Hoy 24 de octubre de 2006 se celebró una nueva audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso del atentado a la sede de la AMIA. De la audiencia participaron representantes de los peticionarios del caso, Memoria Activa, CELS y CEJIL, y del gobierno. La audiencia fue convocada por la CIDH para analizar el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por Argentina, después de que el Estado reconoció formalmente la responsabilidad internacional por la falta de prevención del atentado a la sede de la AMIA y por las graves y deliberadas irregularidades cometidas durante la investigación judicial y se comprometió a impulsar una serie de medidas. A un año del reconocimiento de responsabilidad y a más de 12 años de ocurrida la masacre, los peticionarios reconocieron los avances conseguidos pero destacaron que el cumplimiento del compromiso todavía es parcial.
En sus presentaciones, Diana Malamud y el abogado Pablo Jacoby, de Memoria Activa, reconocieron los progresos obtenidos en la causa en que se investiga el encubrimiento del atentado a la sede de la AMIA. Sostuvieron que las facultades para querellar otorgadas a la Unidad Especial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y su destacada labor, habían conducido al procesamiento, por parte del juez federal Dr. Ariel Lijo, de algunos de los principales responsables -entre ellos el ex secretario de inteligencia Hugo Anzorreguy, el ex juez Juan José Galeano, los ex fiscales José Barbaccia y Eamon Mullen, el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja y el último poseedor de la camioneta Trafic que explotara en la AMIA, Carlos Alberto Telleldín-.
Sin embargo, Malamud fue enfática al solicitarle a la CIDH que continúe monitoreando el caso pues varios compromisos asumidos ante la Comisión por el Estado argentino aún no se han cumplido. Según Malamud es preciso que “la Comisión emita un mensaje claro hacia el Estado argentino para que cumpla con la totalidad de los compromisos que asumió”. Agregó que “el Estado aún debe encontrar la manera de remover aquellos obstáculos que todavía existen y remarco como la principal obligación aún pendiente la del esclarecimiento del atentado. Si bien La Unidad Fiscal que lleva adelante la investigación del atentado ha realizado una eficiente tarea de sistematización de información, aún hoy no ha arribado a resultados concretos sobre las responsabilidades materiales e intelectuales del hecho”.
Asimismo, los peticionarios expresaron que no se han demostrado avances en la reforma a la ley de inteligencia que tiene como objeto transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia y facilitar el acceso a la información de inteligencia por parte de los jueces en investigaciones vinculadas con hechos de terrorismo. Del mismo modo, si bien se ha presentado una propuesta para la creación de un Unidad especializada en catástrofes y un plan de contingencia, no se ha definido el marco para implementar este proyecto de manera concreta.
Finalmente, el Comisionado Florentín Meléndez manifestó que la Comisión “está evaluando realizar una visita de trabajo a la Argentina en el mes de diciembre, oportunidad en la cual se evaluarán los puntos aún pendientes de cumplimiento”.
