El fallo otorgó legitimidad a una práctica utilizada rutinariamente por las fuerzas armadas israelíes contra los guerrilleros en los últimos seis años. La organización israelí de derechos humanos B’tselem estimó que 339 palestinos fueron muertos en esas operaciones en los últimos seis años. De ellos, 210 fueron los objetivos y el resto transeúntes.
Los tres jueces del tribunal fallaron por unanimidad que «no puede ser determinado de antemano que toda ejecución selectiva está prohibida por el derecho internacional», aunque destacó que la táctica no es necesariamente legal en todos los casos. Cada caso debe ser evaluado para determinar su legalidad, indicó el tribunal.
La decisión surgió a partir de que dos grupos activistas, el Comité Público contra la Tortura, en Israel y la Sociedad Palestina para la Protección de los Derechos Humanos y el Medio Ambiente pidieran al tribunal en el 2002 que prohibiera la práctica.
La Corte estableció que la lucha de Israel con organizaciones terroristas palestinas tiene las características de un conflicto armado internacional, y por eso debe regirse por las leyes internacionales.
El tribunal analizó en el fallo que los terroristas no entran en la definición legal de combatientes y deben ser considerados civiles. La Corte rechazó el argumento del poder ejecutivo de que existe una categoría llamada ‘combatiente ilegal’.
Sin embargo, el tribunal dijo que “para disfrutar de las protecciones internacionales, el civil debe abstenerse de tomar parte en las hostilidades”. Si un civil viola este principio “puede sufrir los mismos ataques que un combatiente, sin gozar de sus derechos, como el de ser prisionero de guerra”, aclaró el tribunal tripartito en un fallo sin precedentes internacionales.
