El conjunto del sistema de derechos humanos reposa sobre tres principios básicos, relacionados entre sí: la idea de que los derechos fundamentales son válidos para todos sin distinción; que éstos carecen de sentido si no se pugna por su aplicación; y el reconocimiento de que el derecho a la vida es la piedra fundamental para el desarrollo de todos los demás. Lamentablemente, el último informe anual de la prestigiosa ONG israelí B´Tselem (“a imagen de” y sinónimo de “dignidad humana” en hebreo), certifica la paupérrima situación en materia de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y la Franja de Gaza y ofrece un panorama en el que la discriminación, la impunidad y la manipulación del concepto de seguridad son endémicas a casi todos los aspectos del trato de Israel a los palestinos que habitan estas áreas.
“La discriminación entre israelíes y palestinos es dominante en todas las políticas israelíes, sea en el sistema judicial penal o en la distribución del agua y la tierra” -explica el informe, publicado en junio de este año. “La ´rendición de cuentas´ (“accountability”) es mínima, sea en el nivel individual o el colectivo; del soldado parado en el checkpoint hasta los niveles más altos del ejército y el gobierno, es muy raro que alguien sea responsabilizado por agredir a un palestino. Más aún, las consideraciones en materia de seguridad –en algunos casos genuinas y en otros casos no- son utilizadas para justificar el daño a tres millones de personas. El gobierno utiliza los legítimos miedos israelíes con respecto a la seguridad pública para extender un peligroso cheque en blanco para que las fuerzas de seguridad actúen con mínima vigilancia”.
El análisis de la situación de los derechos humanos durante 2008 indica que la situación se mantuvo mala e incluso deterioró con respecto al periodo anterior. Hubo una disminución en las víctimas fatales en Cisjordania, pero el número creció dramáticamente en la Franja de Gaza, al igual que el daño causado por el prolongado bloqueo de Israel a dicho territorio (casi un 50% de desempleo, 79% de pobreza y escasez de alimentos y equipamientos médicos, entre otros). La masiva operación militar de Israel de enero último (“Plomo fundido”) llevó esta situación a un nivel de gravedad sin precedentes, con un saldo de víctimas en la población civil y destrucción más pronunciadas en los últimos 42 años. En Cisjordania, por otra parte, los casos de violencia de los colonos israelíes hacia residentes palestinos se incrementaron, al igual que las restricciones al movimiento mediante checkpoints, la expansión de los asentamientos y las medidas destinadas a impedir su disminución o remoción.
De la lectura de sus informes –que incluyen una detallada recolección de datos, estadísticas y pruebas filmo y fotográficas-, surge una interesante confrontación entre los sucesos denunciados, su marco legal (tanto israelí como internacional) y un discurso oficial que opera, en muchos casos, como una justificación de su incumplimiento. Asimismo, por su recurrente accionar frente a la Justicia, la organización presta particular atención a aquellos aspectos en los que las autoridades israelíes han impedido el castigo o encubierto infracciones en todos los escalafones de las fuerzas de seguridad. Este relevamiento de situaciones violencia en un contexto ya catastrófico e inhumano (como es la ocupación de los territorios palestinos desde el año 1967) puede ser tomado como un gran complemento a la hora de continuar analizando los niveles de autoritarismo, discriminación y connivencia para con los sectores más fundamentalistas de la sociedad que ha alcanzado el trato por parte de Israel hacia la población palestina.
Rendición de Cuentas: Pague Dios
El primer dato que arroja el informe 2008 de B´Tselem es contundente: desde el año 2000, las fuerzas de seguridad israelíes en los territorios ocupados han asesinado a más de 2,200 palestinos que no estaban participando de ningún tipo de hostilidad, y han herido a miles más. 175 de éstos corresponden al periodo que se cerró el 26 de diciembre, previo al comienzo de la sangrienta operación “Plomo Fundido” sobre la Franja de Gaza. Asimismo, policías y soldados han participado de golpizas, abusos y daños a la propiedad.
