Apenas iniciada la sesión, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto enviado por el Ejecutivo, que otorga rango constitucional a la Convención Internacional sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.
La ratificación del tratado de las Naciones Unidas de 1968 es otro mensaje político hacia la Corte Suprema de Justicia, que desde hace dos años tiene en estudio la constitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Si la Corte declarara inválidas esas cuestionadas leyes se podrían reabrir los juicios contra los militares acusados de cometer crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.
Extradiciones
La validez de estas leyes volvió al centro del debate a partir de la decisión del Presidente Néstor Kirchner, de derogar un decreto que rechazaba automáticamente cualquier pedido de extradición para los ex militares. Esta decisión se aceleró por la reciente detención de ex represores a petición del juez español Baltasar Garzón, quien procesó, y pretende juzgar en Madrid, a 46 ciudadanos argentinos por los delitos de genocidio, terrorismo de Estado y torturas a presos políticos.
Sin embargo, la intención del Gobierno argentino es que los ex militares acusados sean juzgados en Argentina, para lo que se necesita que la Corte declare inválidas las leyes del perdón.
