La declaración de “nulidad absoluta” de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida se trata de un nuevo paso en la lucha que los organismos de Derechos Humanos mantienen desde hace años para que los crímenes de lesa humanidad cometidos, en Argentina, durante la última dictadura (1976-1983) no queden impunes.
Los diputados acompañaron la declaración de nulidad con la aprobación del rango constitucional para la Convención de la ONU sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, ratificada por el presidente Néstor Kirchner el día anterior.
La noticia causó grandes festejos en el país entre los simpatizantes de los organismos de Derechos Humanos y militantes. Cabe informar, también, que esta decisión -de terminar de ratificarse en el Senado- cierre la posibilidad de que Argentina acepte las solicitudes de extradición interpuestas por países europeos y, próximamente Israel, y los represores sean juzgados en el país.
Para convertirse en ley, la anulación de las leyes del Punto Final y la Obediencia Debida deberá ser aprobada ahora en el Senado. Aún no hay certeza sobre la decisión que se tomará en la Cámara Alta.
Un poco de historia
Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron aprobadas durante la presidencia del radical Raúl Alfonsín (1983-1989) y significaron el cierre de un millar de juicios que estaban en marcha contra ex represores acusados de violaciones de los Derechos Humanos durante la dictadura militar.
La Ley de Punto Final, sancionada el 23 de diciembre de 1986, decretaba «el final de la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983», día en que retornó la Democracia.
La Ley de Obediencia Debida, firmada el 4 de junio de 1987, absolvía a los militares de rango intermedio y menor, lo que dio lugar al desprocesamiento de la mayor parte de los oficiales y suboficiales involucrados en la represión porque se consideró que «obraban bajo subordinación de sus superiores».
Años después, en 1990, Menem indultó a los ex comandantes que habían sido condenados en 1985 por la Cámara Federal de Buenos Aires en el histórico Juicio a las Juntas. Además, benefició a los ex jefes de la agrupación guerrillera Montoneros vinculados, en los ´70 al partido peronista.
Contra el “corralito político”
En el diario ABC de España, el colega Francisco de Andrés, a la distancia, produjo la siguiente reflexión relacionando la nueva visión acerca del tema de los Derechos Humanos con su futuro político:
“La decisión del nuevo gobierno peronista, de derribar el tinglado erigido por sus antecesores para dar cobertura a más de 2.000 presuntos criminales de los años de la dictadura, no debe desligarse de los esfuerzos del presidente Kirchner por alcanzar un acuerdo histórico con el Fondo Monetario Internacional. Ajustar cuentas con el pasado, aún omnipresente en el alma argentina, es también hacerlo con el futuro, y no sólo en el terreno contable. Las vergonzantes leyes de Punto Final y de Obediencia Debida dictadas por el radical Alfonsín en la década de los ochenta, aliñadas con los indultos otorgados por el peronista Menem en los noventa, condujeron a la Argentina al “corralito” de los Derechos Humanos mucho antes de que asomara el financiero. La impunidad de unos -tanto terroristas como represores- sirvió para la impunidad de otros, los que decidieron congelar los ahorros de los desheredados de la Argentina.
Con el anuncio de que los delitos de lesa humanidad no prescriben nunca, el nuevo gobierno argentino no busca alimentar la popularidad de ningún juez estrella, sino recuperar su puesto institucional en el conjunto de los países más desarrollados.
Que esta tarea, junto a la reconciliación con los organismos financieros internacionales -el secreto mejor guardado de la campaña electoral de Kirchner- figuren en el mascarón de proa de un Gobierno peronista no debe crear ninguna sorpresa. Entre otras razones porque si no las realiza un gobierno justicialista, no las logrará ninguno de cualquier otro signo político. El peronismo de los “descamisados” y el de la bronca sindical es una antigualla, y el que alimenta hoy un sano patriotismo pasa necesariamente por el ajuste, tanto jurídico como financiero. El peronismo no es un movimiento, es un sentimiento. Y el sentimiento está hoy abrumadoramente con Kirchner”.
