ciento de las piezas que integraban la Trafic y está probado, por pericias y simulacros realizados, que la explosión y el atentado fueron externos, a través de un coche-bomba que vendió (Carlos Alberto) Telleldín y que manipularon los policías que están presos”, respondió el abogado de la mutual judía agredida.
El volquete
Aproximadamente tres minutos antes de que se produjera la voladura de la AMIA, un camión de la empresa “Santa Rita”, propiedad del libanés Nassib Haddad y de sus hijos, dejó frente a la puerta de la institución un volquete. Algunos investigadores insisten en que dentro de él se encontraba un artefacto explosivo, pista que encuentra abonada por el hecho de que Haddad hubiera comprado en los nueve meses anteriores grandes cantidades de amonal y fulminantes.
Dobniewski señaló que ésta hipótesis “está absolutamente descartada por las múltiples pericias que se hicieron”, que, dijo, reafirmaron que el atentado fue cometido mediante una Trafic-bomba. No obstante, el abogado dijo sospechar que dicho volquete fue “parte de la estrategia del atentado” y que “pudo haberse colocado en el lugar al efecto de abrirle el camino a la Trafic”.
“Esa pista nunca se abandonó, las personas que estuvieron vinculadas al contenedor fueron de las primeras detenidas en la investigación, pero no hubo elementos (de prueba) contra la familia Haddad (que permitieran) sujetarlas con un auto de procesamiento. De acuerdo a nuestro régimen procesal, las evidencias no alcanzaban para eso, así que no hubo todavía un pronunciamiento”, dijo el abogado.
Dobniewski insistió en que “esa pista y esa sospecha nunca la hemos descartado, porque en nuestro fuero íntimo creo que tanto quien habla, como los fiscales y sospecho que el propio juez también, estamos convencidos de que ese volquete cumplió un rol en el atentado”.
Sin rastros
El periodista Gabriel Levinas, autor del libro “La ley bajo los escombros. AMIA lo que no se hizo” (Sudamericana, 1998), negó que al menos en los primeros ochenta cuerpos del expediente judicial haya la menor referencia a la empresa encargada de la limpieza de la mutual judía, y “por supuesto menos la hay a que esa empresa, a la que jamás se la nombra y menos se la individualiza, haya pertenecido al Grupo Yabrán”.
Levinas, quién el año pasado estuvo contratado por la DAIA para informatizar la causa, insistió en que aquellos cuerpos jamás se hace referencia a una empresa de limpieza, ni consta que se haya interrogado a sus trabajadores. “Y menos a los que se supone con fundamentos que trabajaron en la mutual judía el domingo 17 de julio de 1994, pasadas las 18, cuando faltaban menos de 16 horas para que el edificio resultara volado”, concluyó.
ORGAMER S.A.
Esta sociedad (de objeto muy amplio, que iba de tareas de “limpieza y mantenimiento integral, saneamiento, desinfección y desinsectación y mantenimiento” a “vigilancia, custodia, información y transporte de cargas” fue fundada en diciembre de 1991 por Santiago Schinkel y José Enrique Palombati con sede en la calle Tucumán 1484, 2do. “A” y cumplía funciones de seguridad para distintas empresas del Grupo Yabrán.
Los únicos accionistas reales eran el ex-diputado nacional José Celestino Blanco (a su vez gerente general de Edcadas SA y suegro de Victor Hugo Dante Dinamarca) y su compañera Ana María Díaz.
Su presidente era el comisario retirado de la Policía Federal Carlos Juvenal Romero Villar, quien había sido designado asesor «ad honorem» de Encotel por el interventor Raúl Carmelo Vaccalluzzo, en la primera medida que éste tomó tras ser designado interventor de la empresa estatal el 26 de febrero de 1990 por un decreto del Presidente Menem.
Director de Orgamer fue Alejandro Marcelo Rabuffetti, secretario de Dinamarca, que era gerente de Bridees S.R.L. y accionista de Sky Cab S.A. y de Asistencia de Vehículos Comerciales S.A.
Fueron apoderados de la empresa Eduardo L. Zapatini Aguirre, socio del ex subsecretario de Defensa y el escribano Luis García Orlando, quien constituyera todas las sociedades Zapram e intervino, también, en la cesión de cuotas de Bridees S.R.L.
Otros apoderados de Orgamer fueron el padre de García Orlando y Angel Fernando Sosa, que también participó en la constitución de Interbaires S.A.
Y también fue apoderado de Orgamer Sergio Gastón Cianni. De una manera bastante curiosa, porque Cianni primero firmó, como apoderado de Intercargo S.A., un contrato con Orgamer S.A. Ello sucedió el 27 de agosto de 1992. Pero se había convertido en apoderado de Orgamer cuando ambas empresas del grupo volvieron a firmar un contrato el 1 de agosto de 1994.
Luis García Orlando constituyó Zapram S.A., Zapram S.R.L. y Zapram Technical S.A., siempre en sociedad con Eduardo L. Zapatini Aguirre, quién también junto con el padre de aquél y su esposa, Adriana Carmen Bergstrom, inscribieron legalmente a Orgamer S.A.
