La nueva ley fue votada en un debate muy caliente en el que todos los partidos de la oposición la calificaron de «racista» e «inhumana».
En la sesión final, el texto fue aprobado por 53 votos a favor, 25 en contra y 1 abstención.
Desde 1948, los matrimonios entre árabes-israelíes y palestinos han supuesto la nacionalización de unas 100.000 personas, a un ritmo que, año tras año, va en aumento.
Al supuesto «peligro contra la mayoría judía», el gobierno de derecha de Ariel Sharón añadió otro: el financiero. Muchos árabes-israelíes se casan con hasta cuatro palestinas, según lo autorizan los preceptos islámicos, y sus hijos reciben automáticamente la nacionalidad por lo que se les permite reclamar la ayuda mensual que el Estado concede por cada hijo, que para familias de ocho o nueve hijos puede superar los 1.000 euros mensuales.
Avrahan Poraz, Ministro del Iterior, defendió la posición del gobierno argumentando que las circunstancias actuales imponen «un cierto control».
Los partidarios de la legislación, que en la práctica obliga a salir de Israel a los matrimonios entre palestinos e israelíes si quieren convivir bajo el mismo techo, la calificaron de baluarte necesario contra la infiltración de terroristas.
“Estamos en estado de guerra”
«Estamos en un estado de guerra, pero no contra los ingleses, los norteamericanos, los holandeses o los eslovacos, sino con nuestros vecinos, los palestinos», expresó Gideon Sa´ar, del mayoritario partido de derecha Likud, ante el Parlamento durante el debate previo a la votación.
Los impulsores de la ley la definieron, además, como un recurso para preservar la mayoría judía de Israel, donde un 20 por ciento de la población está conformada por árabes-israelíes.
De acuerdo con un programa de unidad familiar, luego de ocupar Cisjordania y la Franja de Gaza -en la Guerra de los Seis Días- Israel permitió que los israelíes que contraían matrimonio con residentes de esos territorios ocupados, solicitaran permiso de residencia -en Israel- para sus cónyuges.
El año pasado, el gobierno israelí suspendió el otorgamiento de esos pedidos. La acción parlamentaria de ayer, que en efecto convierte en ley esa suspensión, expirará después de un año si no es renovada por la Kneset.