De acuerdo a la Ley Internacional, las autoridades deben manejar este tipo de situaciones de dos formas: la primera, llevar adelante una investigación de cada incidente y, de certificarse una infracción, enjuiciar a la persona responsable. La segunda, indemnizar a las víctimas de dicha infracción por el perjuicio y el daño que han sufrido. “Al comienzo de la segunda Intifada, sin embargo, la Oficina de Justicia Militar suspendió automáticamente la apertura de investigaciones en casos de muerte o heridas inflingidas a palestinos que no estuvieran involucrados en las hostilidades, salvo en casos excepcionales. Entre los años 2000 y 2008, sólo 287 investigaciones de la Policía Militar fueron abiertas en casos de apertura de fuego en los territorios ocupados, incluyendo casos en los que no hubo muertos ni heridos. Asimismo, en 2002, la Knesset aprobó una ley negando a los palestinos la posibilidad de obtener indemnizaciones en casos en los que hubieran sido heridos en acciones ilegales por parte de las fuerzas de seguridad”.
De este modo, Israel casi ha bloqueado las dos principales vías para asegurar la “rendición de cuentas”. La justificación oficial dada a esta política es que en los territorios ocupados se está llevando a cabo un “conflicto armado” y que ningún Estado en el mundo investiga y enjuicia a sus soldados en tiempo de guerra y menos aún da indemnizaciones a sus enemigos. Sin embargo, “este argumento es insostenible desde el punto de vista de sus fundamentos legales”, explica el informe de B´Tselem. “Primero y principal, una porción significativa de los eventos ocurridos en los territorios ocupados durante los últimos años, y sin lugar a dudas en el último, no pueden ser categorizados como un ´conflicto armado´. En la mayoría de sus acciones, las fuerzas de seguridad intervienen en acciones ordinarias, como supervisar los cruces de los checkpoints, arrestar sospechosos y lidiar con arrojadores de piedras. Estas acciones no pueden ser consideradas acciones de combate. En segunda instancia, incluso en un ´conflicto armado´, las fuerzas de seguridad están sujetas a reglas que regulan el uso de la fuerza y el tratamiento a la población civil. La exención de investigaciones y de pagar indemnizaciones constituyen flagrantes violaciones a estas reglas”.
En los aislados casos en los que se ordenó investigar a la Policía Militar, la pesquisa fue abierta meses después del hecho en cuestión, dificultando la posibilidad de recolectar evidencias de la escena del incidente y localizar testigos que recordaran los detalles necesarios para poder presentar cargos. El resultado fue que muchos archivos de investigación se cerraron sin que se hubiera llevado adelante ningún tipo de acción, y de acuerdo a un informe de la organización israelí de derechos humanos Yesh Din, sólo en un 6 por ciento de los casos se llegó a un procesamiento: “En los raros casos en los que se presentaron cargos, éstos no reflejaron la seriedad de los actos cometidos, y cuando el acusado fue condenado, sólo se impusieron sentencias leves”, aseguran.
El informe 2008 de B´Tselem cita tres episodios escalofriantes: el de un policía sentenciado a un año de cárcel por un caso de “gatillo fácil” en contra de un palestino en Tel Aviv, el de un policía de frontera de Hebrón que secuestró y tiró a un joven de 18 años de un jeep en movimiento (el castigo fue de seis años y medio de cárcel) y el “incidente de Ni´lin”, en el que un soldado fue filmado mientras disparaba una bala de metal recubierta de goma en el pie de un palestino (amarrado y con los ojos vendados) junto a un teniente coronel. Esta acción fue solamente calificada como “conducta inapropiada” por el Judge Advocate General (Ombudsman). Finalmente, tampoco se ordenaron investigaciones criminales los casos en los que se corroboraron abusos y/o torturas durante los interrogatorios del Shin Bet (Servicio de Seguridad), alegándose por parte de la State Attorney´s Office (Fiscalía) “necesidades de defensa”. Entre 2006 y 2008, tampoco se tomó ningún tipo de medida disciplinar en contra de sus interrogadores.
La cuestión de la (in)seguridad
Israel justifica muchas de sus acciones en los territorios palestinos ocupados en función de su propia seguridad y/o como “acciones de defensa”. A través de los años, el ejercito ha demolido cientos de casas por “imperativas necesidades militares”, mantuvo a cientos de palestinos en detención administrativa por supuestamente “poner en peligro la seguridad de la región” y declaró a miles de hectáreas “áreas de seguridad especial”, a las cuales se prohíbe la entrada de los palestinos como una medida “necesaria para proteger los asentamientos”. “Este uso excesivo de la demanda de seguridad se hace comprensible en tanto tiene un gran valor persuasivo –explica B´Tselem en este apartado. Y permite ocultar objetivos que son más difíciles de justificar”.
