Por lo que ha demostrado hasta ahora, la política del gobierno que preside Néstor Kirchner (cuyo objetivo declarado es “hacer de Argentina un país serio”), tiene dos ejes principales: purificar y normalizar las instituciones de la República y relanzar la economía. Para lo primero necesita básicamente hacer cumplir las leyes; para lo segundo, renegociar la deuda externa en condiciones que le permitan invertir excedentes de presupuesto en la producción, realizar una reforma fiscal y conseguir que las compañías internacionales radicadas en el país acepten las regulaciones, controles y tasas de ganancia normales en, justamente, los países serios.
Se suele acusar al gobierno -generalmente desde el temor de verlo fracasar- de “abrir demasiados frentes a la vez”, en alusión al descabezamiento de la cúpula de las fuerzas armadas y a su insistencia en la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (1); al impulso para renovar la Corte Suprema; a la intervención de la obra social para jubilados (PAMI); a su dureza en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional por la deuda externa; a su decisión de renegociar todos los contratos establecidos con las compañías transnacionales (61 en total) que adquirieron las empresas del Estado en la década de los ’90.
Conociendo la historia argentina, esas aprensiones están plenamente justificadas, sobre todo si se considera que Kirchner no representa, ni muchísimo menos, el talante general de su partido, el Justicialista (peronista), que lo eligió como su candidato y que debería ser su base natural de apoyo. El justicialismo es, hoy por hoy, una mafia política más como casi todas las que pululan en Argentina, que no tuvo otro remedio que elegir a un remoto líder patagónico (Kirchner era gobernador de la provincia de Santa Cruz) como su oferta ante la ciudadanía para la presidencia de la República, debido a que a casi todos los demás les cabían las generales de la ley no escrita que reclamaba la sociedad argentina desde diciembre de 2001, cuando se movilizó espontáneamente para derrocar al estólido y reaccionario presidente Fernando de la Rúa: ‘que se vayan todos’.
Pero esas aprensiones ignoran o dejan de lado lo esencial: que la corrupción, la ineficiencia, el clientelismo y los malos hábitos son tan generales y profundos (2), que para transformar al país no hay otro remedio que enfrentar todos los problemas a la vez, porque están imbricados. Por ejemplo, sería imposible acabar con la corrupción sin cambiar la composición actual de la Corte Suprema y luego desplazar a una buena cantidad de jueces: el Poder Judicial argentino está controlado por una minoría de jueces íntimamente relacionados, política y económicamente, con todos los gobiernos que se sucedieron desde 1976 y con las corporaciones que sacaron provecho de sus políticas económicas y de la corrupción. Vale la pena citar en este punto a un corresponsal extranjero, en un artículo que se refiere a la falta de esclarecimiento y la impunidad en que aún permanecen los autores del atentado a una importante asociación judía (AMIA), en julio de 1994, en el que murieron 85 personas y decenas resultaron heridas: ‘Este no es un problema ‘judío’. El caso es simplemente un gran ejemplo del fracaso de Argentina como Estado. El colapso financiero de 2002 es consecuencia directa de esto, cuando la corrupción corporativa no fue controlada por un igualmente corrupto sistema judicial’ (3).
En búsqueda de apoyo político
Y es así con casi todos los problemas, en casi todos los niveles. De modo que Kirchner y su gente no tienen otro camino que seguir apostando al apoyo de una ciudadanía en estado de alerta desde diciembre de 2001 y a conformar, con el tiempo, una ‘masa crítica’ de apoyo político propio. En este sentido, los meses que van de aquí a las elecciones legislativas y de gobernadores, previstas para el próximo noviembre, son decisivos. En este periodo habrá varias elecciones en distritos clave, a comenzar -el domingo 24 de agosto- por el estratégico gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el tercer presupuesto del país, después del Estado Nacional y la provincia de Buenos Aires. De la manera en que se renueven las autoridades en municipalidades, provincias y por último en el Congreso nacional, dependerá en buena medida el éxito o el fracaso del gobierno Kirchner, cuya intención de armar una fuerza política ‘transversal’ parece evidente: en Buenos Aires apoya a Aníbal Ibarra, el actual Jefe de gobierno, a pesar de que su propio partido apoya a Mauricio Macri, un empresario multimillonario que realizó pingüe negocios con el gobierno de Carlos Menem y así en la mayor parte de los distritos electorales.
