En la que se considera la primera consecuencia judicial de la anulación de las leyes de impunidad por el Parlamento argentino, la Cámara Federal de Buenos Aires ordenó la reapertura de dos importantes causas por violaciones de los Derechos Humanos durante la última dictadura (1976-83) que involucran a la mayoría de los militares reclamados por el juez Baltasar Garzón y actualmente detenidos. Unos 70 represores en total pueden ser otra vez procesados en el marco de las investigaciones de lo ocurrido en el Primer Cuerpo del Ejército y la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el centro clandestino de detención por el que pasaron unas 5.000 personas.
Los jueces federales Sergio Torres y María Servini de Cubría quedaron a cargo de las causas número 450 y 761 y ya están en condiciones de detener a los militares en su momento beneficiados por las leyes de obediencia debida y punto final. No se descarta que ahora suceda algo insólito: que nada más ser liberados por el juez federal Raúl Canicoba Corral -ante la negativa del Gobierno español a reclamar su extradición, como pide Garzón-, casi de inmediato vuelvan a ser arrestados por las causas reabiertas. O sea, salir por una puerta para tratar de que entren por la otra.
La Cámara Federal fue la que en 1985 condenó a cadena perpetua a los dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. El año pasado, su Sala Segunda convalidó un dictamen del juez Gabriel Cavallo que había declarado inconstitucionales las leyes de impunidad. Con esta nueva decisión, emite un claro mensaje a un Tribunal Supremo que demoró su pronunciamiento sobre la validez de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final mucho antes de que tomara cartas sobre el asunto el Parlamento.
La causa de la ESMA, que involucra a Massera y a oficiales símbolos de la represión como Jorge “El Tigre” Acosta y Alfredo Astiz (el “Ángel de la muerte”) consta de 78 tomos con elementos que, en 1987 (cuando fue congelado), ya contenían elementos de prueba contundentes.
La otra causa, la 450, cerraría el cerco, otra vez, alrededor de policías, parapolicías y militares que eludieron la justicia 16 años atrás.
Entre ellos está el general Antonio Domingo Bussi, ex comandante del Primer Cuerpo del Ejército entre diciembre de 1980 y diciembre de 1981.
Pero la decisión de la Cámara Federal, que en su día convalidó un fallo del año 2001 que declaró ilegales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, afecta también a otros reclamados por Garzón como Eduardo Massera y Carlos Suárez Mason.
A contramarcha de los fuertes reclamos que volvieron a oponer las organizaciones de Derechos Humanos en Argentina, los represores -por ahora- vuelven a ver la luz.