La lógica detrás del mismo es que el incumplimiento de los derechos humanos (de los palestinos) siempre es necesario para proteger el derecho a la vida (de los israelíes): “La Barrera de Separación, por ejemplo, fue presentada como crucial para reducir ataques al interior de Israel y cómo una medida meramente temporal. Sin embargo, al examinar la ruta de la barrera, se observa que una de las principales consideraciones para su planificación fueron, de hecho, la creación de condiciones que pudieran habilitar la expansión y perpetuación de los asentamientos. Como resultado, la ruta es larga y serpenteante (…). En otros lugares, las consideraciones de seguridad fueron dejadas a un costado para habilitar la expansión de los asentamientos”.
Otro ejemplo de este fenómeno es la ley que prohíbe a los israelíes casados con residentes de los territorios ocupados a vivir con sus parejas dentro de Israel. El Estado argumentó ante la Corte Suprema de Justicia que el estatuto era una “necesidad de seguridad”, en el sentido que la reubicación de parejas que viven en los territorios ocupados es probable que “amenace, en la forma más tangible, el bienestar y la seguridad de los ciudadanos y residentes del Estado”. Sin embargo, este argumento sólo se utilizó en los procedimientos legales desarrollados a tal fin. Hasta entonces, el Gobierno justificaba el estatuto en función de cuestiones demográficas, tales como el “carácter judío del Estado” y que los residentes de los territorios ocupados “sacan ventaja de la unificación familiar para realizar gradualmente el derecho al retorno”.
De la misma forma, el Shin Bet usa métodos especiales de interrogación en casos que define como “bombas en tic tac” (“ticking bombs”), argumentando que son necesarias para prevenir ataques terroristas y salvar vidas. Siguiendo esta línea en el pasado, torturó rutinariamente miles de detenidos palestinos. En 1999, la Corte Suprema de Justicia israelí sostuvo que, como regla, está prohibido a los interrogadores del ISA a usar métodos físicos de interrogación, pero en casos de “bombas en tic tac”, el uso de esos métodos pueden no constituir una ofensa criminal. Siguiendo el fallo de la Corte, el número de palestinos torturados bajó fuertemente, pero el uso de métodos prohibidos de interrogación, abusos y torturas continúa: “Israel debe proteger a sus ciudadanos contra ataques a sus vidas y propiedades. Sin embargo, no debe usar ´seguridad´ como una palabra mágica para justificar cualquier incumplimiento de los derechos humanos. Esto es inaceptable porque se ha demostrado que Israel usa la palabra para ocultar sus verdaderos objetivos y porque incluso en materia de seguridad, hay restricciones a las acciones israelíes. (…) Israel hace un uso cínico de la ley humanitaria internacional, cuyo objetivo es proteger a los civiles y apartarlos de las hostilidades”.
Con la Igualdad a otra parte
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, y que todos son sujetos de derecho y beneficiarios de las libertades especificados en la Declaración sin distinción de ningún tipo, tales como “raza, color, sexo, lenguaje, religión, política o de otra opinión, de origen nacional o social, propiedad y nacimiento”. La ley humanitaria internacional, que se aplica a situaciones de guerra y ocupación, también incorpora estos principios. Sin embargo, “en Cisjordania hay dos tipos sistemas legales distintos, que se aplican a las personas de acuerdo a su nacionalidad –uno para los palestinos y otro para los colonos israelíes-. Los palestinos viven bajo la ocupación y están sujetos a un régimen militar que les niega muchos de sus derechos. Los colonos, por el contrario, son considerados por el Estado como parte del Estado de Israel y, como tales, gozan de los mismos derechos que los ciudadanos del Estado”, explica B´Tselem en su informe.
