Las manifestaciones de oposición a la política gubernamental tienen un valioso sentido ético, un llamado de advertencia ante el cotidiano avasallamiento de la democracia, pero, a medida que transcurren lo días, el giro político deja de ser una nube oscura: llueven, ya, las proclamas y decretos. No se trata de un diluvio: el gobierno -acosado por las marchas y manifestaciones- cambió de táctica. En lugar de su inicial aluvión, opera con breves pero constantes precipitaciones. La insistente ofensiva contra el poder judicial se complementa con restricciones a la educación estatal laica, incremento de apoyo presupuestario a los marcos escolares ortodoxos, reducción de la actividad cultural pluralista, aumento de las expresiones de fundamentalismo religioso en la esfera pública.
La protesta democrática es marcada como insurgente: Simja Rotman, del Partido “Sionismo Religioso”, que lidera en el ámbito parlamentario el proyecto de reforma judicial, declaró que los colonos que -en actos de venganza- incendian viviendas de árabes en los territorios ocupados, “no son peores” que los manifestantes contra el Gobierno. Pindrus, miembro de la Knesset por el partido “Bandera de la Biblia”, aseveró ante las marchas por la equidad de género que la comunidad LGBT es un enemigo “como el Hamás”…
El candidato predilecto del partido “Potencia Judía” para ocupar la jefatura policial es un oficial que afirma un replanteo del derecho de manifestación “porque la voluntad se tiene que expresar sólo en las urnas, no en las calles”.
La postergación del reclamo gubernamental para la aprobación parlamentaria de la reforma judicial no impide el arrollador avance autocrático en otros planos.
Una reforma que facilita, entre otras cosas, el proyecto de anexar definitivamente los territorios palestinos administrados por el Ejército. Una reforma que amplía la “Ley de Estado-Nación” (“Jok Medinat-Haleóm”) dictada por el gobierno de Netanyahu en su anterior gestión, en julio de 2018. La política de anexión territorial permanente tiene como columnas de apoyo la futura Ley de Reforma del Sistema Judicial y la anterior “Ley de Estado-Nación”: sin tal legislación, la derecha carece de herramientas supuestamente honestas para instalar la soberanía israelí en las zonas ocupadas hace 55 años. Si bien Israel se destaca por su capacidad inventiva, la destrucción de la democracia liberal, y su reemplazo por una democracia estrecha y absolutamente formal, no tiene patente israelí. La reforma, por lo menos en instancias preliminares, no abolirá el mecanismo electoral. Habrá mayor censura, pero no un cierre hermético de la prensa independiente.
La derecha israelí se inspira en las estrategias gubernamentales practicadas en Hungría y Rusia. Un retorno de Donald Trump a la presidencia en los EE.UU. legitimaría las tendencias autoritarias del proyecto triangular: Ley de Nacionalidad, Reforma Judicial y Anexión Territorial.
Si el ultra conservadurismo populista ya tiene aliados en el exterior, llegó la hora de hacerle frente con alianzas, también globales, por una sociedad israelí abierta, plural y auténticamente democrática.
