Diputada Nilda Garré

Ampliación del pedido de juicio político al juez Galeano

La diputada Nilda Garré presentó, ante el Consejo de la Magistratura, una ampliación del pedido de juicio político presentada, originalmente en abril de este año, contra el juez Juan José Galeano por presuntas irregularidades cometidas en las investigaciones por el atentado perpetrado contra la AMIA.

Por Bárbara Lichtman

En su ampliación de denuncia, la diputada Garré acusa al magistrado del Juzgado Criminal y Correccional Federal Número 9, Juan José Galeano, por mal desempeño y posible comisión de delitos.
Dentro de las irregularidades denunciadas en el informe inicial, presentado el 4 de abril de este año, figura la negociación llevada adelante por Galeano con el principal acusado, Carlos Telleldín, para cambiar su declaración judicial a cambio de 400 mil dólares.
“Hoy, con un video oportunamente agregado a la causa, como las diversas declaraciones testimoniales concordantes corroboran los hechos denunciados y ya no existen dudas: El pago fue efectuado, el dinero fue provisto por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), ante el pedido formulado por el juez y la entrega fue realizada por varios funcionarios de la SIDE, por orden del Juez Galeano y la señora Ana Boragni, pareja del señor Telleldín y testigo de la causa”, detalla el informe que presenta una interpretación sobre pruebas recogidas que evalúan la conducta del magistrado.
El testimonio del director de contrainteligencia de la SIDE, Antonio Horacio Stiusso, contribuye a la hipótesis que indica que la acusación de Telleldín contra los policías bonaerenses fue obtenida para desviar la atención de la llamada “pista siria”.
Stiusso aseguró en sus declaraciones del 2 y 3 de octubre de 2003, que la creencia de que los policías bonaerenses le sacaron a Carlos Telleldín las camioneta que se usó como coche-bomba en el atentado, fue “armada” por una “sociedad” entre la Sala Patria y el juez Galeano ya que, un grupo de espías de “Sala Patria” habría comunicado al juzgado 9 que la llamada “pista Siria” carecía de todo vinculo con los policías bonaerenses.
Otro acontecimiento que genera más dudas en el comportamiento de Galeano, fue el de dictar la “falta de mérito” a Kanoore Edul, ya que, según el juez, no se probó vinculación con la trama del atentado.
Es importante recordar que Alberto Kanoore fue vinculado a la causa AMIA cuando se registró un llamado telefónico, del 10 de Junio de 1994, desde un número de celular de su titularidad a otro teléfono perteneciente a Carlos Telleldín.
En esa fecha, Kanoore había publicado en un periódico, un aviso de venta de la Traffic y se había desprendido del vehículo.
A diferencia de Galeano, Stiusso, quien tiene a su cargo un sector de la SIDE que trabaja para “conectar al ex agregado cultural iraní, Moshen Rabanni, con Kanoore Edul, declaró: “Estamos investigando a Edul y a la gente que lo rodea. Tenemos media pista, estamos bastante avanzados”.
Entre otras declaraciones que comprometen aún mas a Galeano, se encuentra la de Hugo Anzorreguy, ex Secretario de Inteligencia (SIDE) en la época menemista, quien declaró que la decisión del pago fue exclusiva del juez Juan José Galeano y aseguró que el ex Presidente Carlos Menem no estaba al tanto de la operación por la cual Telleldín percibió 400 mil dólares.
Otro testimonio, que aporta más información, es el de Patricio Pfinnen, quien reiteró que el pago se realizó “a pedido” del juez Galeano y por intermedio de Hugo Anzorreguy. Pfinnen agregó que en el primer trimestre de 1996, el juez Galeano le comentó que la causa estaba “estancada” porque Telleldín no decía quién le había entregado la camioneta y que, si bien estaba dispuesto a colaborar, tenía miedo por su familia.
Otra de la denuncias impulsadas por la diputada Garré esta relacionada con la falta de ordenamientos de medidas de pruebas: “Las injustificables omisiones investigativas del juez Galeano, vinculada a la inteligencia de la agenda de Alberto Kanoore Edul, sobre la que, por ejemplo, recién se ordenaron las pericias caligráficas para identificar al autor de ciertas anotaciones de la agenda a nuestro pedido en el año 2001”, explica el escrito.
En relación al dictamen de la “falta de mérito” a Kanoore Edul, el informe asegura que la pista fracasó en su momento por manifiesta impericia propia del juez.
“Recordemos que al secuestrarse la agenda personal de Kannore Edul se constató que en ella aparecían no sólo una cantidad importante de talleres mecánicos, sino también el teléfono y dirección del agregado cultural iraní” finaliza el escrito.