Esta división se aplica a todas las áreas de la vida, y es implementada por todos los cuerpos del Estado, particularmente en la ciudad de Hebrón: “Por ejemplo, cuando los palestinos lastiman a los colonos, las autoridades realizan esfuerzos considerables, en algunos casos utilizando métodos ilegales, para perseguir a los agresores. Contrariamente, las mismas autoridades se restringen a la hora de proveer a los palestinos de la protección debida en contra de la agresión física y a su propiedad en mano de civiles israelíes, y en más de un caso las autoridades mismas han formado parte activa de ataques de este tipo”.
En el caso de Jerusalén Este, anexada luego de la Guerra de los Seis Días, las autoridades discriminan a los residentes palestinos en casi todas las áreas de la vida: educación, infraestructura, servicios municipales, desarrollo urbano, planificación y construcción, etc. Allí, como las autoridades no otorgan permisos de construcción, la población palestina se ve forzada a ampliar sus hogares sin autorización de la municipalidad. Finalmente, es este mismo argumento es el que se alega para efectuar las demoliciones en cuestión: en 2008, las autoridades tiraron abajo (literalmente) 89 residencias en Jerusalén Este, 24 más que en 2007.
Durante el último año, B´Tselem escribió a la policía demandando investigaciones en 78 casos específicos de violencia por parte de los colonos, que incluían instancias de amenaza, expulsión de la tierra, apedreadas, robos de ganado y siembra, quema y destrucción de campos, asesinato de animales de trabajo, rotura de ventanas y cámaras, disparos, daño y robo a la propiedad, agresiones con palos, entre otros. Sin embargo, todas las autoridades impidieron el desarrollo de la justicia: dificultando la presentación de demandas, negándose a recolectar evidencias o tomar testimonios a testigos, y casi nunca realizando arrestos. En los pocos casos en los que se investiga, generalmente los casos se cierran sin haberse presentado cargos contra los agresores. Un caso paradigmático en este sentido fue el de unos colonos filmados mientras golpeaban a granjeros palestinos en las colinas del sur de Hebrón. El hecho había sido capturado por un miembro de la familia agredida gracias a una cámara que le había provisto la propia B´Tselem.
Finalmente, y a propósito de la recurrente negativa de los gobiernos israelíes a detener la construcción de asentamientos en los territorios palestinos ocupados (fenómeno que no es exclusivo de la ultraderecha gobernante en este momento), el informe recuerda que su mera existencia “ha causado graves y prolongadas infracciones a los derechos humanos de los palestinos. Entre ellos, el derecho a la autodeterminación, el derecho a la igualdad, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de movimiento, y el derecho a una calidad de vida digna. Para impedir estas violaciones y entendiendo que el establecimiento de asentamientos viola inherentemente los derechos humanos, la ley humanitaria internacional impone una absoluta prohibición al establecimiento de asentamientos en territorios ocupados. Teniendo esto en cuenta, Israel debe evacuar los asentamientos y regresar a los colonos a territorio de soberanía israelí”.
Recuadro
Qué es B´tselem
B´Tselem es el Centro Israelí de Información sobre Derechos Humanos en los Territorios Ocupados. Ha luchado en pos de los Derechos Humanos en Cisjordania y Gaza durante dos décadas, lo que le ha valido reputación internacional como la principal y más confiable fuente de información para periodistas, investigadores y diplomáticos. Fundada en 1989 por un grupo de prominentes figuras públicas israelíes, B´Tselem combina investigación de gran calidad con estrategias de educación pública en la materia.
En tanto organización israelí, B´Tselem dice estar “comprometida con asegurar que nuestro propio país viva según los estándares éticos más altos. Promovemos la rendición de cuentas, el estado de derecho y el respeto universal por los derechos humanos. Al hacerlo, B´Tselem refuerza la base democrática de Israel y promueve la cultura de derechos humanos a nivel local”.
Su informe 2008 no incluye acciones llevadas a cabo por las autoridades palestinas hacia los residentes de los territorios ocupados. Organizaciones de derechos humanos palestinas e internacionales han documentado graves violaciones llevadas a cabo tanto por la Autoridad Palestina en Cisjordania como el gobierno de Hamas en la Franja de Gaza. Durante todo 2008, B´Teselem condenó estas acciones, pero en tanto organización israelí, aclaran, su misión principal es “asegurar que las autoridades israelíes respeten los derechos humanos y la ley internacional”.
