Derechos Humanos

La Fiscalía pidió la detención de 38 ex represores

Es por la megacausa del Primer Cuerpo de Ejército. Entre ellos se encuentran imputados Suárez Mason, Guglielminetti y Rufo. Hay incertidumbre, sin embargo, por lo que resolverá la Corte Suprema de Justicia, que no es garantía de seriedad jurídica ni idoneidad.

La Fiscalía Federal número seis pidió la detención de 38 militares retirados y agentes civiles del Primer Cuerpo de Ejército, acusados de violaciones a los Derechos Humanos. Se trata de ex represores que en los años ´80 y ´90 habían sido beneficiados con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, o indultos presidenciales.
La lista de los requeridos por los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado está encabezada por quien fuera comandante de la principal guarnición militar del país, el ex general Carlos Guillermo Suárez Mason -ya detenido en otras causas-, e incluye a los ex agentes civiles de inteligencia Raúl Guglielminetti, Eduardo Ruffo, y Osvaldo Forese.
En el requerimiento que elevaron a la jueza federal María Servini de Cubría en el marco de la conocida como ‘causa 450’, reabierta el lunes 1 de septiembre pasado por la Cámara Federal, los fiscales solicitaron que “se retrotraiga la situación al momento en que se paralizaron las causas”, por la promulgación de las controvertidas de amnistía dictadas por el Gobierno de Raúl Alfonsín (1983/89).
Como el Gobierno nacional recientemente promulgó la ley 25.779 de anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, ahora a los que estaban detenidos en 1987 según los fiscales “corresponde retrotraerlos a ese momento procesal disponiendo su nuevo encarcelamiento” para “regularizar” sus situaciones.
Para quienes fueron objeto de los indultos en 1989 y 1990 del entonces presidente Carlos Menem -como es el caso del ex procesado ‘Pajarito’ Suarez Mason-, los fiscales consideraron que esa “dispensa no puede incluir aquellos hechos que cometidos durante el ejercicio de su comando no les fueron impuestos en aquella oportunidad”.
Del total de los 38 militares y agentes acusados por la fiscalía hay, al menos, dos muertos: el civil Aníbal Gordon, quien en los años ´70 integrara la organización parapolicial Triple “A” y luego se sumó a la represión ilegal de la dictadura, y el general Otto Paladino, ex jefe de la SIDE durante el régimen de facto de Jorge Rafafel Videla.
Otros miembros de la lista, como el ex policía Juan Antonio del Cerro, ‘Colores’, y el general (r) Juan Bautista Sasiain están detenidos en el marco de otras causas sobre violaciones a los derechos humanos en la dictadura.
Además de esta causa desarchivada por la Cámara Federal, ese tribunal también reabrió la conocida como ‘causa 761’, sobre los crímenes cometidos en la ESMA, que quedó a cargo del juez federal Sergio Torres y el fiscal Eduardo Taiano.