Algunas cláusulas del decreto firmado el 24 de septiembre del 2001, que facilita al presidente calificar a 27 grupos e individuos como «terroristas globales especialmente designados», son demasiado imprecisas y podrían violar el derecho constitucional a la libre asociación, expresó la jueza de distrito Audrey Collins.
El decreto le dio al presidente una «discreción irrestricta» para etiquetar a grupos sin darles una vía para desafiar las designaciones, informó la jueza en un fallo del 21 de noviembre hecho público el martes 28.
La juez, quien dos años atrás invalidó partes de la Ley Antiterrorista conocida como «Patriot Act» o «Ley Patriota», rechazó varias secciones de la Orden Ejecutiva 13224 de Bush y prohibió que el gobierno bloqueara los activos de dos grupos extranjeros.
Sin embargo, mantuvo secciones que penalizarían a aquellos que proporcionen «servicios» para grupos terroristas designados como tales.
Dijo que dichos servicios incluirían entrenamiento en ayuda humanitaria y entrenamiento en derechos.
El fallo fue aplaudido por David Cole, abogado del Centro de Derechos Constitucionales con sede en Washington, que representaba al Proyecto de Ley Humanitaria.
«Dice que aún en la lucha contra el terrorismo el presidente no puede tener carta blanca para poner en una lista negra a cualquiera que considere un ente maligno, individuo o grupo, y no se puede implicar por asociación», informó Cole.
