El proyecto, que contó con el aval del bloque oficialista, fue aprobado en general por 42 votos a favor y 17 en contra, luego de una extenuante sesión que finalizó poco antes de la 1.30 de la madrugada. Mostraron su oposición a la iniciativa los representantes de la UCR, el socialismo y algunos partidos provinciales.
Para la aprobación de la norma se preveía que el oficialismo no iba a tener dificultades en imponer la mayoría que ostenta en la Cámara alta, a pesar de que el radicalismo había adelantado que votaría en contra, al igual que los justicialistas disidentes y los partidos minoritarios.
La reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) fue prometida por todos los gobiernos desde la modificación constitucional de hace 12 años, pero nunca fue sancionada por el temor a una autolimitación en el ejercicio del poder.
A partir de la sanción de esta norma, todos los DNU que firme el Presidente de la Nación deberán ser ratificados o rechazados por el Congreso, pero el dictamen puesto en consideración establece que los decretos quedarán vigentes en los casos en los que no exista un pronunciamiento parlamentario.
Por este motivo, la oposición considera que no habrá cambios sustanciales respecto de la situación actual, ya que al oficialismo le bastará dejar sin tratamiento los DNU, desde su mayoría parlamentaria en el Congreso, para que los decretos mantengan su validez.
La sesión fue monopolizada durante sus iniciales dos horas y media por la intervención de la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Cristina Fernández de Kirchner, quien actuó como miembro informante del proyecto.
En una inusual por lo extensa intervención, la primera dama buscó exponer, siempre en tono irónico, las contradicciones en las que incurrieron referentes de la oposición que se pronunciaron sobre el tema, y demostrar que todos los gobiernos han recurrido a los decretos de necesidad y urgencia para gobernar.
Los diputados Elisa Carrió y Jorge Vanossi, y el senador Rubén Giustiniani fueron algunos de los blancos elegidos por Cristina Kirchner, aunque el mayor peso de sus críticas volvió a recaer en los medios de comunicación, a los que denominó «la otra oposición», otra vez, con particular énfasis en el diario ‘La Nación’.
El titular de la bancada radical, el mendocino Ernesto Sanz, sostuvo que «con esta ley el Presidente va a seguir gobernando con Decretos de Necesidad y Urgencia. Esto no lo resuelve la ley, sino la concepción que tiene de los DNU este gobierno, y es contraria a la Constitución Nacional y al espíritu de la reforma de 1994», sostuvo Sanz, y agregó que «con este proyecto, el Presidente se convierte en un co-legislador».
