Las amenazas telefónicas recibidas por el fiscal Alberto Nisman, que hace un mes acusó a ex gobernantes de Irán por su presunta responsabilidad en el atentado contra la mutual judía de Buenos Aires, la AMIA en 1994, agravan un problema internacional de dimensiones para el país.
De hecho, las intimidaciones grabadas en el contestador telefónico de Nisman por un hombre, exigiéndole abandonar la investigación y amenazándolo de muerte, fueron simultáneas a la difusión periodística de que Estados Unidos usará su pedido de captura internacional instruido por él -y avalado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral- contra las máximas autoridades que gobernaban la República Islámica de Irán en 1993, en su ofensiva internacional para sancionar los planes nucleares del régimen de Teherán.
La información apareció en la influyente publicación progresista judía de Nueva York, Forward y la confirmaron al diario Clarín fuentes del Departamento de Estado.
De hecho, no era un misterio que el dictamen de la justicia argentina había agradado al gobierno de George W. Bush. Su vocero, Tony Snow, había hecho público su beneplácito: “Aplaudimos al sistema judicial de Argentina por su tenaz persecución de justicia contra los perpetradores de este terrible ataque y estamos listos para apoyar el proceso acusatorio de cualquier modo que podamos”, dijo Snow el 11 de noviembre mediante un comunicado en el que instó “a todos los gobiernos a apoyar al gobierno argentino.”
La Casa Blanca aprovechó la oportunidad para recordar que “Hizbolá e Irán siguen siendo un nexo global y peligroso del terrorismo. Como el primer Estado patrocinante del terrorismo, Irán es responsable de las muertes de cientos de civiles inocentes alrededor del planeta. Su apoyo financiero y militar a Hizbolá le ha permitido al grupo generar violencia en todo el mundo.”
Como era de esperar, el gobierno de Teherán reaccionó con extrema dureza ante los pedidos de captura y descalificó por “corrupto” al sistema judicial argentino. Para el vocero de la Cancillería iraní, Mohamad Ali Hosseini, la sentencia “es un complot sionista-estadunidense con el propósito de debilitar a Irán en su dossier nuclear”.
En concreto, el 25 de octubre Nisman acusó de ordenar y planear el ataque suicida de Buenos Aires nada menos que al presidente de Irán entre 1989 y 1997, Alí Askbar Rafsanjani, a su canciller Alí Akbar Velayatí, y al ministro de Información y Seguridad, Alí Fallahijan. Además de otros tres iraníes y un libanés, el fiscal acusó al embajador iraní en Argentina, Hadi Solemainpour, a quien Gran Bretaña se negó a extraditar hace tres años por encontrar insolvente la actuación judicial en su contra.
Pero la previsible crítica del gobierno iraní no fue la única que cayó contra Nisman, el titular de la Fiscalía especial creada por el procurador general de la Nación hace tres años para colaborar con la investigación judicial del atentado. Su pedido de captura a Interpol levantó un polvaderal diplomático y un escándalo que amenaza con devorárselo, fronteras adentro. Es que la investigación del atentado contra la Asociación Mutual Israelita de Argentina en el barrio porteño de Once que, el 18 de julio de 1994 mató a 85 personas y dejó a centenares heridas ha terminado con la carrera de todos los que la tuvieron a su cargo.
Cuando Teherán denuncia corrupción no lo hace en vano: la causa AMIA suma 113,600 fojas y ninguna prueba concreta que avale las últimas medidas.
El primer juez a cargo de la causa, Juan José Galeano, fue destituido por la enorme cantidad de irregularidades detectadas en la instrucción que incluyó, entre otras, el pago de cientos de miles de dólares por falsos testimonios y filmaciones así como escuchas ilegales que terminaron con la absolución de un grupo de policías y reducidores ilegales de autos, integrantes supuestos de la “conexión local” del ataque. También les costó la carrera a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, quienes enfrentan procesos judiciales por sus desempeños en la misma causa.
Con estos antecedentes, Canicoba Corral, el juez designado después de Galeano, delegó la instrucción de la investigación en Nisman y avaló hace algunas semanas su dictamen de 801 páginas acusando nuevamente (ya lo había hecho Galeano) a las antiguas autoridades de Irán y calificando el atentado como “crimen de lesa humanidad”. Lo que significa que no prescribe jamás.
Pero la acusación -y esto es lo que la mayoría de los analistas han criticado- se basa únicamente en el testimonio de disidentes iraníes y en informes de inteligencia de la CIA estadunidense, del Mossad israelí y, en menor medida, de la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) argentina.
Pasados doce infructuosos años, la hipótesis sobre la autoría que sigue en pie es la instalada la misma noche del atentado por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos e Israel.
La única novedad que introdujo Nisman es sobre las razones del ataque. Si hasta ahora se especuló con una represalia por el envío de tropas argentinas al Golfo Pérsico, Nisman cree que se debió al supuesto incumplimiento del entonces gobierno de Carlos Menem de ayudar a Teherán a desarrollar un plan nuclear secreto.
En su dictamen, Nisman explicó: “La elección de este atentado se realizó en una reunión de seguridad máxima del Estado, bajo la presidencia de Rafsanjani el sábado 14 de agosto de 1993. En esa reunión estaban presentes los profesionales militares y miembros fijos de la alta seguridad”.
La máxima autoridad de Irán en Argentina es el encargado de negocios Moshen Baharvand, un cargo de segunda categoría que es el que ambos países mantienen mutuamente y que muestra la endebles del vínculo diplomático entre Teherán y Buenos Aires desde hace más de una década. Baharvand pidió una reunión con Canicoba Corral y dijo, en una entrevista con Clarín, que tenía documentos que desactivarían las acusaciones contra su país.
El involuntario acercamiento entre Argentina y EU por el rumbo que ha tomado la investigación y el uso que Washington pretende hacer de ella, le permite al presidente Néstor Kirchner alejarse coyunturalmente del presidente venezolano Hugo Chávez, aliado de Irán en Latinoamérica, que fuera tan entusiastamente apoyado por el brasileño Lula da Silva.
Brasil es el natural competidor de Argentina por el liderazgo regional y los avatares de la política local e internacional le permiten a Kirchner cierto ejercicio de la moderación muy valorada en Estados Unidos y, está por verse, entre sus gobernados, justo en las preliminares de un año electoral.