Es necesario tener en cuenta que, fuera del Poder Ejecutivo Nacional, en todo el país las autoridades siguen siendo las mismas que fueron masivamente repudiadas por la población en diciembre de 2001. Si la Cámara de Diputados de la Nación votó hace una semana por la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fue porque la mayoría de esos diputados no tiene otro remedio que ‘sintonizar’ con la política del Poder Ejecutivo, dado el desprestigio en que han caído. Pero se trata, con las honrosas excepciones de rigor, de los mismos desvergonzados que sirvieron a Carlos Menem y que ignoraron durante largo tiempo los pronunciamientos jurídicos sobre la inconstitucionalidad de esas mismas leyes. Si la composición del Congreso y demás autoridades no cambia favorablemente para Kirchner, esa misma gente se volverá en su contra en cuanto detecte que el gobierno comienza a perder la confianza de la población o que ésta se desmoviliza.
Es en este delicado contexto que deben analizarse las actitudes del vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli, y las fricciones que éstas han provocado dentro del equipo de gobierno. En el caótico contexto de la ‘interna’ del Partido Justicialista antes de las elecciones presidenciales (no se realizó un Congreso por falta de acuerdo entre las diferentes mafias internas y, en última instancia, ante el temor de un enfrentamiento armado, como ha ocurrido otras veces en el peronismo), Scioli fue una suerte de concesión de Kirchner a su partido, al que en ese momento necesitaba mucho más que ahora. Deportista de renombre internacional metido a político por esas cosas de la política mediática moderna, que hace del músculo y la fama atributos que antes se concedían a la inteligencia, la formación, la honestidad y el trabajo, Scioli era el más ‘neutro’ de los personajes que el partido estaba en condiciones de ofrecer: aunque había tenido estrechas relaciones con el menemismo, al menos no ostentaba el frondoso prontuario político (cuando no judicial) de la mayoría de sus correligionarios.
En cualquier caso, Argentina tiene ahora, en pleno proceso de renovación kirchnerista, a un joven representante de la vieja política instalado en el segundo cargo más importante del país. Como Vicepresidente de la República, Scioli es el primero en la sucesión, razón por la que su inusitado protagonismo -los vicepresidentes argentinos suelen tener perfil muy bajo- llama poderosamente la atención. Sobre todo porque el Vicepresidente parece empeñado en desmarcarse de la política oficial: en la última semana, criticó la intención oficial de derogar las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y, en una reunión con empresarios, anunció que las tarifas de las empresas privatizadas serían aumentadas en breve. En cualquier país normal, esas declaraciones de un Vicepresidente podrían considerarse como diferencias de puntos de vista propias de un equipo de gente inteligente ante problemas complejos. Pero se trata de la Argentina de hoy y de dos de los asuntos clave, un político y otro económico, de la estrategia del gobierno. Nadie ignora que hacer de Argentina “un país serio” pasa por que la ley se aplique a todos por igual y por que la corporación empresaria aprenda a cumplir con sus obligaciones y a obtener ganancias normales brindando buenos productos y servicios y no mediante componendas con las autoridades. Scioli está disparando contra la línea de flotación del gobierno en el momento quizá más delicado de la travesía y, así como Kirchner trata de lograr apoyo político entre la ciudadanía, Scioli parece intentar lo mismo, pero entre las corporaciones.
Parece evidente que los problemas argentinos siguen lejos de un curso de aguas tranquilas, aunque hasta ahora la decidida actitud del gobierno ha conseguido si no solucionar la más grave crisis de la historia argentina, al menos cambiar el estado de ánimo de la opinión pública, que pasó del escepticismo absoluto de hace unos meses, a un moderado optimismo. La clave sigue siendo la participación ciudadana: no habrá “país serio” hasta que los trabajadores no recuperen sus sindicatos de las burocracias y las bases de los partidos políticos no consigan desplazar a una dirigencia corrupta e ineficaz; hasta que, en definitiva, la sociedad argentina no cambie su cultura actual de la especulación y la componenda por otra, de trabajo y servicio a la comunidad. Un largo y difícil proceso, que apenas intenta comenzar.
