Cristina Fernández de Kirchner
“La Argentina, el segundo laboratorio de ensayo del Holocausto, da la bienvenida a la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas como un aporte invalorable a la defensa de la condición humana», dijo la senadora Cristina Fernández de Kirchner poco antes de firmar el texto.
La representante de Argentina afirmó que “la desaparición forzada tuvo antecedente del horror en el siglo XX que fue el Holocausto. Argentina fue también en el siglo XX un segundo laboratorio de ensayo de este tipo de prácticas: el terrorismo de Estado para implantar un modelo económico y social de exclusión».
Además, elogió la labor de las mujeres de Plaza de Mayo porque «son la memoria viviente» y sostuvo que se estaba viviendo «un gran día para la condición humana».
«La impunidad hiere la condición humana pero fundamentalmente crea las condiciones para que las mismas cosas vuelvan a suceder», advirtió la senadora, quien recordó que desde el 18 de septiembre pasado se desconoce el paradero de Jorge Julio López., testigo clave contra el represor Miguel Angel Etchecolatz.
Cristina de Kirchner dijo que la enorgullecía que la Argentina, junto a la «hermana» República de Francia, «sean grandes impulsoras» de esta convención. Asimismo, destacó que asistía «con mucho honor» a este acto de firma, al que consideró «un compromiso institucional, moral, político y generacional» y rememoró que su generación «fue la víctima propicia del terrorismo de Estado» que inició la dictadura militar argentina en 1976 .
Vásquez Ocampo
Con el pañuelo blanco en la cabeza que distingue a las luchadoras de Plaza de Mayo, Vásquez Ocampo dijo que esta Convención consagra los esfuerzos en favor de la verdad y la justicia y «nos ayudará a mantener viva la memoria».
Respecto a la larga lucha desde hace 25 años de los familiares de para lograr este documento, Vásquez afirmó: «Hemos alcanzado nuestro objetivo, éste será un día memorable».
Además, el momento más emotivo fue cuando dio las gracias «en nombre de todas las víctimas de las desapariciones».
También estuvieron presentes la responsable de la Alta Comisaría para los Derechos del Hombre de la ONU, Louise Arbour; el presidente de la Cruz Roja Internacional (CICR), Jakob Kellenberger; el fiscal del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo -que fuera uno de los fiscales en el juicio a las juntas militares de la última dictadura argentina-, entre otros.
Arbour y Kellenberger coincidieron en pedir a los Estados que “se esfuercen en ratificar a nivel nacional la Convención lo más rápidamente posible para que pueda entrar en vigor y acabar así con cualquier sentimiento de impunidad”, luego de 25 años de negociaciones para redactar la Convención.
El responsable del CICR puso énfasis en que los seres humanos requieren protecciones jurídicas y dijo que las desapariciones forzadas son una violación del derecho de las propias víctimas y de sus familiares.
Por su parte, la comisaria de derechos humanos de la ONU afirmó que la Convención reconoce que todas las víctimas y sus familiares podrán “saber la verdad” y advirtió a los Estados, sin mencionar expresamente a alguno, que recurren a los centros de detención ilegales.
Un grupo de trabajo de la ONU estableció que en 2005 se produjeron 535 nuevos casos de desapariciones forzadas en 22 países, mientras 41.000 siguen sin aclarar.
El tratado
La Convención establece como derecho absoluto el que nadie sea sometido a una desaparición forzada y define ésta como cualquier tipo de arresto, detención, secuestro u otra forma de privación de libertad de una persona por parte de funcionarios de un Estado o de particulares pero con apoyo estatal.
Cuando el texto entre en vigor, los países de la ONU deberán tomar medidas adecuadas para investigar los casos de desaparición y reformar sus legislaciones para que la práctica sea tipificada como un delito criminal.
La ratificación de al menos una veintena de países hará efectiva la entrada en vigor de este documento, que cuenta con 45 artículos.
Está previsto que se cree una comisión internacional integrada por diez personas cuya labor será hacer un seguimiento de la aplicación de la Convención en los diferentes países.