Otro de los directores de Orgamer fue Víctor Hugo Dante Dinamarca, presidente de Sky Cab S.A., socio gerente de Bridees S.R.L. y también de Asistencia de Vehículos Comerciales S.A.
El secretario de Dinamarca, Alejandro Marcelo Rabuffetti (que como aquél, participaba en Bridees S.R.L.) fue director suplente de Orgamer.
Por fin, también se desempeñó como apoderado de Orgamer José Luis Carriquiry, que hizo lo propio con Bridees S.R.L. y que era síndico de Lanolec S.A.
Carriquiry tenía domicilio constituido en la Avenida Córdoba 6057, 9° piso, dto. A, y en Córdoba 1318 piso 11º, propiedad de Aylmer S.A.
El 5 de mayo de 1998 salió publicado en el Boletín Oficial el cambio de denominación social y reforma del estatuto de Orgamer, que a partir de entonces pasó a denominarse Hacesa S.A. Firma por la empresa Matilde González Porcel.
Hipótesis: De Orgamer dependían otras empresas de limpieza del Grupo Yabrán como “La Royal” S.A. de Servicios, domiciliada en Talcahuano al 300 (tel. 374-8616), “La Estrella Española” (también de limpieza) y “Limpiolux”, encargada de la limpieza de los sillones y almohadones de los aviones de Aerolíneas Argentinas (y quizá también de Iberia).
Cómo verificar la hipótesis: Ver a continuación juicio que involucró a La Royal:
LN 21.04.01
Fallo judicial adverso a un ex ministro de Trabajo del menemismo
Uriburu, procesado por un contrato
La Sala I de la Cámara Federal confirmó el procesamiento dictado por Urso
Se investiga la contratación de un servicio de limpieza del ministerio Se le pagó más del 50% del valor del año anterior. El imputado era secretario de Estado.
La Cámara Federal porteña confirmó ayer el procesamiento sin prisión preventiva del último ministro de Trabajo del gobierno de Carlos Menem, José Uriburu, en una causa en la que se investigan irregularidades en la contratación de un servicio de limpieza en esa cartera.
El delito que se le imputa a Uriburu es defraudación en perjuicio de la administración pública y se le trabó embargo por 250.000 pesos.
Los actos investigados corresponden a la gestión de Uriburu como secretario de Trabajo, la que cumplió antes de ser ministro. En esa época, el ministro de Trabajo era Antonio Erman González, procesado por la venta ilegal de armas.
Los camaristas Horacio Vigliani y Luisa Riva Aramayo adoptaron esa decisión en una causa en la que también fueron procesados otros tres ex funcionarios de Trabajo.
La Sala I de la Cámara Federal confirmó así una medida de primera instancia del juez federal Jorge Urso, dictada el 15 de septiembre de 2000. Esa Sala de la Cámara está considerada en el fuero federal como la más inclinada en favor del menemismo.
«Las modificaciones dispuestas a último momento en el pliego de licitación parecen encaminar todo el proceso hacia una contratación direccionada, con el fin de apartar del proceso a los oferentes que exhibían menores precios y facilitar así la contratación a un precio mucho mayor», determinó la Cámara.
Tal conclusión, según los jueces, «puede deducirse del considerable aumento (más del cincuenta por ciento) del monto que abonó el Ministerio de Trabajo como contraprestación de los servicios contratados por la licitación cuestionada».
Según la Auditoría General de la Nación, los precios pagados superan en más de un 60% los cánones normales del servicio.
Montos sospechosos
Según el fallo, el ministerio de marras pagó 1.667.469 pesos por el contrato, un 50,49% más que en la contratación del año anterior, que superó apenas el millón de pesos. Mientras que se necesitaban 96 personas de jornada completa para realizar el trabajo se contrataron a 700, destacaron los camaristas.
Las empresas contratadas fueron Linser y La Royal. Esos documentos llevaron la firma de Uriburu.
La causa parece encaminarse al juicio oral y público, aunque Uriburu y los otros procesados podrían apelar la medida con recursos ante la Cámara de Casación y la Corte Suprema.
En la resolución, de 13 carillas, Vigliani y Riva Aramayo confirmaron, además del procesamiento de Uriburu, los del ex subsecretario de Administración Eduardo Ceballos, el ex director de Coordinación Técnica Administrativa Roberto Armida y el ex director de Patrimonios y Contrataciones Enrique Codina.
Los jueces detectaron «un procedimiento irregular en la licitación pública número 1/98 a partir de la modificación (…) del pliego de licitación en cuanto al incremento del número de personal de 100 a 700 empleados y al monto de facturación anual que debía tener la empresa en seis millones de pesos», según la resolución.
Consignaron que «el precio finalmente abonado resultó superior en un 67% con respecto a la base estimada». Los jueces calificaron «como sustancial» la participación de José Uriburu en el proceso.
Pese a que los abogados Antonio Liurgo y Marcelo Parrilli, representantes de la firma demandante, Horizonte SA, pidieron el procesamiento del ex ministro González, la Sala I de la Cámara no lo mencionó ni aludió a él en el fallo.
Los magistrados también revocaron los procesamientos y dictaron la falta de mérito a otros cinco ex funcionarios: Liliana Cerino, Adriana Navarro, Margarita Gervasi, Rubén Dellagiovanna y Alfredo Fernández Oro.
