No se trata de una película de acción, ni es la obra de una mente de Hollywood. Se trata de hechos reales de espionaje, que enrarecen aún más la causa AMIA y elevan serias dudas vinculadas al sistema judicial y a la administración de Mauricio Macri y el gobierno nacional.
Las últimas novedades se desencadenaron luego de que el juez federal Norberto Oyarbide descubrió evidencias que apuntarían a una serie de escuchas telefónicas, de parte del funcionario del gobierno de la Ciudad y ex policía federal Ciro James, al teléfono de Sergio Burstein, de la Asociación Familiares y Amigos de las Víctimas de la AMIA. También fue “pinchada” la línea del empresario Carlos Ávila.
Los descubrimientos también apuntan a policías de Misiones, provincia desde la cual los juzgados federales ordenaron intervenir los teléfonos del Familiar y el empresario, información que era posteriormente recaudada por James.
Este personaje, policía y abogado, contaba con un puesto de abogado externo en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y está conectado a “Fino” Palacios, quien renunció al mando de la Policía Metropolitana en el medio de controversia. De hecho, James había solicitado en septiembre pasar a formar parte de la nueva fuerza policial porteña. Es por eso que las acusaciones van ahora al gobierno del PRO, que argumenta no estar involucrado, no haber estado al tanto de que James era policía y responsabiliza al gobierno nacional, acusando al kirchnerismo de “impedir la puesta en funcionamiento de la nueva Policía Metropolitana”, empleando para ese fin un “complot”.
Se descubrieron numerosas comunicaciones telefónicas de James con “Fino” Palacios, además de otras sostenidas con Osvaldo Chamorro, quien reemplazó a Palacios luego de su esperada renuncia al mando de la Metropolitana. Queda entonces bajo sospecha también la nueva figura al cargo de la Policía.
Por su parte, el kirchnerismo, a través del jefe de Gabinete Aníbal Fernández, negó las acusaciones del macrismo, planteando que el gobierno porteño utilizaba a James para espiar a los docentes desde su puesto en Educación. Mientras tanto, James fue procesado con prisión preventiva por el juez Oyarbide por los delitos de falsedad ideológica, violación de secreto y usurpación de título.
Burstein fue uno de los mayores opositores a la designación de Palacios antes de la renuncia de éste. Hoy piensa iniciar acciones legales contra el gobierno porteño, viéndose como centro de las acusaciones macristas de boicot
Esta maraña de acusaciones, pueden desviarnos de una pregunta fundamental. ¿Quién, y por qué, quería “pinchar” el teléfono de Burstein? ¿Serán estos descubrimientos una forma de llegar a fondo de la red de encubrimiento de la causa AMIA? ¿Se trata sólo de una maniobra política de desacreditación vinculada al enfrentamiento Macri-Kirchner? O, lo que parece más probable, ¿desaparecerán estos nuevas investigaciones como una nube de humo, como tantos otros episodios en la historia judicial argentina?
